dimarts, 31 de juliol de 2012

«Portugal ofreció al mundo un poderoso ejemplo de cómo una política nacional de droga puede funcionar en beneficio de todos»


Portugal siempre estuvo entre los países europeos de menor consumo de drogas ilícitas. Pero en las décadas de 1980 y 1990 era lo contrario, en especial se consumía heroína. Una ley adoptada en 2001 por este país católico y conservador quitó el carácter de delito penal al consumo de drogas y logró reducir esa tendencia, eliminando de paso un gran obstáculo para que los adictos se animasen a solicitar tratamiento.

 
La prevalencia del consumo de heroína en la franja de 16 a 18 años cayó del 2,5 por ciento en 1999 al 1,8 por ciento en 2005, según el estudio“Drug Decriminalization in Portugal ; Lessons for Creating Fair and Sucessful Drug Policies”(Despenalización de drogas en Portugal; lecciones para crear políticas justas y exitosas), publicado por The Cato Institute en 2009. 

Además, la prevalencia del uso de cualquier sustancia ilícita entre los jóvenes de 15 a 19 años se redujo del 10,8 por ciento al 8,6 por ciento entre 2001 y 2007, según dos grandes encuestas realizadas sobre el tema. 

Pero la despenalización es parte de un conjunto de políticas, tanto en la reducción de la oferta, como en la de la demanda, que incluye medidas de prevención, de tratamiento, de reducción de daños y de reinserción social, nos dice el médico João Augusto Castel-Branco Goulão, arquitecto de la reforma portuguesa y presidente del  Instituto da Droga e da Toxicodependencia.
Quizá el mayor avance se observa en los daños asociados a la toxicomanía, como los contagios de VIH/sida. En 2000, de todos los nuevos casos de VIH (virus de inmunodeficiencia humana), el contagio por uso de drogas inyectables constituía el 52 por ciento. En 2009 había caído hasta el 16 por ciento. 

En ese logro jugaron las medidas de reducción de daños, como el reparto de jeringas y agujas limpias, agua destilada, gasa y preservativos a los usuarios de heroína que, para obtener un paquete nuevo, deben devolver los materiales usados. 

«Portugal ofreció al mundo un poderoso ejemplo de cómo una política nacional de droga puede funcionar en beneficio de todos», sostiene Kasia Malinowska-Sempruch, directora del Global Drug Policy Program de Open Foundations en el prólogo de otra investigación publicada en junio de 2011, que atestigua la misma tendencia.

En noviembre se conocerán los resultados de un estudio mayor sobre las drogas en la población general, dice Goulão. La reforma no legalizó el consumo. Pero este dejó de ser un delito penal, castigado con prisión y registrado en el prontuario policial.

Es apenas una infracción, objeto de multa en tribunales administrativos (comisiones para la disuasión de la toxicomanía), con autoridad para aplicar esas sanciones y para analizar los casos bajo una óptica de salud para el ciudadano consumidor. 

Se distingue la infracción del delito por la cantidad de droga que posea la persona, fijada en el equivalente a 10 días de consumo para todas las sustancias, desde el cannabis hasta la heroína o el LSD (ácido lisérgico). «Las medidas punitivas por sí solas, por más duras que sean, no son capaces de reducir los consumos», dijo el exmandatario brasileño Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), en una visita a Lisboa en 2011, en su condición de presidente de la Comisión Mundial sobre Políticas de Drogas. 

El camino de Portugal es encomiable por «su carácter innovador, su alcance y (por) la consistencia de la política nacional en un país de arraigada tradición conservadora», dijo Cardoso. Dos años antes, Portugal había comenzado a ser citado como ejemplo cuando el estadounidense The Cato Institute calificó su experiencia de «éxito rutilante». 
Es que el mundo busca alternativas a la fallida guerra a las drogas, cristalizada con el primer instrumento internacional en la materia, la
 Convencion Unica de 1961 sobre Estupefacientes

Extinguido el temor de un procesamiento por posesión de estupefacientes, cientos de personas, en especial jóvenes, optan por acceder a la red de atención creada en el marco de la misma reforma legal, en instituciones estatales o privadas. 

