Ocurrió el pasado martes cuando se recibió una llamada en la
centralita de la Jefatura alertando de un fuerte olor a gas en esta calle de la
Zona Monumental. Una vez en el punto, los agentes comprobaron que,
efectivamente, hay un elevado olor a gas y se requirió la presencia de los
bomberos de Pontevedra que tras diversas comprobaciones determinaron que el
origen del olor es un bajo de unos de los inmuebles de esta calle. Ante el
peligro que pudiera suponer un escape, los efectivos de la Policía Local
accedieron al mismo para realizar las oportunas comprobaciones de seguridad y
para su sorpresa en el interior se encontraron con toda una plantación de
marihuana, concretamente 145 plantas en distintas fases de crecimiento. También
localizaron 178 gramos de hoja seca de esta droga y 339 gramos de flor de
marihuana, más conocidos como "cogollos" que se destinan
habitualmente al consumo, así como 50 pastillas de metadona. También
localizaron útiles para el pesaje, manipulación y envasado de la droga.
Hoy leemos esta noticia en:
Tras la reciente
operación de la Policía Local desmantelando un club de cultivo de marihuana
ubicado en la zona monumental de Pontevedra, ayer trascendió que la Fiscalía
tiene órdenes de estrechar el control sobre este tipo de colectivos.
La medida
es consecuencia de la última junta general de la Fiscalía Antidroga, que se
celebró en Bilbao y en la que se concluyó que «el cultivo de cualquier planta
con efectos tóxicos, estupefacientes o psicotrópicos, como el cannabis, está
sometido a un estricto sistema legal de autorización y control por el
Ministerio de Sanidad, con el exclusivo fin de obtener las sustancias
necesarias para la industria farmacéutica».
De este modo, se establece que «cualquier otra forma de cultivo
que no cumpla dichos requisitos queda incluida en la previsión de los
artículos» del Código Penal relativos a los delitos contra la salud pública en
la modalidad de cultivo, elaboración o tráfico de drogas.
A la hora de abordar el control sobre colectivos como la
Asociación Pontevedresa de Estudios del Kannabis (APEK) -cuyo responsable
declinó ayer realizar cualquier valoración sobre lo ocurrido-, el ministerio
público deberá focalizar su intervención en dos vertientes. Por un lado, vigilar
el contenido de los estatutos que les rigen. Se trata de una acción que, según
reconoce el propio fiscal general del Estado, no suele dar resultados
positivos, toda vez que suelen estar escritos de manera que no se aprecia «la
existencia de delito puesto que, normalmente, su contenido alude a la legalidad
vigente».
Una segunda vía es la que comprende un trabajo más activo y que
compromete a las fuerzas policiales. El objetivo, verificar que la actividad
que lleva a cabo el colectivo no se sale de la legalidad vigente. Así, los
responsables del local «no podrán realizar actos de cultivo o comercialización
sin someterse a los requisitos establecidos en la Ley de Estupefacientes».
El consumo compartido
Existe, no obstante, el temor de que en algunas de estas
asociaciones terminen produciéndose hechos delictivos bajo la cobertura de los
derechos de asociación y de libertad de expresión.
El consumo compartido es uno de los argumentos que estos clubes
aducen para defender su existencia. Sostienen, grosso modo, que el acceso a los
locales es restringido, que sus socios son mayores de edad, que no hay
beneficio económico y que cultivan para autoconsumo.
Sin embargo, el ministerio público no comparte esta última
apreciación. Las fuentes consultadas precisaron que el Supremo alude al consumo
compartido cuando habla de «un grupo pequeño de personas, de no más de tres o
cuatro», mientras que recordaron que en el caso de las asociaciones cannábicas
pueden juntarse decenas de personas.
Noticia : http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2012/06/24/fiscalia-estrecha-control-sobre-asociacion-cannabica/0003_201206P24C5991.htm
El principal
impulsor de la Asociación Pontevedresa de Estudios del Cannabis (Apek), José
Paz, ofreció ayer con detalle su versión acerca de los hechos sucedidos el
martes y el miércoles de la semana pasada (de los que este periódico informaba
el sábado) que concluyeron con la entrada de la Policía Local en el local
social del colectivo, en la calle San Nicolás, y la incautación de más de 100
plantas de marihuana, así como cogollos, pastillas de metadona y un arma corta.
El
portavoz de Apek continúa explicando la secuencia de los hechos con lo sucedido
24 horas después. «Llaman a la puerta, me piden que colabore, que si no tenemos
nada que esconder no habrá problemas, que se van a llevar el cannabis, todo lo
que les habíamos mostrado un día antes. Llamé a mi abogado, que habló con la
jefa de incidencias, y me dice que Fiscalía autoriza la intervención, que no me
oponga. Yo colaboro, les entrego el cannabis y empieza su registro, sin orden
ni hostias, saltándose todo, creo que es una orden de un juez lo que da permiso
para acceder a una propiedad privada».
Respuesta Apek: "Seguiremos luchando por el
derecho a existir en la sociedad"
El principal
impulsor de la Asociación Pontevedresa de Estudios del Cannabis (Apek), José
Paz, ofreció ayer con detalle su versión acerca de los hechos sucedidos el
martes y el miércoles de la semana pasada (de los que este periódico informaba
el sábado) que concluyeron con la entrada de la Policía Local en el local
social del colectivo, en la calle San Nicolás, y la incautación de más de 100
plantas de marihuana, así como cogollos, pastillas de metadona y un arma corta.
Apek
confirma la versión de los agentes municipales, que indican que accedieron al
local ante una alerta por olor a gas. «Estábamos lavando una botella de acero
inoxidable, y al tirar el agua por la alcantarilla se quedó cierto olor»,
admite José Paz. «Lo que sí había era un fuerte olor a cannabis, porque otro
socio y yo estábamos consumiendo». El responsable del colectivo señala que,
ante la llegada de refuerzos y en previsión de que fuesen a llevarse las
plantas, «me dirigí a la jefa de incidencias para explicarle nuestra situación,
que llevamos tres años de funcionamiento registrados en el Concello, con el
alta en Hacienda, en la Xunta y en el Ministerio de Interior. Ella decide que no
se interviene, y se van».
El
portavoz de Apek continúa explicando la secuencia de los hechos con lo sucedido
24 horas después. «Llaman a la puerta, me piden que colabore, que si no tenemos
nada que esconder no habrá problemas, que se van a llevar el cannabis, todo lo
que les habíamos mostrado un día antes. Llamé a mi abogado, que habló con la
jefa de incidencias, y me dice que Fiscalía autoriza la intervención, que no me
oponga. Yo colaboro, les entrego el cannabis y empieza su registro, sin orden
ni hostias, saltándose todo, creo que es una orden de un juez lo que da permiso
para acceder a una propiedad privada».
«En Apek
seguiremos luchando porque se nos respete, igual que nosotros respetamos, y por
un derecho a existir y convivir en la sociedad», concluye Paz.
http://diariodepontevedra.galiciae.com/nova/180160.html
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