Consideran que se les criminaliza
sin motivo y recuerdan que los clubes cannábicos se basan en decenas de
resoluciones judiciales favorables.
Exigen el fin de la inseguridad
jurídica y reclaman una regulación clara del uso personal de cannabis.
Los medios de comunicación no son
el lugar donde un fiscal debe realizar sus acusaciones. Si tiene
cargos concretos contra alguna persona o entidad, debe presentarlos en el
juzgado correspondiente y no en una rueda de prensa, criminalizando
públicamente a cientos de entidades legalmente constituidas, muchas de las
cuales, tras pasar bajo la lupa del sistema judicial, disponen de licencia de
actividad y personal contratado, pagan impuestos, realizan actividades de
prevención de riesgos, y evitan que miles de personas alimenten el mercado
negro.
Hace muchos años que desde la FAC
reclamamos en todos los ámbitos una regulación clara del uso, posesión y autoproducción
de cannabis, algo que aún no hemos conseguido a pesar de que hace ya casi
cuarenta años que el consumo está despenalizado. Es ahora cuando, gracias al
debate iniciado en el Parlamento Vasco a petición de nuestra federación, se
comienza a oír a todas las partes implicadas para tratar de acabar con lo que
casi todo el mundo (excepto la fiscalía antidroga) considera un vacío legal que
lesiona derechos de personas que no cometen delito alguno.
El señor Noreña afirma que la
existencia de los Clubes Sociales de Cannabis se basa en “una trampa”,
ignorando olímpicamente las decenas de resoluciones judiciales que avalan su
existencia. Es más, en la gran mayoría de esos casos la fiscalía no presentó
recurso en su día, a pesar de que se produjeron después de que el actual
fiscal-jefe, señor Noreña, tomara posesión en 2006. Así que si su intención es
estar “muy atentos” a lo que hacen las asociaciones, y si tan seguros están de
que las actividades de éstas son delictivas, una de dos: O el señor Noreña no ha
hecho bien su trabajo en estos últimos años o sus afirmaciones no son ciertas.
La fiscalía solo es la parte
acusatoria de un proceso judicial, no la encargada de resolverlo, prerrogativa
que corresponde a jueces y magistrados. Cada vez resulta más evidente que,
mientras que la visión de la magistratura sobre el cannabis y su uso ha ido
evolucionando en consonancia con la realidad social, la de la fiscalía
antidroga permanece inamovible y ajena al sentir de la mayoría. Es necesario
resolver cuanto antes ese divorcio que lleva a que la fiscalía a clame una y
otra vez pidiendo unos castigos que los jueces no parecen dispuestos a imponer.
No olvidemos que esa falta de sintonía se traduce en detenciones, incautación
de bienes, destrucción de cosechas, y apertura de expedientes judiciales que no
conducen a nada, lo cual acarrea un daño innecesario a las personas implicadas
y un coste inasumible para el conjunto de la sociedad.
Entendemos que se establezcan límites y
controles sobre las actividades de los Clubes Sociales de Cannabis, de hecho
eso es lo que venimos reclamando durante años desde la FAC. Buena prueba de
ello es que los clubes integrados en nuestra federación tienen su propio código
de autorregulación, que ya ha sido propuesto a diferentes instituciones para su
aplicación general mediante las necesarias reformas legales. En la FAC no
tenemos nada que esconder y no le tenemos miedo a la lupa de nadie. Actuamos de
buena fe y a cara descubierta, así que es muy fácil localizarnos e
intervenirnos. Lo difícil es acabar con las mafias y con el mercado
clandestino, un terreno en el que los resultados de las actuales políticas son
nulos, si no contraproducentes.
Sobre la mesa hay dos propuestas para
reducir el mercado ilícito de cannabis. Por una parte tenemos la vía represiva
clásica, que es la que nos propone la fiscalía antidroga, cuya carestía,
ineficacia y abundantes efectos secundarios indeseados son de sobra conocidos.
Por otra parte, tenemos el modelo de los Clubes Sociales de Cannabis, una
experiencia novedosa que deja al mercado ilícito sin sus potenciales clientes,
generando puestos de trabajo y recaudación de impuestos, y que permite un
equilibrio razonable entre los derechos de las personas usuarias y no usuarias,
a la vez que dificulta el consumo por parte de menores.
Cuando algo no funciona, hay que
arreglarlo, y las políticas sobre drogas son un claro ejemplo de ello. Si el
fiscal antidroga no es capaz de ofrecer a la sociedad los resultados que se
esperan de él, lo lógico es debatir sobre formas alternativas de hacer las
cosas. Y lo razonable es que ese debate sea asumido por las instituciones
democráticas, como el Parlamento Vasco. Lo que no es razonable, como decía
Einstein, es pasarse la vida haciendo siempre lo mismo y esperar conseguir resultados
diferentes.
Madrid, 20 de junio de 2012.
Federación de Asociaciones de
Personas Usuarias de Cannabis (FAC)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada