A principios de agosto los senadores Fulvio Rossi
y Ricardo Lagos Weber presentaron un proyecto de ley que apunta a modificar el
artículo 50 de la Ley 20.000, sobre Tráfico Ilícito de Drogas, que excluiría de
las sustancias declaradas ilícitas el cultivo de cannabis “siempre que sea para
su consumo personal y/o uso terapéutico”. También propone eximir de “responsabilidad
penal quienes porten o transporten con ellos, una cantidad definida de cannabis
sativa”.
El proyecto generó una intensa discusión al
interior de un Congreso que ha aprobado en forma unánime, con la sola excepción
del ex senador Nelson Ávila, las últimas legislaciones prohibicionistas de
drogas.
El senador UDI, Jaime Orpis, quien ha cimentado
su campaña política en la guerra a las drogas, se apresuró en decir que
“objetivamente, se trata de una droga (refiriéndose al cannabis) que causa
mucho daño (…) el gran problema que tiene Chile es el problema del consumo, no
solamente de la marihuana, sino que de una serie de drogas, pero
particularmente de la marihuana. Entonces me parece una contradicción si la
gran tarea de Chile es reducir el consumo, presentar una iniciativa legal que
va aumentar el consumo”.
Sus compañeros de partido, los diputados Mónica
Zalaquett y Gustavo Hasbún propusieron que todos los funcionarios
públicos estén obligados a realizarse exámenes antidrogas. “Soy contraria a
cualquier instancia que fomente o impulse el uso de drogas que generan
adicciones y de drogas como la marihuana, que no es la misma de hace 30 años.
No van a contar con mi voto si es que esto llega a la Cámara de Diputados. Creo
que hay que poner sobre la mesa todos los riesgos que se corren al tomar un
camino como este, sobre todo entendiendo que esta es la puerta de entrada al
consumo de drogas mayores”- sostuvo Zalaquett.
En tanto, otros parlamentarios tomaron distancia.
El senador Jorge Pizarro (DC) aseveró que “es un tema que no hay que evadir,
que no se puede limitar sólo a la lucha contra las drogas y la represión de
quienes trafican, y creo que va a ser interesante, que en el Senado y el
Congreso con participación ciudadana, opinión de expertos y recogiendo
experiencia internacional, podamos terminar con una decisión en el Poder
legislativo que permita encarar el tema de mejor manera, de una droga que no
produce el daño de las drogas duras y que si es consumida con responsabilidad
personal no debiese tener mayor problema”.
LA GUERRA FRACASADA
Desde hace más de una década, a instancias de
Estados Unidos, hay una guerra desatada contra sustancias inanimadas, como lo
son las drogas. La misma categoría de ‘droga’ incluye a sustancias diversas en
un mismo saco, sin distinguir los efectos de cada una.
Rossi y Lagos Weber sostienen que los actuales
modelos han fracasado. “La matriz que sustenta la estrategia de drogas en Chile
esta doblemente fracasada al no lograr reducir el tráfico ni el consumo. Dentro
de los índices de consumo, Chile es el país que concentra los mayores
índices de ingesta en personas de hasta 14 años, duplicando prácticamente los
índices de los países que lo secundan”.
Otro fracaso de la prohibición es que las
políticas represivas se concentran en los usuarios. Estadísticas del 2011
acusan que en Chile fueron arrestadas 77.987 personas por infringir la ley de
drogas. Un 66,5% de ellos fue por porte y un 11,9% por consumo. Ambos suman
78,4% frente al 17,3% que son los detenidos por tráfico. O sea, de cada 10
infractores, ocho son consumidores.
EXPERIENCIA OTROS PAISES
Holanda y Portugal han sido capaces de ensayar
medidas de control alternativas, despenalizando el consumo de cannabis y otras
sustancias. En Latinoamérica el gobierno de Uruguay presentó hace poco un
proyecto para despenalizar el consumo, concentrando la gestión de la
marihuana en el Estado.
La discusión en Argentina fue antes. Desde que en
agosto del 2009, la Corte Suprema de Justicia argentina declarara
inconstitucional un artículo de la ley de drogas debido a que viola la
‘autonomía personal’, el gobierno trasandino propició un intenso debate para
modificar la Ley 23.737. Hasta la fecha son 8 los proyectos de ley presentados
que apuntan a permitir el cultivo personal y la tenencia para uso personal.
En la reciente Cumbre de las Américas, pese a no
estar en la agenda a instancias del gobierno de Guatemala el tema de políticas
de drogas se tomó la agenda. Incluso el mandatario colombiano, Juan Manuel
Santos, se ha mostrado partidario de despenalizar el cannabis y el Congreso de
dicho país aprobó el 30 de julio del 2012 un proyecto que estipula que “que el
consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas, lícitas o ilícitas es un
asunto de salud pública”, lo que acerca el tema a problemáticas de salud antes
que de represión policial.
UN PROYECTO INCOMPLETO
El proyecto de Rossi y Lagos Weber no es el
único. En 2009, los diputados Laura Soto y Enrique Acorssi presentaron una iniciativa para permitir la Marihuana con fines medicinales.
Claro que al costo de aumentar la pena por microtráfico de cannabis de 5 a 15
años; y la multa, hoy entre 40 a 400 unidades tributarias mensuales, a una
entre 80 a 800 UTM.
Dicho proyecto considera sólo el uso medicinal de
la planta, siempre y cuando tres médicos lo hayan autorizado, pero no se aclara
si el consumo de marihuana es para combatir dolores físicos intensos, como los
producidos por un cáncer, o para mitigar y escapar del estrés en la vertiente
sicológica, por ejemplo. Además obliga a los usuarios a ficharse en la
comisaría más cercana a su domicilio.
En cambio, el proyecto de Rossi y Lagos
despenaliza el cultivo no solo como una solución para enfermos, sino que
cualquier persona podría tener su matita y portar lo necesario para su consumo
moderado. El proyecto ahonda en la libertad fundamental de decidir qué
sustancias introduzco a mi cuerpo como individuo adulto con pleno poder de
ejercer mi autonomía, a la vez que proyecta una discusión cultural sobre las
drogas legales de uso más común como el alcohol, el tabaco y su sistema de
comercialización.
Claro que tal iniciativa es falible en varios
otros aspectos. No ofrece modelo de gestión del acceso al cannabis ni montos de
cultivo permitidos. Menos hablar sobre las estrategias de salud pública para
responder al consumo de drogas prohibidas. Y aún menos es capaz de plantear la
despenalización de otras sustancias. Todo indica que el camino hacia un acceso
regulado de sustancias declaradas ilícitas le queda un largo trecho.Leo Robles Belmar
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada