El desafío de 'Pepé' Mujica

Mariacachafa, maría, hierba, bareta, mota, chafa, ganja, porro, pot, bate o cacho. De Alaska a Ushuaia hay cientos de formas de llamar la marihuana. Y en toda América, una sola manera de comprarla: ilegalmente.

Sin embargo, algo está cambiando. En América Latina se multiplican las voces que piden un debate sobre la despenalización. En Estados Unidos por primera vez una mayoría piensa que se debería liberalizar el consumo. Pero en Uruguay, las propuestas cautelosas y las opiniones tímidas mutaron en decisiones reales. Hace diez días el presidente José  Mujica prendió el debate al anunciar que legalizaba la marihuana. 

Una propuesta que no deja de levantar ampollas, pero que es valiente en un continente que ha padecido como ninguno la ineficaz y trágica guerra contra el narcotráfico. Más claro no podía decirlo Mujica: "Alguien tiene que ser el primero, porque estamos perdiendo la batalla contra las drogas y el crimen".

El plan de Mujica, que aún tiene que ser ratificado y reglamentado por el Parlamento, donde puede terminar como un canto a la bandera, es que el Estado se encargue de vender marihuana a los consumidores. El gobierno estima que hay 150.000 fumadores que, después de registrarse en una base de datos, podrían comprar un tope de 30 gramos mensuales, lo que alcanza para unos 45 porros. Va a haber un sistema digital y una huella química para rastrear la droga y evitar que sea revendida. Se calcula que el Estado produciría 45.000 kilos de cannabis al año en granjas especializadas. El precio incluiría impuestos que se destinarían a financiar políticas preventivas y de rehabilitación.



Así esperan combatir las mafias que, gracias al mercado negro, mueven en Uruguay cerca de 75 millones de dólares anuales solo con la marihuana. Además, sería una manera de alejar los consumidores de los jíbaros que venden drogas duras como la cocaína o la heroína. Sebastián Sabini, diputado de la coalición de Mujica, dijo: "Ya veníamos trabajando para que fuera el Estado y no los narcotraficantes los que regularan el mercado. Acá el consumo no está prohibido, pero hay una contradicción, pues no se puede vender. Eso tiene muchas consecuencias negativas, se multiplica la corrupción, el lavado de activos, la delincuencia, la inseguridad".

En paralelo, el gobierno pretende aumentar las penas contra los narcotraficantes, los policías corruptos y los vendedores de droga. Se van a reforzar las agencias de lucha contra los carteles y el Estado ofrecería a los toxicómanos tratamientos médicos y un acompañamiento psicológico para que logren superar sus adicciones.

Ahora falta ver si la solución de Mujica, que hace parte de un paquete de medidas para combatir la violencia, logra pasar el escollo del Congreso. El gobierno aún no ha pasado un proyecto de ley y la legalización aún parece estar en pañales. Sabini dijo que "es probable que haya oposición, hay un corte generacional muy grande, pero hay que romper con miedos y mitos". Por su parte, el analista político Óscar Bottinelli, director de la encuestadora Factum, dijo que "la propuesta ha sido recibida de forma polémica. Como fue lanzada a grandes trazos y no hay un proyecto concreto, no hay pronunciamientos definitivos de los parlamentarios. Pero no va a ser tan fácil que pase".

Desde hace unos años el sicariato, los asesinatos y los arrestos de capos se multiplicaron en un país que era conocido como 'la Suiza de América'. Se rumora que los narcos están llegando de Brasil, de Colombia o de Argentina para esconderse y aprovechar las debilidades de la Policía uruguaya. Bottinelli dijo que "en Uruguay no había grandes mafias. La preocupación de las redes de narcotráfico no era el tráfico de drogas, sino la utilización de Uruguay para el lavado de dinero".

