En
todo caso, lo cierto es que el proceso descriminalizador que se llevó a cabo en
Portugal ha servido como un ejemplo claro de que una mayor tolerancia a las
personas consumidoras de drogas no conduce a un mayor consumo. Antes al
contrario, en el caso de Portugal todos los indicadores demuestran que el uso
de drogas ilícitas descendió tras aquella decisión, y que también se redujeron
los problemas asociados a ese uso.
Sin
embargo, la descriminalización a la Portuguésa tiene enormes lagunas y
contradicciones, como el hecho de que el cultivo ilícito de plantas
psicoactivas (de las cuales la más común es el cannabis) se considere siempre
un delito, incluso cuando va destinado al consumo personal. Esta contradicción,
que permite la posesión de pequeñas cantidades y el consumo pero no el
autoabastecimiento, provoca una dependencia obligatoria de las personas
usuarias respecto del mercado negro.
Por
otro lado, la tenencia para el consumo se castiga por vía administrativa. Se
establecieron Comisiones de Disuasión (integrados por asesores legales,
psiquiatras y trabajadores sociales) que pueden imponer multas o trabajo
comunitario. También tienen la función de persuadir a los adictos a entrar en
programas de tratamiento. La mayoría de las sentencias dictaminaron la
suspensión de las acciones judiciales emprendidas contra consumidores no
adictos. En torno al diez por ciento de los casos se saldaron con una multa.
EN PORTUGAL TAMBIÉN PREFIEREN LOS CLUBES
Hace tiempo que diversos sectores vienen
planteando la necesidad de dar más pasos en el camino de la descriminalización,
mediante una regulación coherente que abarque todos los aspectos del fenómeno y
permita un sistema de abastecimiento alternativo al mercado negro. El Bloco de
Esquerda, un partido de izquierdas muy similar en origen e ideología a Syrisa
en Grecia, y que en las últimas elecciones obtuvo alrededor de un 10% de los
votos y 16 escaños en la Asamblea de la República (única cámara del parlamento
portugués, ya que no existe el senado), ya hizo hace unos años otra propuesta que iba en la línea del llamado “modelo
holandés” y que proponía el abastecimiento a través de establecimientos
comerciales del estilo de los coffee-shops.
No
obstante, la aparición de los Clubes Sociales de Cannabis en España ha propios consumidores,
la ausencia de intereses comerciales que reduce el riesgo de promoción del consumo,
la desaparición de la llamada “puerta trasera”, y la
posibilidad de ponerlo en marcha sin necesidad de reformar previamente los
tratados de la ONU, ya que los clubes cannábicos se inscriben dentro del ámbito
del consumo personal.
EL CONTENIDO DE LA PROPUESTA
La
nueva Propuesta de ley del Bloco (que aún no ha sido presentada en el
parlamento) abarca todos los aspectos del cannabis, desde la producción hasta
la distribución. En su justificación se alude al fracaso del modelo represivo
consagrado por la ONU, al éxito que supuso la descriminalización, que acalló
los argumentos de los prohibicionistas al demostrar la viabilidad de enfoques
más tolerantes, y a las contradicciones internas de la actual legislación, que
contribuyen indirectamente al mantenimiento del narcotráfico.
El
texto de la propuesta define el régimen jurídico aplicable al cultivo, consumo,
adquisición y posesión destinados al uso personal de cannabis y sus derivados,
sin prescripción médica. En efecto, los promotores de la iniciativa han evitado
mezclar el uso médico con el llamado “uso recreativo”, ya que consideran que no
se deben juntar los dos debates. También creen que la defensa del derecho a
usar cannabis no se debe basar en sus propiedades medicinales, sino en la
libertad personal.
La
proposición – cuyo texto aún no es definitivo – impone límites a la
adquisición, al cultivo y a la posesión. Se establece que la adquisición de
derivados de cannabis para el uso personal no exceda el consumo de un mes, para
lo cual se basa en el Decreto 94/96, de 26 de marzo, donde se estipulan las
dosis diarias estimadas para distintas drogas ilícitas. De esta manera, no se
podrían adquirir cada vez más de 75 gramos de marihuana, 15 de hachís o 7,5 de
aceite de hachís. El cultivo estaría limitado a un máximo de diez plantas por
persona y la posesión no podría exceder de las cantidades anteriores, es decir,
si se opta por cultivar se podrá almacenar el producto de las diez plantas y si
se adquiere a través de un club (o del mercado negro) solo se podrá almacenar para
un mes.
