Mike Trace es el presidente de la Comisión Global de Política
sobre Drogas (IDPC, por sus siglas en inglés), la mayor red mundial de
organizaciones no gubernamentales y redes profesionales especializadas en
cuestiones de drogas fiscalizadas. El IDPC cuestiona las actuales políticas
antidrogas y apunta a desarrollar nuevas y más efectivas políticas - apoyadas
en evidencias científicas - para reducir el daño relacionado con las drogas.
Reconocidos estadistas e intelectuales como Mario Vargas Llosa
(Perú), Fernando Henrique Cardoso (Brasil), César Gaviria (Colombia), Ernesto
Zedillo (México) y Javier Solana (España) forman parte del IDPC (International
Drug Policy Consortium), desde donde reclaman, entre otras medidas, el fin de
la política represiva que ha causado cientos de miles de muertos en todo el
mundo, particularmente en América Latina, con pobres resultados frente al
negocio ilícito del narcotráfico.
Desde sus oficinas en Londres, Trace habló del proyecto de ley para legalizar la marihuana que presentó el
Gobierno de José Mujica la semana pasada ante el Parlamento de Uruguay.
- ¿Cómo enfrentar al narcotráfico cuando la ‘guerra contra las
drogas’ ha demostrado que fue un rotundo fracaso? ¿Es la legalización el camino
tal como lo ha planteado Uruguay con la marihuana?
- Nuestra organización ha hecho campaña durante muchos años para
que revisemos las políticas respecto del control de las drogas. No creo que
haya una única y simple solución al problema, pero creo que los gobiernos deben
abrirse a considerar nuevas opciones. Por eso respaldamos a cualquier gobierno
que haya decidido buscar nuevas estrategias y nuevas formas de lidiar con este
problema.
Uruguay es apenas un caso en este sentido y, mucho más, porque no hay tantos países en el mundo que se pongan a revisar las políticas represivas de las drogas a través de la criminalización y la penalización del fenómeno. En este contexto, nosotros también hemos apoyado al Gobierno boliviano en su decisión de cuestionar a escala internacional el estatus legal sobre la hoja de coca, arbusto que considera parte de la cultura de los pueblos indígenas. Las preguntas que ha planteado el Gobierno boliviano, que no son sencillas de responder, han sido escuchadas por otros países y están comenzando a replantear el tema.
- ¿El principal argumento para la liberalización es que la
prohibición lleva a un incremento sideral de los precios de la droga y abona el
negocio del narcotráfico? ¿Hasta qué punto esto es razonable?
- Es un argumento razonable. Obviamente, es un problema
tremendamente complejo, con diferentes tipos de drogas, diversos mercados y
numerosos efectos para los estados en todo el mundo. Pero en general, mientras
más duras son las legislaciones que impulsan los gobiernos contra las drogas no
es posible satisfacer la demanda a través de fuentes legales, por lo que se
crea un mercado negro de las drogas. Por eso, mientras más fuertes sean las
normas, más aislado y más fuerte será el mercado de las drogas, con mayores
beneficios a los criminales de las drogas. Este es uno de los desafíos que
tenemos que enfrentar.
Aquellos que cuestionan este argumento señalan que aún
levantando la prohibición, el negocio será inmensamente redituable de todas
maneras. ¿Realmente bajarían los precios si liberalizamos las drogas y cuán
efectiva puede ser esta política para romper con este negocio?
Estoy de acuerdo con este análisis. Debemos tener en cuenta que
simples actos, como crear un mercado legal, no hará que el crimen organizado se
vaya de la noche a la mañana. Lo difícil es predecir qué podría pasar. No
tenemos un laboratorio para probar qué puede pasar. Pero es importante que los
estados piensen lo que puede pasar si cuentan con mercados regulados para las
drogas. Creo que los críticos tienen razón cuando los críticos señalan que no
hay soluciones simples para un problema tan complejo.
Lo cierto es que hay dos puntos a tener en cuenta. Ahora sabemos
que es posible detener la criminalización de los consumidores de drogas sin
tener mayores efectos sobre el abuso en el consumo de drogas. Hay muchos países
en el mundo que se han alejado de la criminalización de los drogadictos y no
han tenido un aumento en el número de consumidores. Por lo que podemos predecir
que no habrá una explosión de consumidores de drogas.
