El pasado 10 de
diciembre, el Senado de Uruguay aprobó una novedosa ley para regular la
producción, distribución y venta de marihuana. El país sudamericano se
convirtió en el primero en todo el mundo en legalizar esa sustancia a nivel
estatal, acaparando desde entonces todas las miradas al ser también el primer
país de América Latina en abordar la problemática del tráfico y consumo de
estupefacientes desde un punto de vista distinto al empleado durante los
últimos 50 años, basado en perseguir tanto a los distribuidores como a los
consumidores de drogas. También en EE UU hay movimientos en ese sentido, aunque
de momento solo a nivel regional: desde este 1 de enero está permitida la venta
con fines recreativos en establecimientos autorizados en Colorado, y dentro de
unos meses entrará en vigor una ley similar en el Estado de Washington.
Paralelamente, España está tomando el camino
inverso.
El Gobierno quiere aprobar, con toda la oposición en contra, la llamada Ley
para la Protección de la Seguridad Ciudadana que, entre otras medidas
polémicas, prevé un aumento de alrededor del triple —de 300 a 1.001 euros— de
la sanción mínima por tenencia de estupefacientes en vía pública, prohíbe los
cultivos domésticos de cannabis —a pesar de que su consumo privado es legal— y
elimina la posibilidad de sustituir las multas de posesión de drogas por un
tratamiento de desintoxicación.
En 2011 se cumplieron 40
años desde que Richard Nixon declaró su guerra contra la droga. El entonces presidente
americano aseguró en 1971 que el consumo de estupefacientes era una “emergencia
nacional”, el “enemigo público número uno del país”, y destinó millones de
dólares a aumentar el tamaño y la presencia de las agencias de control de
estupefacientes en todo el Estado y el continente americano. Pasadas cuatro
décadas, pocos expertos se atreven a negar su fracaso: a pesar de los inmensos
recursos destinados, los niveles de adicción, tráfico y violencia relacionados
con las drogas continúan aumentando o, en el mejor de los casos, se han
estabilizado.
Lo evidenció el informe de la Comisión Global de
Políticas de Drogas de la ONU de 2011, que marcó un punto de inflexión en la percepción
de que las medidas represivas eran las más adecuadas para luchar contra el
problema. Elaborado por intelectuales de la talla de Javier Solana, Kofi Annan,
Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes o George Shultz, el informe alentaba a todos
los gobiernos a experimentar “con modelos de regulación legal de las drogas (en
especial el cannabis) para salvaguardar la salud y la seguridad de los ciudadanos”.
¿Por qué España nada en contra de la tendencia
mundial de abordar el problema desde un punto de vista de reducción de daños,
aumenta las sanciones e incluso elimina la posibilidad de adherirse a
tratamientos de desintoxicación para sustituir las multas por posesión? “El Gobierno va a
contracorriente. Volvemos a concepciones de hace 40 años que han sido superadas
en todos los países civilizados”, explica Araceli Manjón-Cabeza, quien fue
directora general del Plan Nacional sobre Drogas.
“Eliminar la posibilidad de acogerse a programas de desintoxicación nos
equipara a países como Rusia, donde solo se concibe al consumidor como un
delincuente”. Manjón, que también estuvo dos años al frente de la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional —“donde se juzgan los grandes casos de
narcotráfico”, recuerda—, pasó de ser adalid del prohibicionismo en sus años al
frente de estas instituciones a clamar por un cambio de políticas después de
estudiar la cuestión durante 20 años. “Trabajar en la prohibición me dio un
escenario privilegiado”, explica, “mi ingenuidad era absoluta hasta que me di
cuenta del derroche en términos económicos y humanos, sin obtener ningún
resultado positivo”. Hoy se considera partidaria “en líneas generales” de la
legalización de todas las drogas, “lo cual no significa barra libre”, matiza.
Este periódico ha intentado conocer la versión de los actuales responsables del
Plan Nacional sobre Drogas, pero no ha recibido respuesta de la institución.
Las voces que abogan por modificar la política
antidroga mundial son cada vez más numerosas e influyentes. A la legalización del
cannabis en Uruguay hay que sumar ocho países sudamericanos que se están
planteando despenalizar el consumo personal de cannabis o de todas las drogas,
después de que un informe de la OEA (Organización de Estados Americanos) del
pasado mayo planteara por primera vez esta solución como alternativa a la
violencia que genera el tráfico de estupefacientes en el continente. En Estados
Unidos se permite la compra y venta de marihuana para uso medicinal, con receta
médica, en 17 Estados, aparte de la legalización para uso recreativo en
Colorado y Washington y de que el distrito de Nueva York también se lo plantea.
Europa tampoco escapa de
la tendencia reguladora. Suiza despenalizó en octubre la posesión de cannabis para
uso personal. El distrito de Kreuzberg, en el centro de Berlín, aprobó a finales
de noviembre una iniciativa para abrir coffeeshops en el parque Görlitzer, uno
de los espacios de la ciudad más castigados por el narcotráfico. El pasado
diciembre, 106 profesores de Derecho Penal alemanes —entre ellos, el
expresidente del Tribunal Federal— firmaron una petición a favor de la
despenalización de las drogas blandas. Copenhague, la capital de Dinamarca,
anunció en marzo que pretende iniciar un programa experimental de tres años en
los que el municipio será el encargado directo de producir y vender el
cannabis. Bélgica también permite la posesión de hasta tres gramos de marihuana
o de una planta para consumo personal. Portugal se convirtió en 2001 en el
primer país europeo en descriminalizar el uso y la posesión de todas las drogas
ilícitas y ahora, una docena de años después, el uso de estupefacientes ha
crecido ligeramente, pero al mismo nivel que en muchos otros países europeos.
