Ahora mismo están en
el punto de mira de la Administración. Existe una ofensiva contra las llamadas
asociaciones cannábicas de autoconsumo. Se suceden entradas y registros e
incautaciones de marihuana en decenas de locales. La policía cree que la suma
de los cultivos individuales en una gran plantación es un fraude de ley. Los
amantes del cannabis aseguran que con la autorregulación se evita engrandecer
los bolsillos de los traficantes. Sin embargo, en medio, hay una serie de
colectivos con apariencia de entidad sin ánimo de lucro que actúan como coffee
shops, a la holandesa. Y eso es un delito por mucho que sus titulares estén
inscritos en el registro de asociaciones.
El consumo de la droga no es delito en España, pero sí la tenencia. Desde el
aparato policial, se tiene muy claro. "Los supuestos en los que la
tenencia de drogas es legal están muy tasados por la ley", asegura el
comisario de los Mossos d'Esquadra, Joan Miquel Capell. Y esos supuestos son:
motivos médicos, por constituir la base de un proceso industrial, razones
científicas o el de pequeñas muestras destinadas a finalidades pedagógicas en
ámbitos académicos. Por norma general, cualquier otra tenencia es ilegal. Si la
cantidad es pequeña, será una falta administrativa -de ahí, por ejemplo, las
multas a los consumidores en la vía pública- y si la cantidad excede lo que la
ley considera autoconsumo -las cantidades pueden ser flexibles dependiendo del
grado de adicción-, entonces se incurre en un tipo penal y se corre el riesgo
de ir a prisión por un delito contra la salud pública.Sin embargo, existen asociaciones de consumidores en España y en todo el mundo occidental que abogan por un cambio de políticas que permita al fumador de marihuana abandonar el terreno de inseguridad jurídica en el que dicen estar, por ejemplo, los consumidores españoles. "La ley actual sólo beneficia a las mafias y está anticuada. Está redactada contra el tráfico de heroína de los años ochenta. Ahora sólo sirve para atacar a ciertos movimientos sociales". Esta es la opinión de José Afuera, de 35 años y presidente de La Maca (Movimiento Asociativo Cannábico de Autoconsumo), con sede en distrito barcelonés de Sants.
Afuera es un firme defensor de la regulación a ultranza del autoconsumo, por
tanto, de la despenalización de la tenencia dentro de ese marco específico.
Está dispuesto, dice, a dar públicamente los datos de la entidad que capitanea.
Son 500 asociados; de ellos, unos 200 lo son, asegura Afuera, por motivos
terapéuticos. Cada uno de ellos paga 30 euros de cuota anual y la cantidad
mensual correspondiente a su previsión media de consumo, en correlación con los
costes que calcula la entidad que le comporta el cultivo. Por ejemplo, alguien
que consuma entre 15 y 20 gramos al mes hará frente al pago mensual de unos 100
euros. Son cuotas flexibles que se van adecuando a las previsiones y
necesidades del asociado. "El dinero incluye también todos los servicios
comunes de la asociación, así como la consulta médica permanente de la que
disponemos y que supervisa el caso de cada asociado", aclara Afuera. Los
pagos de las tarifas se hacen directamente en forma de imposiciones en una
cuenta bancaria a nombre de la asociación. "No tocamos el dinero en la
asociación", añade.Nadie puede superar los 60 gramos al mes, excepto por causas médicas muy justificadas. Con todo y que los nuevos socios sólo logran esa condición si la recomienda otro, se ha dado algún caso de deslealtad en la forma de venta del sobrante de un nuevo asociado a terceros con ánimo lucrativo. Se trata de una práctica totalmente prohibida por los estatutos y su autor es inmediatamente expulsado. "Tenemos normas muy estrictas", afirma Afuera.
"Sin las incautaciones policiales que hemos sufrido últimamente, habríamos llegado a la previsión colectiva de este año, que era de 260 kilogramos", añade este consumidor de cannabis y a la vez presidente de La Maca y de la federación de asociaciones cannábicas de Catalunya.
Afuera reconoce que dentro de las asociaciones o colectivos cannábicos hay grados de seriedad, cuando no aprovechados que acaban traficando bajo la apariencia de asociación. En ello, quizá sin quererlo, coincide con el comisario Capell. "Hay quien se piensa que por tener cubierto el trámite de inscribirse en el registro de asociaciones de Interior se puede hacer lo que se quiera", puntualiza este alto mando policial. En ocasiones, se esgrime esa condición registral para evitar la acción policial, lo que resulta completamente inútil. La policía, porque es un mandato legal, debe esclarecer cualquier tipo de tenencia. Sin embargo, después los jueces reconocerán o no la existencia de lucro o dolo en la actividad de una asociación o, en cambio, su carácter colectivo y sin interés pecuniario.
Afuera asegura de forma vehemente que no ha habido en España una sola condena por autoconsumo. Y de hecho existe jurisprudencia, tanto del Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo, en la que se da por admitida la validez, en determinadas circunstancias, del autoconsumo colectivo. Podría tener lógica lo que asegura el presidente de La Maca. Nadie ha sido condenado por autoconsumo colectivo porque en cuanto se produce una condena es porque no se apreciaba esa conducta sino una delictiva, la que se corresponde con la de tráfico de drogas, o, como viene tipificado en el Código Penal, con un delito contra la salud pública.
Recientemente, los Mossos d'Esquadra han entrado en varios locales de asociaciones de consumo de cannabis y los han registrado. En alguno se ha encontrado droga comprada en el mercado negro porque no se alcanzaba la necesaria para cubrir el autoconsumo de los socios. La policía lo tiene claro. Eso es tráfico. De hecho, colectivos como La Maca están en contra de "las falsas asociaciones que actúan como coffee shop", insiste Afuera.
El debate sobrepasa las fronteras españolas. Existen activistas en pro de la legalización del cultivo y autoconsumo de cannabis en muchos países. Desde la presidencia de la República Oriental del Uruguay se ha lanzado la propuesta de regular la compraventa de marihuana y el pago de impuestos especiales. El debate se ha contagiado a países vecinos como Argentina y Brasil, y hasta en México empiezan a oírse voces en esa dirección. José Afuera cree que ese es el camino. Por ahora, el comisario Capell seguirá aplicando la ley existente.
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