El pasado 19 de junio, la asociación Ganjazz Art Club de Donostia, uno de los clubes sociales de cannabis más veteranos del estado español, recibió una visita que nadie habría imaginado hace unos años. Se trataba de un grupo de miembros del Parlamento Vasco en misión oficial. Su objetivo era conocer el funcionamiento de una de estas asociaciones de personas usuarias de cannabis que han proliferado en los últimos años.
El grupo estaba formado por
miembros de la ponencia del parlamento
autónomo que estudia desde el pasado 24 de abril la
posible regulación de las actividades de los clubes cannábicos y contaba con
representantes de los cuatro principales partidos de la cámara (PNV, PSE, PP y
Aralar). Además de visitar la sede social de Ganjazz y conocer cómo se realiza
el reparto de los derivados cannábicos entre los socios, la delegación recorrió
también una de las instalaciones donde se cultiva la marihuana.
Hubo bromas y sus señorías
acabaron haciéndose la foto con unas plantas de cannabis a sus espaldas, todo
ello en un ambiente de total normalidad, reflejo de la sorprendente unanimidad
con la que se aprobó en la cámara regional la creación de la ponencia. En
efecto, en las pocas ocasiones en que el debate llega a la agenda política, el
cannabis y su posible legalización suelen ser objeto de polémicas tan
encendidas como inconcretas, algo que no ha sucedido en este caso.
Quince años de debate social
Para llegar a este resultado,
han hecho falta quince años de una mezcla de lobby político y movimiento social
de calle. La primera vez que el movimiento cannábico acudió al Parlamento Vasco
fue en 1997, a través de una delegación de la asociación Kalamudia, que acababa
de llevar a cabo con éxito su primera plantación colectiva y pública de
cannabis. La asociación reclamó una mayor concreción en la legislación, que
consideraba ambigua, para que se pudieran llevar a cabo actividades de cultivo
individual y colectivo dirigidas al consumo personal, algo teóricamente
despenalizado en España.
En aquella primera
comparecencia no se llegó a nada concreto. Los miembros de la Comisión de
Drogodependencias confesaron sentirse sorprendidos por la seriedad de los
planteamientos del aún incipiente movimiento cannábico (tal vez porque
esperaban un grupo de majaras), pero las reclamaciones de los
antiprohibicionistas aún eran inconcretas y el debate estaba verde. Kalamudia
llevó a cabo otras dos plantaciones públicas de marihuana y, visto que no hubo
reacción oficial, acabó por disgregarse en 2001, dando lugar a asociaciones de
ámbito local que empezaron a cultivar para sus miembros en un formato que
acabaría convirtiéndose en el modelo de los Clubes Sociales de Cannabis.
Durante la década siguiente,
los primeros clubes vascos (en realidad, los primeros en funcionar en toda
España) fueron tomando forma y resolviendo las mil cuestiones prácticas que se
les iban planteando, entre ellas la inseguridad provocada por la falta de
regulación, traducida en intervenciones policiales recurrentes. Para hacernos una
idea, cuando se creó en 2011 EUSFAC,
la sección vasca de la FAC, de las diez asociaciones fundadoras, nueve habían
sufrido una o más intervenciones judiciales desde su fundación.
Durante el proceso de crecimiento
y profesionalización de las asociaciones hubo que afinar los sistemas de
control de la producción y distribución, y se acabó generando un diálogo
informal a múltiples bandas, donde participaron desde policías deseosos de
tener criterios claros para su trabajo, hasta municipios que veían con buenos
ojos las actividades de los CSC como alternativa al mercado negro, incluyendo
una larga lista de entidades e instituciones. También hubo un importante debate
en los medios de comunicación, especialmente tras la primera intervención contra la asociación Pannagh,
entre 2005 y 2007, cuando por primera vez se devolvió a su propietario, en este
caso un club cannábico, la marihuana incautada con anterioridad.
Un modelo de fiscalización
pública
El resultado fue que la
siguiente visita del movimiento cannábico al Parlamento Vasco, en noviembre de
2010, fue mucho más concreta y provechosa. Casi quince años de cultivos
colectivos, campañas mediáticas y resoluciones judiciales favorables dieron sus
frutos, de forma que los clubes cannábicos ya sabían qué pedir y a los grupos
parlamentarios el debate ya no les pillaba de sorpresa.
Las peticiones fueron muy
concretas: Creación de un apartado en el Registro de Asociaciones para este
tipo de clubes, con mecanismos de control económico que garanticen la ausencia
de lucro; inspecciones por parte de las autoridades (policiales, sanitarias o
agrarias) para controlar el volumen y destino de los cultivos; y autorizaciones
para el transporte controlado desde las plantaciones a los puntos de
distribución. En resumen, una mezcla de instrumentos de verificación que ya se
usan para el control de actividades como la venta de objetos de segunda mano o
el transporte de mercancías peligrosas.
