Preparan una nueva Ley de Seguridad Ciudadana, donde los cannábicos tendremos
multas por cultivar de entre 1000 € y 30.000 €, el borrador de la ley deja
claro que estas multas se han de aplicar, aunque sea un cultivo destinado al
consumo propio, sin ninguna relación con el tráfico de drogas. Está claro que
quieren rellenar el vacío legal para atacar al cultivador en todos los casos,
bien por la vía penal si es un cultivo que se destine a la venta, bien por una
multa administrativa de entre 1000 € y 30000 € si es para autoconsumo. Lo que
pretende el Partido Popular queda claro: matar el autocultivo, perseguir a las
grows y acabar con los clubs de usuarios.
Eso
solo beneficiará a los narcos, lo cual no parece importar mucho al PP, un
partido con numerosos nexos con el tráfico de cocaína y otras sustancias, tal y
como analizamos en el anterior editorial. Por lo visto lo del cultivo de
marihuana también lo trabajan, pues acaban de detener a dos concejales del PP
con un kilo de marihuana en el coche, se trata de Beatriz Rodríguez Castañeda,
edil del PP en el Ayuntamiento de Campazas y José Antonio Gallego Blanco,
concejal del PP en Gusendos de los Oteros. Fueron detenidos por tráfico de
drogas, al encontrarles un kilo de yerba dentro del coche donde viajaban,
además de instrumentos de pesaje y manipulación, lo que resulta bastante
incriminatorio si se transporte en un coche con un kilo de yerba bolseada.
Esta
nueva Ley de Seguridad Ciudadana incluye numerosas salvajadas en todos los
ordenes, destinadas a reprimir el derecho a la manifestación y mantener al
pueblo sumiso, mientras siguen con el saqueo. Con este ataque frontal el PP nos
coloca en la misma situación que en el 2004, cuando pensaban lanzar el plan
Acebes para prohibir semillas, autocultivo y tiendas. Solo tenemos una salida,
conseguir echar al PP del poder, antes de que aprueben esta ley, de lo
contrario nos provocarán un grave daño. Todos los usuarios de cannabis estamos
obligados a luchar contra el PP en general y contra la nueva Ley de Seguridad
Ciudadana en particular.
Martín
Barriuso, activista pionero en España, sigue sufriendo un intenso acoso
judicial por defender nuestros derechos, con la asociación Pannagh paralizada
por orden judicial. Barriuso se ha quedado en el paro y en muy mala situación,
ya que van a embargarle sus escasas propiedades, tras pedir la fiscal una
fianza de un millón de fueros. Al exdirector de la Caja de Ahorros del
Mediterráneo, Roberto Lopez Abad, acusado de gravísimos actos de corrupción que
han supuesto la ruina de la CAM, el juez le pide una fianza similar, 1.5
millones de euros. Este es el principio de proporcionalidad de la justicia del
PP.
Es
urgente la creación de un lobby que defienda nuestros intereses, necesitamos un
mínimo de organización y en nuestra industria hay dinero para cubrir los costes
de una estructura mínima, lo que falta es interés, voluntad y unión. Ahora que
tenemos el lobo a la puerta, es un gran momento para que las empresas del
sector se animen a juntarse y subvencionar un lobby coordinado por Barriuso.
Aunque
siempre denunciamos las corrupciones externas, también hay que señalar las
internas. Las grow shops han sido la base de la expansión de nuestra escena en
los últimos 15 años. Desde que la coordinadora de activistas lanza la campaña
“contra la prohibición me planto”, las growshops han hecho un gran trabajo de
difusión del autocultivo. Sin saber aún hacia donde nos dirigimos, es
importante cuidar a las tiendas, pues son la base actual de nuestra escena. En
numerosos sitios, especialmente en Cataluña, las growshops están teniendo
problemas, hay mayoristas que venden directamente a asociaciones y grandes
cultivadores, rompen la cadena de distribución y causan un grave daño. Muchas
asociaciones también están mostrando una falta de ética total, pues no les
basta con dispensar yerba a sus socios, sino que incluso quieren ganar un
margen en la venta de bombillas o fertilizantes a sus cultivadores. En Soft
Secrets siempre hemos apoyado a las asociaciones, pero hay actitudes
injustificables. Los que reclaman solidaridad, justicia y ayuda, tienen que
aplicar una ética estricta en sus decisiones de compra, pues en teoría no son
empresas con ánimo de lucro, por lo que deberían de meditar a fondo como
afectan sus decisiones al mercado.
Es
importante no perder de vista la situación mundial. Mientras aquí detienen
autocultivadores, las cosechas se recogen en países como Marruecos, Colombia o
Albania. Incluso en Estados Unidos, el corazón de la prohibición, hay en
Humboldt cultivos tan inmensos que se ven con el Google Maps. En Colorado acaban
de poner impuestos al cannabis; sin duda allí toca. Es el momento. Aquí primero
conviene avanzar en derechos. Antes de aprestarse al pago de impuestos, hay que
pactar con el Estado, no debemos tener prisa en jugar una de las cartas
principales de la negociación. Los clubs que están pagando impuestos se
descapitalizan y hacen más débiles, luego el Estado se los merendará más
rápido; además perjudican al resto, pues luego en Hacienda se acostumbran y
piden a todos el tributo. Dar dinero a un Estado que pretende cambiar las leyes
para acabar con nosotros es un suicidio. Primero que quiten la Ley de Seguridad
Ciudadana y nos permitan transportar la marihuana por la que pagaríamos las
tasas, hasta entonces pagar impuestos es de una temeraria candidez. De momento
¡todos a la calle contra la nueva Ley de Seguridad Ciudadana!
Noticia: http://www.cannabis.info/ES/noticias/editorial-de-soft-secrets-de-diciembre-del-2013/
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