dissabte, 1 de setembre de 2012

El proyecto ahonda en la libertad fundamental de decidir qué sustancias introduzco a mi cuerpo

Hay dos proyectos de ley para despenalizar el cannabis que están en el Congreso. Pese al intenso debate generado por la presentación del senador Fulvio Rossi, quien reconoció que a veces fuma ganja, su  iniciativa es poco clara y no es capaz de proponer un régimen de acceso al cannabis y mucho menos a otras sustancias hoy declaradas ilícitas. Pero algo es algo.


A principios de agosto los senadores Fulvio Rossi y Ricardo Lagos Weber presentaron un proyecto de ley que apunta a modificar el artículo 50 de la Ley 20.000, sobre Tráfico Ilícito de Drogas, que excluiría de las sustancias declaradas ilícitas el cultivo de cannabis “siempre que sea para su consumo personal y/o uso terapéutico”. También propone eximir de  “responsabilidad penal quienes porten o transporten con ellos, una cantidad definida de cannabis sativa”.

El proyecto generó una intensa discusión al interior de un Congreso que ha aprobado en forma unánime, con la sola excepción del ex senador Nelson Ávila, las últimas legislaciones prohibicionistas de drogas.

El senador UDI, Jaime Orpis, quien ha cimentado su campaña política en la guerra a las drogas, se apresuró en decir que “objetivamente, se trata de una droga (refiriéndose al cannabis) que causa mucho daño (…) el gran problema que tiene Chile es el problema del consumo, no solamente de la marihuana, sino que de una serie de drogas, pero particularmente de la marihuana. Entonces me parece una contradicción si la gran tarea de Chile es reducir el consumo, presentar una iniciativa legal que va aumentar el consumo”.

Sus compañeros de partido, los diputados Mónica Zalaquett y Gustavo Hasbún  propusieron que todos los funcionarios públicos estén obligados a realizarse exámenes antidrogas. “Soy contraria a cualquier instancia que fomente o impulse el uso de drogas que generan adicciones y de drogas como la marihuana, que no es la misma de hace 30 años. No van a contar con mi voto si es que esto llega a la Cámara de Diputados. Creo que hay que poner sobre la mesa todos los riesgos que se corren al tomar un camino como este, sobre todo entendiendo que esta es la puerta de entrada al consumo de drogas mayores”- sostuvo Zalaquett.

En tanto, otros parlamentarios tomaron distancia. El senador Jorge Pizarro (DC) aseveró que “es un tema que no hay que evadir, que no se puede limitar sólo a la lucha contra las drogas y la represión de quienes trafican, y creo que va a ser  interesante, que en el Senado y el Congreso con participación ciudadana, opinión de expertos y recogiendo experiencia internacional, podamos terminar con una decisión en el Poder legislativo que permita encarar el tema de mejor manera, de una droga que no produce el daño de las drogas duras y que si es consumida con responsabilidad personal no debiese tener mayor problema”.

LA GUERRA FRACASADA

Desde hace más de una década, a instancias de Estados Unidos, hay una guerra desatada contra sustancias inanimadas, como lo son las drogas. La misma categoría de ‘droga’ incluye a sustancias diversas en un mismo saco, sin distinguir los efectos de cada una.

A la par, según justifica el proyecto de ley, “la criminalización de las drogas ha llevado a la generación de mercados negros, el empoderamiento de los carteles al encontrar un sustento para financiar el terror, la criminalización de los consumidores empujando su consumo a las sombras y de manera desinformada y por sobre todo que el Estado se desligue de su responsabilidad por proveer asistencia y orientación sanitaria a consumidores”.

Rossi y Lagos Weber sostienen que los actuales modelos han fracasado. “La matriz que sustenta la estrategia de drogas en Chile esta doblemente fracasada al no lograr reducir el tráfico ni el consumo. Dentro de los índices de consumo,  Chile es el país que concentra los mayores índices de ingesta en personas de hasta 14 años, duplicando prácticamente los índices de los países que lo secundan”.

Otro fracaso de la prohibición es que las políticas represivas se concentran en los usuarios. Estadísticas del 2011 acusan que en Chile fueron arrestadas 77.987 personas por infringir la ley de drogas. Un 66,5% de ellos fue por porte y un 11,9% por consumo. Ambos suman 78,4% frente al 17,3% que son los detenidos por tráfico. O sea, de cada 10 infractores, ocho son consumidores.

EXPERIENCIA OTROS PAISES

Holanda y Portugal han sido capaces de ensayar medidas de control alternativas, despenalizando el consumo de cannabis y otras sustancias. En Latinoamérica el gobierno de Uruguay presentó hace poco un proyecto para despenalizar el consumo, concentrando la  gestión de la marihuana en el Estado.

La discusión en Argentina fue antes. Desde que en agosto del 2009, la Corte Suprema de Justicia argentina declarara inconstitucional un artículo de la ley de drogas debido a que viola la ‘autonomía personal’, el gobierno trasandino propició un intenso debate para modificar la Ley 23.737. Hasta la fecha son 8 los proyectos de ley presentados que apuntan a permitir el cultivo personal y la tenencia para uso personal.

En la reciente Cumbre de las Américas, pese a no estar en la agenda a instancias del gobierno de Guatemala el tema de políticas de drogas se tomó la agenda. Incluso el mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, se ha mostrado partidario de despenalizar el cannabis y el Congreso de dicho país aprobó el 30 de julio del 2012 un proyecto que estipula que “que el consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas, lícitas o ilícitas es un asunto de salud pública”, lo que acerca el tema a problemáticas de salud antes que de represión policial.

UN PROYECTO INCOMPLETO

El proyecto de Rossi y Lagos Weber no es el único. En 2009, los diputados Laura Soto y Enrique Acorssi presentaron una iniciativa para permitir la Marihuana con fines medicinales. Claro que al costo de aumentar la pena por microtráfico de cannabis de 5 a 15 años; y la multa, hoy entre 40 a 400 unidades tributarias mensuales, a una entre 80 a 800 UTM.

Dicho proyecto considera sólo el uso medicinal de la planta, siempre y cuando tres médicos lo hayan autorizado, pero no se aclara si el consumo de marihuana es para combatir dolores físicos intensos, como los producidos por un cáncer, o para mitigar y escapar del estrés en la vertiente sicológica, por ejemplo. Además obliga a los usuarios a ficharse en la comisaría más cercana a su domicilio.

En cambio, el proyecto de Rossi y Lagos despenaliza el cultivo no solo como una solución para enfermos, sino que cualquier persona podría tener su matita y portar lo necesario para su consumo moderado. El proyecto ahonda en la libertad fundamental de decidir qué sustancias introduzco a mi cuerpo como individuo adulto con pleno poder de ejercer mi autonomía, a la vez que proyecta una discusión cultural sobre las drogas legales de uso más común como el alcohol, el tabaco y su sistema de comercialización.

Claro que tal iniciativa es falible en varios otros aspectos. No ofrece modelo de gestión del acceso al cannabis ni montos de cultivo permitidos. Menos hablar sobre las estrategias de salud pública para responder al consumo de drogas prohibidas. Y aún menos es capaz de plantear la despenalización de otras sustancias. Todo indica que el camino hacia un acceso regulado de sustancias declaradas ilícitas le queda un largo trecho.

Leo Robles Belmar

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