Las críticas contra Mujica no se hicieron esperar. En Uruguay dicen que es "una cortina de humo" para tapar la violencia. También tildaron la medida de improvisada e irresponsable. Por fuera el rechazo fue casi unánime. Venezuela acusó a Montevideo de "hacer trampa", Colombia consideró que la medida genera "distorsiones en la región" y la ONU advirtió que es una violación a convenciones internacionales. Por ahora la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife) anunció que enviaba una misión urgente a Uruguay para debatir la situación. Pero la decisión puede, además, acarrearle problemas diplomáticos.

Algunos también rechazaron que los consumidores se tengan que registrar. Contradiciendo su gobierno, el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, tildó la idea de "rasgo fascista" que hay que corregir. Otros le temen al "narcoturismo" como en Holanda, donde miles de extranjeros solo van a visitar los coffee shops.

Ricardo Vargas, sociólogo colombiano del Transnational Institute y autor de Narcotráfico, guerra y política antidrogas,apunto que  "Mujica se está anticipando a un escenario que en diez años puede ser generalizado. Van a controlar la cadena completa, la producción, la distribución y la venta, algo que hasta ahora no se había hecho".

Las cifras respaldan el camino uruguayo, que combina legalización de drogas blandas, represión contra drogas duras y un enfoque de salud pública para los adictos. Según Vargas, "en Holanda hicieron algo similar: penalizar las drogas duras y el tráfico para establecer líneas de diferenciación. Las estadísticas muestran que en Holanda no se disparó en absoluto el uso de drogas".

Y las consecuencias de la guerra contra las drogas son conocidas. En 40 años solo ha logrado cebar a los narcotraficantes y llevarse cientos de miles de vidas. No ha disminuido el consumo, no es más difícil conseguir drogas, hay sobrepoblación carcelaria y un despilfarro de plata increíble.

Sin embargo, en la ONU y en la Casa Blanca siguen obsesionados con la prohibición. Uruguay abrió una brecha, anunció que la legalización se va a volver una política exterior y que van a presionar en escenarios internacionales para promover su solución. Y aunque se pueda quemar, Mujica se atrevió a ser pionero. Para el bien de América Latina, ojalá le vaya bien.

 

Presidente ‘hippie’

En el Rincón del Cerro, un paraje rural a 20 minutos de Montevideo, hay una finca pequeña, con una casa humilde, sin lujos, que no se diferencia del vecindario. Esa es la ‘chacra’ de José ‘Pepe’ Mujica, el exlíder guerrillero Tupamaro de 77 años, que sobrevivió a seis balazos y 12 años de encierro en una celda de un metro cuadrado hasta llegar en 2010 a la presidencia de Uruguay. Allí se refugia con su esposa, la senadora Lucía Topolansky, y su perra coja Manuela, lejos de la opulencia del palacio presidencial.

Ascético, dona 90 por ciento de su salario de 12.500 dólares a cooperativas y obras sociales, pues, según él, “con ese dinero me alcanza, y me tiene que alcanzar porque hay otros uruguayos que viven con mucho menos”. Se desplaza en un Volkswagen celeste modelo 1987 y en un Chevrolet Corsa viejo. No usa corbata. No tiene celular. No tiene tarjeta de crédito. Sus posesiones se limitan a un tractor y su tierra, donde recarga sus fuerzas arando desde la madrugada. Ostenta un título que pocos mandatarios envidian, pero que muchos ciudadanos admiran: “el presidente más pobre del mundo”. Su vida encarna, décadas después, el sueño de los hippies.

En la cumbre de Rio+20 fue protagonista con un discurso en el que criticó el hiperconsumismo, afirmó que el problema de la ecología es político y concluyó que “cuando luchamos por el medio ambiente, tenemos que recordar que el primer elemento se llama felicidad humana”. En su país, según le dijo a SEMANA el analista uruguayo Óscar Bottinelli, “la gente le tiene un gran aprecio, pero están desorientados porque es un hombre que piensa en voz alta y la gente recibe mensajes contradictorios. Pero sí ha logrado ser el más antipolítico de los políticos y responde a una necesidad creciente en el mundo”. 

 

Noticia: http://www.semana.com/mundo/legalizacion-marihuana-desafio-jose-pepe-mujica/179887-3.aspx