Ricardo Gil Lavedra es jefe de los diputados nacionales de la Unión Cívica
Radical. Fue uno de los legisladores nacionales que junto a Victoria Donda
(FAP) y Diana Conti (FPV) presentaron los proyectos que analizan la
despenalización de la tenencia para uso personal de marihuana o de semillas, el
autocultivo e incluso su utilización en la vía pública, siempre que no se
incite a menores a hacerlo.
Si bien durante mayo y junio se analizó junto a varios especialistas -a
favor y en contra- en la Comisión de Legislación Penal y de Prevención de
Adicciones de la Cámara Baja, el debate quedó frenado.
Hablar del uso legal de la marihuana sigue molestando a muchos por lo que
resulta bastante difícil llegar a un proyecto consensuado. El diputado explicó que “la tarea que tenemos por delante no
es simple. Hay mucho por discutir y explicar”.
En cuanto al proyecto que impulsa Uruguay, en el que se analiza que sea el
Estado quien controle la venta de drogas, Gil Lavedra aseguró que en Argentina
un proyecto de esas características no sería legalmente viable.
¿A qué atribuye el retraso en el análisis de los proyectos para
despenalizar el consumo de drogas?
Entiendo que hoy todos tenemos una valoración crítica de lo que hasta aquí
ha sido la política de drogas. Sin embargo, cuando nos formulamos la pregunta
sobre qué hacer en este escenario, empiezan los desacuerdos. El núcleo de
coincidencias que hemos logrado, entre quienes tenemos una opinión formada
sobre el tema y la importante repercusión de las propuestas de reforma, ha
contribuido a disparar la discusión entre las distintas fuerzas y hacia el
interior de los bloques. Pero la tarea que tenemos por delante no es simple.
Hay mucho por discutir y explicar. Nuestra intención es retomar la discusión
luego de finalizado el receso y esperamos que la bancada del Frente para la
Victoria acompañe.
En comisión analizan una propuesta de consenso, ¿qué puntos tomaron de
su proyecto?
Nuestro aporte a la discusión, entiendo, ha sido destacar la preocupante
situación que se vive en algunas de las cárceles de provincias fronterizas y,
en general, la alta tasa de encarcelamiento de los eslabones más vulnerables de
las cadenas de tráfico. Se denomina “mula” a aquellas personas empleadas por
organizaciones delictivas para transportar pequeñas cantidades de
estupefacientes, habitualmente a través de fronteras. En general, son mujeres
de estratos sociales extremadamente vulnerables que se ven forzadas a realizar
esta actividad, muchas veces poniendo en grave riesgo su salud, a cambio de
pagos irrisorios.
Debido a la tosquedad de las maniobras desplegadas es
habitual que estas personas sean detenidas en zonas fronterizas y esto, según
datos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, ha generado en los últimos
años un crecimiento de alrededor del 240% de la población carcelaria femenina.
En definitiva, esto tiene un alto costo humano. Y por ello, nuestra propuesta
fue brindarle mayor flexibilidad al sistema para aliviar en alguna medida esta
situación y evitar la imposición de sanciones que en determinados casos pueden
resultar manifiestamente injustas. Entendemos que hay que diferenciar entre la
gravedad de las distintas conductas y tener un sistema de penas escalonado, y
no uno que tienda a encarcelar indiscriminadamente a todos los actores
cualquiera sea su aporte o responsabilidad. También hemos colaborado
activamente en la redacción de la figura de la tenencia simple de estupefacientes.
Esto se entendería como la tenencia que no tiene fines de consumo ni
comercialización.
¿Cuáles son las mayores objeciones en el debate?
El principal desafío es consensuar un texto claro que marque un punto de
ruptura con las prácticas actuales y dar respuesta a algunas cuestiones
complejas. La primera y quizás una de las que genera más dudas es determinar en
qué situaciones la tenencia o el consumo dejan de ser una acción privada para
convertirse en un peligro para la salud o los derechos de terceros. Entonces
hay que preguntarse si es siempre que se produce en lugares públicos o solo
cuando hay menores presentes.
Es un tema difícil y siempre terminará siendo la Justicia la que tenga la
última palabra, pero aún así hay cuestiones de redacción de la ley que se
pueden ajustar. Un segundo punto es la regulación de la tenencia simple, que se
aplica a casos dudosos, en donde no está claro si hay una situación de consumo
o comercialización y que pretendemos reformular para evitar abusos. Y de nuevo
aquí el problema es equilibrar el interés por perseguir el narcotráfico con los
derechos de los usuarios. Y el último punto es la interacción entre la Justicia
Penal y los sistemas de salud.
Hoy contamos con la nueva ley de salud mental para garantizar los derechos
de los procesados y condenados que presenten problemas de adicción y requieran
atención profesional. Pero hay algunas dudas sobre si es necesario establecer
mayores recaudos y cómo coordinar la relación entre las partes.
¿Existe la posibilidad de avanzar en una reforma de la ley
actual que responsabilice más al Estado en la atención de los adictos?
Existen distintas propuestas en este sentido como la que ha presentado, por
ejemplo, el diputado Mario Fiad. Y entiendo que es necesario revisar lo que se ha
hecho hasta ahora, que ha sido muy poco, y destinar más recursos y atención al
tema. De todas formas, creo que aunque podría contribuir no resulta
imprescindible una nueva norma o una reforma legal. Se trata, fundamentalmente,
de un tema de políticas públicas. Hoy el Estado es responsable de brindar
atención a las personas que padecen un problema de adicción. Pero como es
frecuente, quien cuenta con menos recursos debe recurrir a un sistema de salud
público que funciona deficitariamente.
¿Cree que en algún momento se puede regular la venta? Uruguay
analiza un proyecto que propone controlar la venta y llevar un registro de
consumidores. ¿En Argentina se podría aplicar una ley así?
No, y sobre esto ha sido muy clara la Corte. La Argentina ha asumido
compromisos internacionales que la obligan a limitar exclusivamente la
producción, fabricación, exportación, importación, distribución y comercio de
estupefacientes con fines médicos y científicos. Y a penalizar la oferta de
venta. Por lo tanto, la cuestión no sería legalmente viable, aunque siempre
queda, por supuesto, la posibilidad de denunciar los tratados.
¿Cómo se podría reforzar la lucha contra el narcotráfico?
Se trata de un tema muy complejo, pero podríamos empezar por afianzar los
controles sobre las zonas fronterizas, para que no se ingresen sustancias con
tanta facilidad. El nivel de radarización hoy continúa siendo bajo y los
controles terrestres también presentan falencias. También deberíamos reforzar
la fiscalización sobre medicamentos y precursores químicos, para evitar que se
desvíen con fines ilícitos. El registro de fiscalización, de hecho, fue
recientemente intervenido por su bajo nivel de eficacia y la ley que lo creó
todavía no fue reglamentada, a pesar de haber sido sancionada en 2005.
Otro punto es el sistema de prevención del lavado de dinero. Hay que hacer más
por impedir que los traficantes puedan disponer de sus ganancias y volcarlas al
mercado legal. Y por último, señalaría que hace falta capacitar y modernizar
las estructuras policiales y judiciales.
¿Cree que el proyecto de despenalización de la droga llegue al
recinto este año?
Estamos trabajando para eso, pero como sucede con todo tema controvertido,
es difícil anticipar cómo se alinearán las mayorías o si habrá acuerdo.
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