Tratamiento privado 

Entre los usuarios de drogas inyectables que acuden al tratamiento, el porcentaje de los que habían consumido en el mes anterior a la primera consulta cayó del 28 por ciento en 2003 a solo el siete por ciento en 2010.
En la clínica privada Creta, ubicada en una mansión restaurada en la comarca de Cascáis, aledaña a Lisboa, su directora terapéutica, Claudia Santos, asegura que «nuestro índice de éxito ha aumentado en los últimos años», sobre todo por el acompañamiento posterior a la terapia, que se prolonga hasta nueve meses, mientras que solo permanecen dos semanas internados.

Entre el 60 y el 70 por ciento de los que reciben tratamiento no reinciden ni una vez en el año siguiente, asevera. En Creta no se emplea la sustitución de drogas por otras sustancias, como la metadona, sino que «optamos por la abstinencia total», nos dice la psicóloga Santos. 

Se aplican además programas para desempleados, «que continúan visitándonos y participando en actividades». «Esta triangulación de terapia individual, seguimiento y reuniones colectivas ha sido un éxito, ya que las personas no sienten que han hecho una cura y después son arrojadas a la vida». 

Esperanza perdida 

En Bairro Alto, sector bohemio del centro de Lisboa, y en Casal Ventoso, hace una década el mayor supermercado de drogas a cielo abierto de toda Europa, aún deambulan toxicómanos. Y la crisis económica podría engrosar otra vez sus filas. 

Dos de ellos, de entre 35 y 40 años, aceptaron contarnos sus experiencias a condición de no ser identificados ni fotografiados. 

«Carlos», un joven mecánico de automóviles, había dejado la cocaína hace más de una década, «pero hace un año, cuando en el taller redujeron personal debido a la crisis, fui el primer despedido, algo que ha ocurrido a varios viejos compañeros de ruta que se habían rehabilitado». «Estamos en primera línea en la pérdida de empleos», enfatiza.

Con la vida así trastocada, «comencé a hundirme en la oscuridad, sin deseos de ver ni hablar con nadie, y mis noches eran de desvelo o pesadillas. Aguanté menos de dos meses y volví a Casal Ventoso». Casi todo el subsidio de desempleo «lo he consumido en drogas, ignorando lo que me pueda pasar en el futuro. ¿Qué puede ser peor? Solo perder la vida, porque el resto ya lo he perdido: amigos, casa, familia, y se me acaba el subsidio, por lo tanto, el dinero», concluye. 

Agostinho, que aceptó dar su verdadero nombre de pila, es un viejo amigo de Carlos, al que había encontrado por última vez hace ocho años, «porque él no quería caminar en malas compañías», ironiza con una amplia sonrisa mientras lo señala con el dedo. «Empecé hace 10 años un tratamiento con metadona, pero después de seis meses no me dio resultado y no me quedó otra (alternativa) que seguir haciendo esta vida», dice. 

Consume «cualquier cosa que consiga a buen precio». Sobrevive de las propinas que le dan los automovilistas en busca de un lugar para estacionar en el centro de la congestionada Lisboa. Aunque la ley no permite a la policía arrestar a los usuarios de drogas, «continúan tratándonos mal, porque para ellos, los aparcacoches somos toxicómanos y, por lo tanto, peligrosos criminales». 

Pero las estadísticas muestran que los hurtos y robos cometidos por usuarios de drogas y para la adquisición de sustancias no han crecido. Al contrario, el país registra incluso un descenso en varios tipos de delitos, pese a la recesión económica que vive. 

Todo lo que Agostinho gana «va derechito para la droga y no basta, por lo que por las noches voy a casa de mi madre viuda, me da algo de comer y, por qué no confesarlo, a veces le 'levanto' algún dinero que tiene guardado o algún objeto para vender», dice. «Ella lo sabe y lo acepta. Después de todo, yo soy lo único que le queda en esta vida».

Por Mario Queiroz

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