diumenge, 24 de juny de 2012

La Fiscalía estrecha el control sobre la asociación cannábicas

Ocurrió el pasado martes cuando se recibió una llamada en la centralita de la Jefatura alertando de un fuerte olor a gas en esta calle de la Zona Monumental. Una vez en el punto, los agentes comprobaron que, efectivamente, hay un elevado olor a gas y se requirió la presencia de los bomberos de Pontevedra que tras diversas comprobaciones determinaron que el origen del olor es un bajo de unos de los inmuebles de esta calle. Ante el peligro que pudiera suponer un escape, los efectivos de la Policía Local accedieron al mismo para realizar las oportunas comprobaciones de seguridad y para su sorpresa en el interior se encontraron con toda una plantación de marihuana, concretamente 145 plantas en distintas fases de crecimiento. También localizaron 178 gramos de hoja seca de esta droga y 339 gramos de flor de marihuana, más conocidos como "cogollos" que se destinan habitualmente al consumo, así como 50 pastillas de metadona. También localizaron útiles para el pesaje, manipulación y envasado de la droga.


 
Hoy leemos esta noticia en:

 Tras la reciente operación de la Policía Local desmantelando un club de cultivo de marihuana ubicado en la zona monumental de Pontevedra, ayer trascendió que la Fiscalía tiene órdenes de estrechar el control sobre este tipo de colectivos. 
La medida es consecuencia de la última junta general de la Fiscalía Antidroga, que se celebró en Bilbao y en la que se concluyó que «el cultivo de cualquier planta con efectos tóxicos, estupefacientes o psicotrópicos, como el cannabis, está sometido a un estricto sistema legal de autorización y control por el Ministerio de Sanidad, con el exclusivo fin de obtener las sustancias necesarias para la industria farmacéutica».

De este modo, se establece que «cualquier otra forma de cultivo que no cumpla dichos requisitos queda incluida en la previsión de los artículos» del Código Penal relativos a los delitos contra la salud pública en la modalidad de cultivo, elaboración o tráfico de drogas.

A la hora de abordar el control sobre colectivos como la Asociación Pontevedresa de Estudios del Kannabis (APEK) -cuyo responsable declinó ayer realizar cualquier valoración sobre lo ocurrido-, el ministerio público deberá focalizar su intervención en dos vertientes. Por un lado, vigilar el contenido de los estatutos que les rigen. Se trata de una acción que, según reconoce el propio fiscal general del Estado, no suele dar resultados positivos, toda vez que suelen estar escritos de manera que no se aprecia «la existencia de delito puesto que, normalmente, su contenido alude a la legalidad vigente».

Una segunda vía es la que comprende un trabajo más activo y que compromete a las fuerzas policiales. El objetivo, verificar que la actividad que lleva a cabo el colectivo no se sale de la legalidad vigente. Así, los responsables del local «no podrán realizar actos de cultivo o comercialización sin someterse a los requisitos establecidos en la Ley de Estupefacientes».


El consumo compartido 
Existe, no obstante, el temor de que en algunas de estas asociaciones terminen produciéndose hechos delictivos bajo la cobertura de los derechos de asociación y de libertad de expresión.
El consumo compartido es uno de los argumentos que estos clubes aducen para defender su existencia. Sostienen, grosso modo, que el acceso a los locales es restringido, que sus socios son mayores de edad, que no hay beneficio económico y que cultivan para autoconsumo.
Sin embargo, el ministerio público no comparte esta última apreciación. Las fuentes consultadas precisaron que el Supremo alude al consumo compartido cuando habla de «un grupo pequeño de personas, de no más de tres o cuatro», mientras que recordaron que en el caso de las asociaciones cannábicas pueden juntarse decenas de personas.


Noticia : http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2012/06/24/fiscalia-estrecha-control-sobre-asociacion-cannabica/0003_201206P24C5991.htm 


Respuesta Apek: "Seguiremos luchando por el derecho a existir en la sociedad"

El principal impulsor de la Asociación Pontevedresa de Estudios del Cannabis (Apek), José Paz, ofreció ayer con detalle su versión acerca de los hechos sucedidos el martes y el miércoles de la semana pasada (de los que este periódico informaba el sábado) que concluyeron con la entrada de la Policía Local en el local social del colectivo, en la calle San Nicolás, y la incautación de más de 100 plantas de marihuana, así como cogollos, pastillas de metadona y un arma corta.
Apek confirma la versión de los agentes municipales, que indican que accedieron al local ante una alerta por olor a gas. «Estábamos lavando una botella de acero inoxidable, y al tirar el agua por la alcantarilla se quedó cierto olor», admite José Paz. «Lo que sí había era un fuerte olor a cannabis, porque otro socio y yo estábamos consumiendo». El responsable del colectivo señala que, ante la llegada de refuerzos y en previsión de que fuesen a llevarse las plantas, «me dirigí a la jefa de incidencias para explicarle nuestra situación, que llevamos tres años de funcionamiento registrados en el Concello, con el alta en Hacienda, en la Xunta y en el Ministerio de Interior. Ella decide que no se interviene, y se van».
 El portavoz de Apek continúa explicando la secuencia de los hechos con lo sucedido 24 horas después. «Llaman a la puerta, me piden que colabore, que si no tenemos nada que esconder no habrá problemas, que se van a llevar el cannabis, todo lo que les habíamos mostrado un día antes. Llamé a mi abogado, que habló con la jefa de incidencias, y me dice que Fiscalía autoriza la intervención, que no me oponga. Yo colaboro, les entrego el cannabis y empieza su registro, sin orden ni hostias, saltándose todo, creo que es una orden de un juez lo que da permiso para acceder a una propiedad privada». 
«En Apek seguiremos luchando porque se nos respete, igual que nosotros respetamos, y por un derecho a existir y convivir en la sociedad», concluye Paz.

http://diariodepontevedra.galiciae.com/nova/180160.html





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