Desde luego, entre las
peticiones realizadas al parlamento, se echan de menos las relativas al consumo
y cultivo individual, pero ello es debido a la falta de competencias de un parlamento
autonómico para tratar tales cuestiones. La fiscalización de las drogas
ilícitas es competencia del gobierno central, que es quien puede modificar el
Código Penal o la Ley de Estupefacientes. Sin embargo, dado que el Gobierno
Vasco tiene un cuerpo de policía bajo su mando, la Ertzaintza, con competencias
en la lucha contra el narcotráfico, lo que sí puede hacer es crear una
regulación propia para desarrollar determinados aspectos de la ley estatal.
En este sentido, el Parlamento
Vasco, en el texto de la proposición de ley que dio
lugar a la creación de la ponencia, reconocía textualmente que “la ausencia de
una regulación de su actividad hace que esas asociaciones se muevan en la
alegalidad y carezcan de seguridad jurídica, una situación que es necesario
corregir”. De forma que lo que se pretende es aclarar aquellas cuestiones de la
legislación que causan dificultades a los encargados de aplicarla en Euskadi.
Contradicciones en evidencia
Sin embargo, la comparecencia
de 2010 no bastó por sí sola para lograr que el parlamento moviera ficha. Para
ello fue determinante la convocatoria por parte del Ararteko, el defensor del
pueblo vasco, de un foro para debatir sobre esta cuestión
. El foro tuvo lugar en octubre de 2011 y a él acudieron diversas
instituciones, como las fiscalías, policía autónoma, policías locales, Gobierno
Vasco, jueces, etc., además de varios académicos y una representación de las
propias asociaciones. La mayor parte de la reunión fue a puerta cerrada, lo que
permitió profundizar en el debate hasta llegar a abordar aspectos muy sensibles
de la cuestión.
Otro elemento clave parece
haber sido la operación policial contra la
asociación Pannagh en noviembre 2011, en la que fueron
detenidas tres personas, entre ellas el autor de estas líneas, apenas tres
semanas después de la celebración del Foro. La asociación fue clausurada, sus
cuentas bloqueadas, y sus casi trescientos miembros tuvieron que volver al
mercado negro. Como el que suscribe acababa de ser el portavoz de las
asociaciones en el citado foro, y dado que en mi intervención se hablaba
expresamente del riesgo de que ocurriera algo así, la noticia de la detención
acabó de despejar las dudas de algunos grupos políticos y a los pocos días se
presentaba la iniciativa para crear la ponencia.
La comisión ya ha escuchado a
los primeros comparecientes de una larga lista con unas 60 personas, entre las
que hay representantes de instituciones locales, estatales y europeas,
fiscales, jueces y diversos expertos del ámbito jurídico y médico, además de
las propias asociaciones. Sin duda, el debate será exhaustivo, pero también
existe el riesgo de dispersión y de que se acabe debatiendo del cannabis en
general y no de la cuestión concreta de los clubes.
Sin duda, esta iniciativa
encontrará resistencias en diversas instancias. De momento, el Fiscal Jefe Anti
Droga, José Ramón Noreña, ya hizo unas declaraciones en las que dejaba claro que en su opinión no existe vacío legal alguno,
que las asociaciones se financian con el narcotráfico, y que el parlamento
Vasco no es competente en esta materia. Queda por ver la reacción del gobierno
de Rajoy, pero el hecho de que la ponencia vasca esté presidida por un
destacado miembro de su partido hace concebir esperanzas de que se deje un
cierto margen para encontrar alguna fórmula de regulación que resulte aceptable
para convencer a los sectores más prohibicionistas, que hoy por hoy son mayoría
en el PP. De hecho, no es descartable la posibilidad de una involución,
traducida en una regulación más clara, pero más prohibicionista.
La iniciativa ha tenido un gran
eco mediático dentro y fuera del País Vasco, y ha generado un importante
debate. Algunos responsables en materia de drogas en varias comunidades
autónomas ya han expresado su rotundo rechazo a la posibilidad de regular los
clubes cannábicos, pero en otras ha habido movimientos, como en Cataluña, donde
parece que, en el momento de escribir estas líneas, los partidos podrían haber
alcanzado ya un acuerdo para llevar a cabo allí un debate similar. También ha
habido muestras de interés por el debate desde la Comisión Europea y la ONU.
Aunque todavía es pronto para
saber si la ponencia tendrá algún resultado concreto, más ahora que el Gobierno
Vasco ha quedado en minoría y se habla insistentemente de elecciones
anticipadas, es indudable que la polémica que se ha generado irá más allá de la
misma. Ahora que el debate sobre la prohibición de las drogas está candente, y
con otra iniciativa de regulación ya en marcha en Uruguay , hay sobre la mesa
tres posibles modelos de regulación: El comercial, similar al de los
coffee-shops; el estatal, promovido por el gobierno uruguayo;
y el asociativo, que se debate en Euskadi. Ya no se puede hablar de falta de
alternativas concretas. En breve podríamos tener ocasión de comparar las
ventajas y desventajas de tres modelos legales que no pasan por la prohibición
y la represión. No está mal para empezar.
Articulo de Martín Barriuso Alonso es
representante de la Federación de Asociaciones de Personas Usuarias de
Cannabis (FAC)
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