La
reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana anunciada por el ministro de Interior
incluye un
espectacular
aumento de la cuantía de las sanciones por tenencia o consumo en lugares
públicos de
drogas
ilícitas, cuyo importe mínimo pasa de 300 a 3.000 euros. La Federación de
Asociaciones
Cannábicas
(FAC) considera que esta medida supone un nuevo paso en la criminalización de
las
personas
usuarias de sustancias psicoactivas, especialmente de cannabis, dado que la
inmensa
mayoría
de las 300.000 sanciones que se imponen al año son por la tenencia o consumo de
esta
planta.
Es
totalmente injustificable que el simple hecho de llevar un trozo de hachís en
el bolsillo o de
fumar
un porro con los amigos en un parque se considere un atentado grave contra la
seguridad
ciudadana,
pero es aún menos justificable incrementar un 1.000% el importe de las
sanciones, en
plena
crisis y con millones de familias casi sin ingresos.
No
tenemos muchas dudas acerca de la intención que subyace a esta medida. El
gobierno sabe que
el
uso de cannabis es una realidad social arraigada y que las medidas represivas
no sirven para
disuadir
a estas alturas de un consumo que millones de personas consideran totalmente
normal. Lo
que
se persigue no es otra cosa que aumentar la recaudación, ya que si se cobraran
las 300.000
sanciones
anuales a partir de 3.000 euros cada una, se recaudarían unos 1.000 millones de
euros
extra,
que sin duda ayudarían a tapar el agujero de Bankia.
El
uso de cannabis por parte de personas adultas es una conducta absolutamente
normal, legítima y
aceptada
con normalidad por la mayoría de la población, y no se justifica que se
mantenga en vigor
una
norma, nacida en plena histeria colectiva por la extensión de la heroína en las
calles y por el
abandono
de jeringuillas, para tratar como delincuentes e imponer sanciones claramente
desproporcionadas
y abusivas a personas que no causan ningún daño a sus conciudadanos.
El
consumo y tenencia de drogas ilícitas está claramente despenalizado en la
jurisprudencia
española,
pero los diferentes gobiernos se han negado hasta el momento a regular, tal y
como
sucede
en cada vez más países europeos y del resto del mundo, las cantidades que se
pueden
almacenar,
cultivar o llevar encima con destino al uso personal. Esto provoca una enorme
inseguridad
jurídica y un gigantesco gasto represivo que, curiosamente, no parece sufrir
los recortes
con
la misma intensidad que el resto del gasto público.
Reclamamos
que de una vez se regulen la tenencia, cultivo y consumo de cannabis y de otras
sustancias
psicoactivas, dejando de perseguirlos, sea por vía penal o administrativa.
Rechazamos
que
se use la Ley de Seguridad Ciudadana para imponer un impuesto de facto a las
personas
consumidoras
de sustancias consideradas ilícitas sin reconocerles a cambio ningún derecho.
Asimismo,
denunciamos el giro represivo que se pretende dar a dicha ley con el fin de
disuadir a
quienes
intenten protestar por la crisis y por las numerosas injusticias presentes en
nuestra
sociedad.
Federación de Asociaciones
Cannábicas.
http://www.fac.cc/index.php?option=com_content&view=article&id=156
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