dimecres, 27 de juny de 2012

Hay una realidad social y hay unas leyes, que si se tienen que adecuar a la actividad de los clubes sociales de cannabis


El viceconsejero de Seguridad, Miguen Buen, ha pedido que los órganos legisladores competentes "clarifiquen" si la actividad de los clubes sociales del cannabis puede o no ser constitutiva de delito, tras subrayar que se trata de una "realidad social" en la que se involucran más de 5.000 personas en Euskadi. Miguel ha ofrecido la visión del Departamento de Interior sobre estos locales y su posible regulación.

Tras intervenir, ha respondido a preguntas de los periodistas para explicar que el Departamento "está sujeto al imperio de la ley" y, en este caso, ha dicho que está claro que el consumo privado de cannabis no es delito, pero sí lo es el consumo público, así como su transporte y cultivo.
Ha indicado que los órganos competentes deberían "clarificar" la legalidad o no de aspectos como la actividad de los clubes sociales del cannabis, más de 50 en Euskadi y en los que participan 5.000 personas.

"Hay una realidad social y hay unas leyes, que si se tienen que adecuar a ella, en el sentido de legalizar el cultivo y almacenamiento de la marihuana, tendrá que hacerlo quien le corresponda. Mientras tanto, desde Interior tenemos unos criterios a seguir y actuamos conforme al Código Penal y a la Ley de Seguridad ciudadana", ha planteado.

Buen ha dicho que, ante la duda, Interior aplica la sanción mínima, cuando se trata, por ejemplo, de "un grupo que se fuma unos porros en la calle o de cosas menores", pero ha precisado que "cuando se trata del cultivo de 200 o 300 plantas se pone a disposición judicial".


El Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha advertido de que los llamados clubes sociales de cannabis pueden ser legales siempre que se limiten a "abrir debates" sobre el uso de esta sustancia, pero que incurrirán en delito si se dedican a cultivar, vender o "fomentar" su consumo.

Calparsoro, que ha comparecido este martes ante la Ponencia del Parlamento vasco que estudia la regulación de los clubes de cannabis, ha recordado, en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara, que el Código Penal establece que la venta o cultivo de esta sustancia es ilegal.

De esa forma, ha considerado que las asociaciones de consumidores de cannabis pueden ser legales si se limitan a "abrir debates" sobre su uso, pero que, en ningún caso, salvo que medie un cambio legislativo, pueden "fomentar" el consumo de marihuana, cultivarla o venderla.

Calparsoro, que ha precisado que el cultivo de cannabis es ilegal salvo que se sea "en pequeñas cantidades" limitadas al autoconsumo, ha recordado que ya existen causas abiertas contra clubes de Álava y Bizkaia. Calparsoro se remitió como argumento al encuentro que la Fiscalía Antidroga celebró en Santurtzi a mediados de mes, en el que se ratificó que los colectivos procannabis solo pueden impulsar “planteamientos de debate y propugnar una legalización del consumo”, ya que la defensa del cultivo y la venta supone incurrir en delito. Además, remarcó que la labor legislativa del Parlamento en esta materia se limita a cuestiones de registro de asociaciones, pero “sin pasar la frontera de la actividad del cultivo”, que compete al Estado.


EUSFAC, Federación Vasca de Asociaciones de personas Usuarias de Cannabis, quiere expresar su sorpresa y rechazo ante las declaraciones del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Calparsoro, en las que afirma, entre otras cosas, que el simple hecho de cultivar cannabis es un delito, algo que no es en absoluto cierto


De entrada, llama la atención el giro en la postura del señor Calparsoro respecto a la que venía manteniendo hasta hace poco. En el Foro sobre el cannabis organizado por el Ararteko en octubre de 2011 reconoció la existencia de un vacío legal en lo referente al cultivo de cannabis y a las asociaciones, y ahora tal vacío ha desaparecido por arte de magia.

Días después, el fiscal jefe afirmaba que “tendría que haber algún canal que permitiese acceder con ciertas garantías y con un control a un mercado legal. Que el consumidor no tenga que recurrir a un delincuente” y hablaba de los clubes y asociaciones cannábicas como algo ajeno al mercado ilegal. Ahora, en cambio, nos considera parte de los delincuentes y trata de eliminar la única opción que tienen muchas personas para no tener que recurrir al mercado ilícito. Sin duda, este cambio debe ser fruto de la llamada al orden que hizo la semana pasada el Fiscal Jefe Anti Droga, José Ramón Noreña, a la que ya respondimos en otro comunicado.


