En todo caso, lo cierto es que el proceso
descriminalizador que se llevó a cabo en Portugal ha servido como un ejemplo
claro de que una mayor tolerancia a las personas consumidoras de drogas no
conduce a un mayor consumo. Antes al contrario, en el caso de Portugal todos
los indicadores demuestran que el uso de drogas ilícitas descendió tras aquella
decisión, y que también se redujeron los problemas asociados a ese uso.
Sin embargo, la discriminación a la Portuguesa tiene
enormes lagunas y contradicciones, como el hecho de que el cultivo ilícito de
plantas psicoactivas (de las cuales la más común es el cannabis) se considere
siempre un delito, incluso cuando va destinado al consumo personal. Esta
contradicción, que permite la posesión de pequeñas cantidades y el consumo pero
no el autoabastecimiento, provoca una dependencia obligatoria de las personas
usuarias respecto del mercado negro.
Por otro lado, la tenencia para el consumo se
castiga por vía administrativa. Se establecieron Comisiones de Disuasión
(integrados por asesores legales, psiquiatras y trabajadores sociales) que
pueden imponer multas o trabajo comunitario. También tienen la función de
persuadir a los adictos a entrar en programas de tratamiento. La mayoría de las
sentencias dictaminaron la suspensión de las acciones judiciales emprendidas
contra consumidores no adictos. En torno al diez por ciento de los casos se
saldaron con una multa.
EN PORTUGAL TAMBIÉN PREFIEREN LOS CLUBES
Hace tiempo que diversos sectores vienen
planteando la necesidad de dar más pasos en el camino de la descriminalización,
mediante una regulación coherente que abarque todos los aspectos del fenómeno y
permita un sistema de abastecimiento alternativo al mercado negro. El Bloco de
Esquerda, un partido de izquierdas muy similar en origen e ideología a Syrisa
en Grecia, y que en las últimas elecciones obtuvo alrededor de un 10% de los
votos y 16 escaños en la Asamblea de la República (única cámara del parlamento
portugués, ya que no existe el senado), ya hizo hace unos años otra propuesta que
iba en la línea del llamado “modelo holandés” y que proponía el abastecimiento
a través de establecimientos comerciales del estilo de los coffee-shops.
No obstante, la aparición de los club sociales de
cannabis en España ha provocado un cambio de actitud en muchos grupos que antes
defendían un modelo de regulación de carácter comercial. El propio Bloco de
Esquerda decidió abandonar aquella propuesta a la vista de las ventajas del
modelo basado en asociaciones sin ánimo de lucro, como la mayor transparencia,
la autogestión por parte de los propios consumidores, la ausencia de intereses
comerciales que reduce el riesgo de promoción del consumo, la desaparición de
la llamada “puerta trasera”, y la posibilidad de ponerlo
en marcha sin necesidad de reformar previamente los tratados de la ONU, ya que
los clubes cannábicos se inscriben dentro del ámbito del consumo personal.
EL CONTENIDO DE LA PROPUESTA
La nueva propuesta de ley del Bloco (que aún no
ha sido presentada en el parlamento) abarca todos los aspectos del cannabis,
desde la producción hasta la distribución. En su justificación se alude al
fracaso del modelo represivo consagrado por la ONU, al éxito que supuso la
descriminalización, que acalló los argumentos de los prohibicionistas al
demostrar la viabilidad de enfoques más tolerantes, y a las contradicciones
internas de la actual legislación, que contribuyen indirectamente al
mantenimiento del narcotráfico.
El texto de la propuesta define el régimen
jurídico aplicable al cultivo, consumo, adquisición y posesión destinados al
uso personal de cannabis y sus derivados, sin prescripción médica. En efecto,
los promotores de la iniciativa han evitado mezclar el uso médico con el
llamado “uso recreativo”, ya que consideran que no se deben juntar los dos
debates. También creen que la defensa del derecho a usar cannabis no se debe
basar en sus propiedades medicinales, sino en la libertad personal.
La proposición – cuyo texto aún no es definitivo
– impone límites a la adquisición, al cultivo y a la posesión. Se establece que
la adquisición de derivados de cannabis para el uso personal no exceda el
consumo de un mes, para lo cual se basa en el Decreto 94/96, de 26 de marzo,
donde se estipulan las dosis diarias estimadas para distintas drogas ilícitas.
De esta manera, no se podrían adquirir cada vez más de 75 gramos de marihuana,
15 de hachís o 7,5 de aceite de hachís. El cultivo estaría limitado a un máximo
de diez plantas por persona y la posesión no podría exceder de las cantidades
anteriores, es decir, si se opta por cultivar se podrá almacenar el producto de
las diez plantas y si se adquiere a través de un club (o del mercado negro)
solo se podrá almacenar para un mes.
También se habla de un régimen de autorizaciones,
que serán intransferibles y podrán ser retiradas en caso de incumplimiento de
las obligaciones legales que conllevan, pero que no afectan al uso personal. De
esta forma, si la propuesta saliera adelante, el consumo, cultivo, adquisición,
y posesión de preparaciones con cannabis destinadas al uso personal dejarían de
ser, no solo delito, sino también infracción administrativa, de forma que la despenalización
sería total, a diferencia de lo que sucedía hasta ahora.
