
Hasta el ocaso de su mandato, se mantuvo en la afirmación de que sus predecesores habían sido omisos frente al crimen organizado, pero nunca presentó una prueba de ello y tampoco inculpó a un solo colaborador de alguno de sus antecesores. Más aún, a su equipo integró e hizo responsables de la guerra a todos los que habían tenido a su cargo lucha contra el crimen organizado en el sexenio anterior.
Lo que ha sucedido en estos seis años confirma que las principales premisas del gobierno calderonista, para justificar la guerra, no se sostenían. En primer lugar, es evidente, en contra de lo dicho por el gobierno, que México no ha pasado de país de tránsito a país de consumo y tampoco ha aumentado de manera significativa la demanda de drogas, de acuerdo con las cifras del propio gobierno. La pregunta sigue siendo por qué en México el consumo de drogas es tan bajo.

En segundo término, si la razón era la eclosión de la violencia, hoy impera una situación muy superior a la anterior. La estrategia dio al traste con una tendencia a la disminución de la violencia que tenía más de 30 años. En tercer lugar, cae también por tierra el argumento de que la penetración del narco alcanzaba niveles antes nunca vistos en la vida política nacional. La complicidad del narco con las autoridades municipales, estatales y federales no nació ayer, sino hace una eternidad. La evidencia indica que fue precisamente la guerra lo que provocó una mayor penetración del crimen organizado en las esferas del poder.

En estos seis años se confirma de manera contundente y a pesar de la guerra que mientras haya demanda en Estados Unidos, habrá oferta en México, en América Latina y en el mundo entero; pero también es cierto que siempre existirá esa demanda y que la sociedad estadounidense ha concluido, con razón, que el esfuerzo por reducirla no vale la pena; se trata de una constante, no de una variable. Ésa, y no otra, debe ser la posición del nuevo gobierno de México.
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