Lo segundo que el crimen organizado se mantendrá activo en el
negocio de las drogas aun si creamos un mercado regulado, lo que no sabemos es
si se mantendrán envueltos en un proceso igualmente violento, destructivo y
poderoso como el que estamos viviendo ahora. Si vemos el mercado de la cocaína,
que viaja desde América Latina hacia Estados Unidos, vemos que es un mercado
con enormes ventajas comparativas que crea grandes ganancias, lo que lleva al
crimen organizado.
La pregunta no pasa por saber si se terminará o no el crimen
organizado, lo cual no es muy realista, pero sí el hecho de que su poder pueda
ser desarticulado. Por lo tanto, será menos violento y menos influyente para
corromper las instituciones de los estados. No hay una respuesta fácil para
este dilema, porque no tenemos un laboratorio para ver qué podría pasar. Pero
estas son las preguntas que los gobiernos deben hacerse.
- ¿Cuán efectivo es que un país por su cuenta legalice las
drogas si el negocio es transnacional?
- Ningún estado puede lidiar con este problema por sí solo. Creo
que debemos buscar una solución coherente de forma conjunta, entre todos los
actores de este proceso. De todas formas, la decisión de un país por encontrar
otras soluciones al fenómeno debería ser respaldada por los otros países
vecinos y por la comunidad internacional en su conjunto.
En esto peleamos mucho con las Naciones Unidas. Siempre que
Portugal, República Checa, Australia o, ahora, Uruguay plantean algo diferente,
normalmente, son condenados por las Naciones Unidas. Pasa lo mismo cuando
Bolivia levanta cuestionamientos al régimen sobre la hoja de coca. Lo que
esperamos de la comunidad internacional es que reconozca los esfuerzos y dilemas
que enfrentan los países sobre este asunto. Ellos necesitan ayuda para
encontrar una solución, en el marco de una estrategia regional o global. Los
países más poderosos, como el Reino Unido, normalmente son los más rápidos en
condenar estas políticas y dejan el problema sin resolver en sí mismo.
- ¿En qué medida hay que hacer una diferencia entre drogas blandas (marihuana) y drogas duras (cocaína)? ¿Se puede pensar en legalizar la cocaína, por ejemplo?
Con la marihuana es posible crear un mercado relativamente
regulado y se pueden obtener beneficios al lograr separar el mercado de la
marihuana de las drogas duras, tales como la cocaína. Así funciona en algunos
países europeos. Si quisieran legalizar todas las drogas, el escenario sería
mucho más difícil. Obviamente no se pueden aplicar los mismos argumentos para
las drogas duras, por supuesto.
- Las sociedades, en general, se resisten a la legalización
porque consideran que puede afectar la salud de los jóvenes. ¿Es razonable esta
preocupación?
- Sí, es razonable y se deben tomar muy en serio las
consecuencias de cada medida. Sería irresponsable para cualquier gobierno
ignorar ese potencial de riesgo para la salud. Si la política que se adopta
incrementa el número de consumidores y la inseguridad, entonces esa medida no
ha logrado sus objetivos.
La evidencia que tenemos hasta ahora, con la marihuana en
particular, dice que liberalizar el régimen y crear un mercado regulado no
lleva a una explosión en el consumo. No buscamos crear un mercado del consumo
de drogas más grande del que tenemos ahora.
- ¿Cómo ve el caso boliviano? El presidente Evo Morales ha
flexibilizado la política de erradicación de hojas de coca y ahora se tiene una
expansión de la oferta de cocaína...
- Creo que el Gobierno de Morales ha tenido un rol importante a
nivel internacional sobre la defensa de la hoja de coca como un elemento de la
cultura de los pueblos indígenas. En este punto, nosotros hemos apoyado la
despenalización de la hoja de coca. Esta es una iniciativa razonable. La respuesta
internacional no ha ayudado a lograr dicho objetivo. Creo que Morales logrará
el objetivo de reingresar en la convención internacional de control de drogas
con una reserva sobre la hoja de coca. Este es un proceso legal que no tendrá
problemas.
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