Ni vendemos marihuana ni la ley está tan clara.

Desde EUSFAC queremos dejar claro que nuestras asociaciones no venden cannabis, sino que lo producen en un circuito cerrado sin ánimo de lucro, donde los miembros participan en un cultivo colectivo cuyos gastos pagan de forma mancomunada. De no ser así, habríamos sido condenados ya por algún tribunal, cosa que no ha sucedido a pesar de las decenas de intervenciones policiales y judiciales que hemos sufrido en los últimos diez años, en algunos casos de forma reiterada.

Si todo está tan claro respecto a las asociaciones de personas usuarias de cannabis, ¿porqué se han puesto de acuerdo todos los partidos del Parlamento Vasco en crear una ponencia parlamentaria para aclarar la situación de las mismas, mencionando expresamente la existencia de un vacío legal y de inseguridad jurídica? ¿Y porqué los diferentes tribunales rechazan una y otra vez las pretensiones condenatorias de la fiscalía, admitiendo que nuestras actividades no rebasan los límites de lo delictivo? ¿No será que la que se ha quedado fuera de juego es una fiscalía que sabe que nunca conseguirá acabar con el tráfico de drogas y trata de bloquear el desarrollo de políticas alternativas en materia de drogas que podrían llegar a cuestionar su papel en esa materia?

El Código Penal no dice nada de las asociaciones cannábicas. De hecho, su redacción es tan ambigua que los tribunales se han visto obligados una y otra vez a concretar su significado. La base legal de estas asociaciones es la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el llamado consumo compartido, así como una abundante jurisprudencia menor (es decir, autos y sentencias de tribunales de diverso rango, desde juzgados de instrucción hasta audiencias provinciales) donde se afirma una y otra vez que este tipo de asociaciones, mientras respeten una serie de límites, no cometen delito alguno. Muchas de esas resoluciones favorables a las asociaciones nunca fueron recurridas por la fiscalía.


Control sí, pero con seguridad jurídica y respeto a nuestros derechos

Las asociaciones de EUSFAC no nos oponemos a que nos controlen o investiguen, de hecho es lo que venimos reclamando desde hace años. Pero pedimos que ese control y esas investigaciones se hagan a través de cauces administrativos, no mediante el traumático procedimiento de allanar, detener, incautar, destruir e imputar, todo con un gasto elevadísimo para el erario público y causando más daño del que se pretende evitar. En plena oleada de recortes, resulta inadmisible que se destine tal cantidad de recursos a perseguir una actividad que, lejos de dañar la salud pública, ayuda a reducir riesgos en el consumo de cannabis, debilita el mercado ilícito, genera impuestos y puestos de trabajo, y contribuye a liberar recursos de las administraciones que se podrían destinar a otros fines.

Reiteramos nuestra exigencia respecto a que se aclaren de una vez todas las cuestiones relativas al cultivo, consumo y posesión de cannabis, para poder conocer los límites exactos del llamado delito contra la salud pública. Si, como dice la fiscalía, el llamado consumo compartido es aplicable solo a grupos reducidos, lo lógico es que se especifique por cuántas personas como máximo está formado un grupo “reducido”, sean tres, cinco o treinta.

No es cierto que, como afirma el señor Calparsoro, el simple cultivo de cannabis sea delictivo y que las asociaciones que lo lleven a cabo se coloquen fuera de la ley. La primera resolución judicial acerca de la actividades de una asociación cannábica vasca data de 1997, y en ella se afirmaba con rotundidad que no es un delito cultivar, incluso tratándose de un grupo numeroso, mientras se respeten ciertos límites. Curiosamente, el juez que la dictó es actualmente el Presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que es precisamente la que se ocupa de los asuntos de narcotráfico. Así que donde la fiscalía ve claridad diáfana, en realidad lo que hay es un debate jurídico abierto desde hace décadas, y que se cierra en falso una y otra vez. Esperemos que no suceda una vez más.


 Fuentes noticia :http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1198446
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/26/paisvasco/1340734296_140931.html
www.eusfac.org

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