Por el contrario, se ha reducido el consumo de heroína —principal preocupación
del Ejecutivo portugués cuando tomó la decisión— y han descendido las condenas
relacionadas con las drogas.
“Está más que demostrado que aumentar las
sanciones no reduce el consumo”, explica Carmen Martínez, secretaria de
Organización de la UNAD (Unión de Asociaciones y Entidades de Ayuda al
Drogodependiente). “Los adictos tienen la posibilidad de recuperarse, nos lo
demuestran a diario”, continúa, “no se les debe perseguir sino curar. Además,
tampoco aumentará la recaudación ya que estas sanciones tan altas son
imposibles de asumir por los drogodependientes”.
Tanto Manjón como las asociaciones de
consumidores de cannabis consultadas coinciden en que la nueva ley es
un intento del Ejecutivo de frenar los procesos de regulación existentes en Cataluña
y el País Vasco, donde se han creado comisiones parlamentarias para regular los
clubes de fumadores y el cultivo de marihuana. “Sancionar el cultivo es una
forma de yugular la actividad de los clubes de cannabis”, sostiene Manjón.
Jaume Xaus, portavoz de la Federación de Usuarios de Cannabis, apunta en la
misma dirección. “No se persigue el tráfico sino las iniciativas que han
surgido de la sociedad civil. Nos están intentando poner palos en las ruedas”,
afirma.
El Ministerio del
Interior, no ha consultado la reforma ni con las asociaciones de ayuda a la
drogadicción ni con las de consumidores de cannabis, parece dispuesto a acabar
con el actual modelo asociativo que ha surgido a la sombra de un vacío legal. Más
allá de multar con entre 1.001 y 30.000 euros los “actos de plantación de
drogas no constitutivos de delito”, la nueva normativa prevé entre sus medidas
cautelares la “suspensión o clausura de locales” en los que se estén
consumiendo drogas así como la “retirada de autorizaciones, permisos o
licencias”. Con la legislación actual, las multas por cultivos domésticos no se
imponen por defecto, pues no existe la sanción administrativa en caso de que no
haya delito. Solo un juez puede decidir en cada caso si una plantación
doméstica debe ser penalizada.
La Generalitat de Cataluña no tiene intención de
paralizar su proceso de regulación del cannabis, según afirman fuentes
cercanas a la redacción del futuro “código de buenas prácticas” que regulará la
materia, y ya se estudia la manera de permitir la existencia de estas
asociaciones a pesar de la nueva ley estatal.
Interior niega que se haya incluido expresamente
la prohibición del cultivo para acabar con la actividad de estos clubes. En cuanto al aumento de
las sanciones, considera que “1.001 euros de 2014 no representan una cuantía
sensiblemente superior a 50.000 pesetas (300 euros, la antigua sanción mínima)
de 1992”. Sobre la eliminación de la posibilidad de sustituir la multa por un
tratamiento, alega que dicha medida “no ha resultado eficaz para los objetivos
de integración social que perseguía”.
Reiterados estudios han
demostrado que, en
materia de drogas, los gobiernos logran beneficios financieros y sociales mucho
mayores invirtiendo en programas sociales y de salud, antes que dedicando los
recursos a actividades de persecución y aplicación de la ley. Los informes
demuestran también que los países que han desarrollado estrategias de reducción
de daños (reposición de jeringuillas, asistencia, sustitución de sanciones por
programas de desintoxicación...) tienen un porcentaje de prevalencia de VIH
entre adictos mucho menor. En Australia, por ejemplo, la tasa de toxicómanos
con sida es del 2%. En Rusia, donde no existe ninguna política de reducción de
daños, supera el 35%. Otro aspecto probado es que los factores que influyen en
la decisión de comenzar a tomar drogas tienen que ver más con el contexto
social y económico, la moda o los progenitores que con la normativa de cada
país.
Según el Informe Europeo sobre Drogas de 2013, al menos 85 millones de
europeos adultos (una cuarta parte) han consumido una droga ilegal en algún
momento de su vida. De estos, 77 millones declararon que había sido cannabis.
De los 250 millones de usuarios de drogas estimados en el mundo, la ONU
considera que solo un 10% se pueden clasificar como dependientes o
“problemáticos”. En España, el último informe del Plan Nacional sobre Drogas,
referido a 2011, expone una estabilización en el consumo de alcohol, heroína y
cannabis y una reducción de la cocaína. Según Manjón, los datos ni la situación
en Europa y América justifican los cambios legislativos. “No es un tema
científico sino político”, considera. “La tendencia mundial si no va hacia la
legalización, sí hacia un tratamiento más humano y coherente”.
noticia: http://elpais.com/
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada