dijous, 3 de maig de 2012

Regulación de clubes de cannabis, otra de participación


Aunque algunos últimamente crean haber descubierto algo nuevo cuando hacen uso y abuso del concepto "participación", ya hace tiempo que las instituciones vascas -y, en particular, el Parlamento- asumieron la responsabilidad de poner en marcha procesos de participación de los agentes implicados como paso previo a la regulación de las distintas materias. El objetivo de dichos procesos es claro: dar la repuesta más acertada a cuestiones complejas que suscitan amplio debate social. Se trata de dar voz y poner oídos a todo aquello que pueda enriquecer nuestra propia reflexión: bases jurídicas, evidencia científica, dificultades técnicas…
La ponencia específica constituida para estudiar la regulación de clubs de cannabis no es más que otro ejemplo de ello. Su objeto será el análisis de una solución regulada de la actividad de los denominados Clubes sociales de Cannabis. Estará abierta a la participación, al menos, de colectivos sociales, de las instituciones públicas implicadas en esa regulación y de personas expertas en la materia al objeto de definir un marco de estabilidad y seguridad jurídica de los citados clubes.
Al PNV -y, por tanto, a nuestro Grupo Parlamentario- le parece especialmente interesante fomentar la participación de aquellos agentes que tienen un papel activo en cada ámbito de actuación.
Según datos facilitados en el Parlamento, se estima que en Euskadi más de 50.000 personas usan a diario cannabis. 600.000 personas de la Comunidad Aautónoma del País Vasco afirman haberlo fumado alguna vez. También podemos afirmar que en Euskadi hay un autocultivo ampliamente extendido. Por tanto, no queda más que asumir que tanto el consumo como el autocultivo de cannabis son una realidad o práctica social muy extendida.
No obstante, estamos abordando un tema que debe analizarse considerando, al menos, los puntos de vista de la salud pública, la seguridad jurídica y la seguridad ciudadana. No podemos obviar que uno de nuestros fines prioritarios debe ser proteger la salud de las personas y que nuestras iniciativas deben ir claramente dirigidas a ello.
Por ello, es necesario que se facilite información completa de los efectos del consumo de cannabis. Es una sustancia psicoactiva con efectos perjudiciales para quienes lo consumen. Más perjudiciales aún en el caso de adolescentes y jóvenes, dado que bajo los efectos del cannabis se reduce la memoria y capacidad de concentración, lo que dificulta enormemente el aprendizaje.
Hace un año comparecieron en este Parlamento representantes de la Federación de Asociaciones Cannábicas, al objeto de exponer su situación actual, explicar las bases jurídicas de su actividad y poner las bases para la elaboración de propuestas políticas dirigidas a acabar con la inseguridad jurídica.
Esta situación de inseguridad jurídica se deriva de que la legislación en vigor no sanciona el consumo de dicha sustancia, mientras que sí sanciona la venta y el cultivo cuando se destina al tráfico.
Según datos aportados en la comparecencia, la jurisprudencia del Tribunal Supremo determina que las asociaciones se encuentran en una situación alegal. Las sentencias de distintos órganos judiciales han ido ratificando que el autocultivo puede ser legal si no va dirigido al tráfico. Resumiría la comparecencia de la federación con este mensaje: "Lo que estamos planteando es una serie de respuestas que no vengan directamente de la represión y que sean coercitivas, sino que también esté la educación, la prevención y por supuesto en último caso, la represión".
La ponencia favorecerá el debate de opiniones y posiciones diversas antes de fijar posición. Posibilitará el contacto con ideas y propuestas que vayan más allá de la visión de cada uno de los partidos políticos que estamos representados en el Parlamento.
Escucharemos, por tanto, la información expuesta por quienes participen en la ponencia, podremos realizar una reflexión compartida y, finalmente, cada uno sacará sus conclusiones, que -en el mejor de los casos- serán consensuadas, lo cual supondría el impulso político necesario para que la regulación llegue a materializarse.
No perdamos de vista nuestro fin: mejorar la calidad de vida de las personas -en este caso, mediante la regulación que nos lleve a evitar situaciones de inseguridad jurídica- sin chocar, en ningún caso, con otros aspectos determinantes para quien legisla como el de proteger la salud pública.
Nuestro grupo parlamentario considera que existen bases muy sólidas para abordar el debate y consideramos que el trabajo conjunto, el diálogo entre todas las fuerzas políticas, agentes sociales, ciudadanía e instituciones es la mejor vía para abordar cuestiones como ésta que suscitan gran debate social.

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