LA PRIMERA PROPUESTA CONCRETA PARA
REGULAR LOS CSC
El Capítulo II de la proposición de ley está
dedicado a los Clubes Sociales de Cannabis (CSC), que se regulan con cierto
detalle. En el texto propuesto, un club se define como “una asociación civil
sin fines lucrativos con la finalidad de estudio, investigación y debate sobre
la cannabis, así como de cultivo y cesión a sus asociados de plantas,
substancias o preparaciones de cannabis en establecimientos debidamente
autorizados y en las condiciones definidas en este título”. En otras palabras,
se plantea un tipo de entidad casi idéntico al modelo actualmente a debate en
España. En este sentido, la propuesta del Bloco es pionera, ya que a pesar de
estar basada en un modelo ya existente, Portugal podría ser el segundo país con
legislación que permitiría a los clubes de cannabis. En Uruguay la propuesta es
que el Estado otorgará licencias a los productores, ya sean domésticos o socios
de clubes de cultivadores, como sucede en España.
A continuación, se establecen una serie de
límites y condiciones para el funcionamiento de los clubes: Los miembros
deberán tener más de 18 años y ser invitados a ingresar por otra persona socia;
no se podrán expender bebidas alcohólicas ni habrá máquinas de juego; se
deberán dejar 300 metros hasta el centro de enseñanza más cercano; y los
no-socios solo podrán acceder al club acompañados por un miembro de pleno
derecho. Tampoco se podrá hacer publicidad y los productos dispensados no
podrán tener marca ni denominación comercial.
En cuanto a la adquisición de los derivados de
cannabis por parte de los miembros, se establece que no podrán acceder a los
clubes ni menores de edad ni personas con “enfermedad mental manifiesta”, ni se
les podrá proporcionar sustancia alguna. El club tendrá a disposición de los
socios solo la cantidad necesaria para cubrir las necesidades mensuales de
estos. Los recipientes de los productos dispensados deberán indicar el origen,
la cantidad de substancias contenidas, los efectos y riesgos asociados al
consumo, y la denominación común internacional según la Organización Mundial de
la Salud.
MECANISMOS DE CONTROL
Respecto a la fiscalización de las actividades de
los clubes y del cultivo y distribución en general, se establece la competencia
de INFARMED (Autoridad Nacional del Medicamento y Productos de Salud) para
aprobar y retirar las autorizaciones para cultivar cannabis, que no serán
necesarias en el caso del consumo personal. Los CSC deberán pedir permiso
también para realizar extracciones de principios activos.
Además, corresponde a INFARMED la “fiscalización de
actividades de cultivo, extracción y fabricación, distribución, importación,
tránsito, adquisición, entrega y tenencia para la puesta a disposición de los
asociados a los Clubes Sociales de Cannabis”. Por su parte, el control de la
presencia de alcohol, juego, menores, publicidad, etc., correspondería a los
ayuntamientos. Tanto éstos como INFARMED podrán inspeccionar en cualquier
momento la actividad de los clubes.
En cuanto a las infracciones, el comercio de
cannabis sin autorización se castigará con penas de cárcel de hasta cuatro años
en los casos leves y entre 4 y 12 años en los casos graves, en función de la
cantidad y circunstancias. El resto de infracciones (consumo de alcohol,
presencia de menores en un club, etc.) se castigan por vía administrativa con
multas que en la mayoría de los casos van de 2.500 a 25.000 euros.
¿TIENE POSIBILIDADES LA PROPUESTA?
A finales del pasado mes de septiembre fui
invitado por el Bloco de Esquerda a viajar a Portugal para, en nombre de la
FAC, explicar en qué consiste y cómo funciona el modelo de los CSC. De esta
manera, pude participar en diversos eventos, incluyendo una audición parlamentaria
donde también hubo una representante socialista, la diputada Elsa Pais, que
entre 2000 y 2002 fue presidenta del instituto portugués de la Droga y la Toxico
dependencia (IDT).
En la misma audición, Joao Semedo, médico y
diputado del Bloco (además de ser el encargado de presentar la propuesta cuando
llegue el momento), habló de la necesidad de sumar apoyos, por lo que han
elegido la fórmula que les parece más aceptable por parte del resto de fuerzas
políticas portuguesas. En este sentido, es fundamental el papel de Pais, que
fue bastante contundente en su intervención, en la que defendió que no se deben
eludir estos temas en el debate político, máxime teniendo en cuenta que este
tipo de derechos y libertades individuales son menos respetados en tiempos de
crisis.
En todo caso, entre el Bloco y el PS suman un
total de 113 votos en el parlamento, por debajo de los 116 necesarios para
tener mayoría absoluta. Aún en el caso de que Pais convenciera a sus
correligionarios, algo para nada seguro, aún sería necesario el apoyo de otra
fuerza más. Esta podría ser la Coalición Democrática Unitaria (CDU) alianza de
comunistas y verdes, cuya posición aún no parece estar definida. De forma que
es de prever un debate prolongado antes de ver resultados concretos.
También será interesante ver qué postura adopta Joao
Goulao, presidente del IDT y del Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías
(OEDT), a quien yo mismo tuve ocasión de explicar el funcionamiento de los
clubes cannábicos, y que se mostró abierto a debatir sobre ellos como posible
alternativa a la regulación vigente. Si Goulão, unos de los padres de la
exitosa política descriminalizándote portuguesa, apoyara la iniciativa del
Bloco, esta tal vez tuviera más posibilidades. Porque lo cierto es que, hoy por
hoy, las perspectivas de que sea aprobada tal cual son escasas. En todo caso,
el debate se promete interesante.
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