dimecres, 20 de juny de 2012

Respuesta Fiscalia antidroga

La Federación de Asociaciones de Personas Usuarias de Cannabis (FAC) rechaza .Las declaraciones de la fiscalia antidroga

 Consideran que se les criminaliza sin motivo y recuerdan que los clubes cannábicos se basan en decenas de resoluciones judiciales favorables.

 Exigen el fin de la inseguridad jurídica y reclaman una regulación clara del uso personal de cannabis. 

 La Federación de Asociaciones de Personas Usuarias de Cannabis (FAC) desea mostrar su rotundo rechazo a las recientes declaraciones del fiscal-jefe de la Fiscalía Especial Antidroga, José Ramón Noreña, en las que acusa a las asociaciones de personas usuarias de cannabis de financiarse con el tráfico de estupefacientes y de funcionar en base a una trampa legal.

 Los medios de comunicación no son el lugar  donde un fiscal debe realizar  sus acusaciones. Si tiene cargos concretos contra alguna persona o entidad, debe presentarlos en el juzgado correspondiente y no en una rueda de prensa, criminalizando públicamente a cientos de entidades legalmente constituidas, muchas de las cuales, tras pasar bajo la lupa del sistema judicial, disponen de licencia de actividad y personal contratado, pagan impuestos, realizan actividades de prevención de riesgos, y evitan que miles de personas alimenten el mercado negro. 
Hace muchos años que desde la FAC reclamamos en todos los ámbitos una regulación clara del uso, posesión y autoproducción de cannabis, algo que aún no hemos conseguido a pesar de que hace ya casi cuarenta años que el consumo está despenalizado. Es ahora cuando, gracias al debate iniciado en el Parlamento Vasco a petición de nuestra federación, se comienza a oír a todas las partes implicadas para tratar de acabar con lo que casi todo el mundo (excepto la fiscalía antidroga) considera un vacío legal que lesiona derechos de personas que no cometen delito alguno.

 El señor Noreña afirma que la existencia de los Clubes Sociales de Cannabis se basa en “una trampa”, ignorando olímpicamente las decenas de resoluciones judiciales que avalan su existencia. Es más, en la gran mayoría de esos casos la fiscalía no presentó recurso en su día, a pesar de que se produjeron después de que el actual fiscal-jefe, señor Noreña, tomara posesión en 2006. Así que si su intención es estar “muy atentos” a lo que hacen las asociaciones, y si tan seguros están de que las actividades de éstas son delictivas, una de dos: O el señor Noreña no ha hecho bien su trabajo en estos últimos años o sus afirmaciones no son ciertas.

 La fiscalía solo es la parte acusatoria de un proceso judicial, no la encargada de resolverlo, prerrogativa que corresponde a jueces y magistrados. Cada vez resulta más evidente que, mientras que la visión de la magistratura sobre el cannabis y su uso ha ido evolucionando en consonancia con la realidad social, la de la fiscalía antidroga permanece inamovible y ajena al sentir de la mayoría. Es necesario resolver cuanto antes ese divorcio que lleva a que la fiscalía a clame una y otra vez pidiendo unos castigos que los jueces no parecen dispuestos a imponer. No olvidemos que esa falta de sintonía se traduce en detenciones, incautación de bienes, destrucción de cosechas, y apertura de expedientes judiciales que no conducen a nada, lo cual acarrea un daño innecesario a las personas implicadas y un coste inasumible para el conjunto de la sociedad.

Entendemos que se establezcan límites y controles sobre las actividades de los Clubes Sociales de Cannabis, de hecho eso es lo que venimos reclamando durante años desde la FAC. Buena prueba de ello es que los clubes integrados en nuestra federación tienen su propio código de autorregulación, que ya ha sido propuesto a diferentes instituciones para su aplicación general mediante las necesarias reformas legales. En la FAC no tenemos nada que esconder y no le tenemos miedo a la lupa de nadie. Actuamos de buena fe y a cara descubierta, así que es muy fácil localizarnos e intervenirnos. Lo difícil es acabar con las mafias y con el mercado clandestino, un terreno en el que los resultados de las actuales políticas son nulos, si no contraproducentes.

Sobre la mesa hay dos propuestas para reducir el mercado ilícito de cannabis. Por una parte tenemos la vía represiva clásica, que es la que nos propone la fiscalía antidroga, cuya carestía, ineficacia y abundantes efectos secundarios indeseados son de sobra conocidos. Por otra parte, tenemos el modelo de los Clubes Sociales de Cannabis, una experiencia novedosa que deja al mercado ilícito sin sus potenciales clientes, generando puestos de trabajo y recaudación de impuestos, y que permite un equilibrio razonable entre los derechos de las personas usuarias y no usuarias, a la vez que dificulta el consumo por parte de menores.

Cuando algo no funciona, hay que arreglarlo, y las políticas sobre drogas son un claro ejemplo de ello. Si el fiscal antidroga no es capaz de ofrecer a la sociedad los resultados que se esperan de él, lo lógico es debatir sobre formas alternativas de hacer las cosas. Y lo razonable es que ese debate sea asumido por las instituciones democráticas, como el Parlamento Vasco. Lo que no es razonable, como decía Einstein, es pasarse la vida haciendo siempre lo mismo y esperar conseguir resultados diferentes.

Madrid, 20 de junio de 2012.

Federación de Asociaciones de Personas Usuarias de Cannabis (FAC)

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