También
se habla de un régimen de autorizaciones, que serán intransferibles y podrán
ser retiradas en caso de incumplimiento de las obligaciones legales que
conllevan, pero que no afectan al uso personal. De esta forma, si la propuesta
saliera adelante, el consumo, cultivo, adquisición, y posesión de preparaciones
con cannabis destinadas al uso personal dejarían de ser, no solo delito, sino
también infracción administrativa, de forma que la despenalización sería total,
a diferencia de lo que sucedía hasta ahora.
LA PRIMERA PROPUESTA CONCRETA PARA REGULAR
LOS CSC
El
Capítulo II de la proposición de ley está dedicado a los Clubes Sociales de
Cannabis (CSC), que se regulan con cierto detalle. En el texto propuesto, un
club se define como “una asociación civil sin fines lucrativos con la finalidad
de estudio, investigación y debate sobre la cannabis, así como de cultivo y
cesión a sus asociados de plantas, substancias o preparaciones de cannabis en
establecimientos debidamente autorizados y en las condiciones definidas en este
título”. En otras palabras, se plantea un tipo de entidad casi idéntico al
modelo actualmente a debate en España. En este sentido, la propuesta del Bloco
es pionera, ya que a pesar de estar basada en un modelo ya existente, Portugal
podría ser el segundo país con legislación que permitiría a los clubes de
cannabis. En Uruguay la propuesta es que el Estado otorgará licencias a
los productores, ya sean domésticos o socios de clubes de cultivadores, como
sucede en España.
A
continuación, se establecen una serie de límites y condiciones para el
funcionamiento de los clubes: Los miembros deberán tener más de 18 años y ser
invitados a ingresar por otra persona socia; no se podrán expender bebidas
alcohólicas ni habrá máquinas de juego; se deberán dejar 300 metros hasta el
centro de enseñanza más cercano; y los no-socios solo podrán acceder al club
acompañados por un miembro de pleno derecho. Tampoco se podrá hacer publicidad
y los productos dispensados no podrán tener marca ni denominación comercial.
En
cuanto a la adquisición de los derivados de cannabis por parte de los miembros,
se establece que no podrán acceder a los clubes ni menores de edad ni personas
con “enfermedad mental manifiesta”, ni se les podrá proporcionar sustancia
alguna. El club tendrá a disposición de los socios solo la cantidad necesaria
para cubrir las necesidades mensuales de estos. Los recipientes de los
productos dispensados deberán indicar el origen, la cantidad de substancias
contenidas, los efectos y riesgos asociados al consumo, y la denominación común
internacional según la Organización Mundial de la Salud.
MECANISMOS DE CONTROL
Respecto
a la fiscalización de las actividades de los clubes y del cultivo y
distribución en general, se establece la competencia de INFARMED (Autoridad
Nacional del Medicamento y Productos de Salud) para aprobar y retirar las
autorizaciones para cultivar cannabis, que no serán necesarias en el caso del
consumo personal. Los CSC deberán pedir permiso también para realizar
extracciones de principios activos.
Además,
corresponde a INFARMED la “fiscalización de actividades de cultivo, extracción
y fabricación, distribución, importación, tránsito, adquisición, entrega y
tenencia para la puesta a disposición de los asociados a los Clubes Sociales de
Cannabis”. Por su parte, el control de la presencia de alcohol, juego, menores,
publicidad, etc., correspondería a los ayuntamientos. Tanto éstos como INFARMED
podrán inspeccionar en cualquier momento la actividad de los clubes.
En
cuanto a las infracciones, el comercio de cannabis sin autorización se
castigará con penas de cárcel de hasta cuatro años en los casos leves y entre 4
y 12 años en los casos graves, en función de la cantidad y circunstancias. El
resto de infracciones (consumo de alcohol, presencia de menores en un club,
etc.) se castigan por vía administrativa con multas que en la mayoría de los
casos van de 2.500 a 25.000 euros.
¿TIENE POSIBILIDADES LA PROPUESTA?
A
finales del pasado mes de septiembre fui invitado por el Bloco de Esquerda a
viajar a Portugal para, en nombre de la FAC, explicar en qué consiste y cómo
funciona el modelo de los CSC. De esta manera, pude participar en diversos
eventos, incluyendo unas audición parlamentaria donde también hubo una
representante socialista, la diputada Elsa País, que entre 2000 y 2002 fue
presidenta del Instituto Portugués de la Droga y la Toxico dependencia (IDT).
En la misma
audición, Joao Semedo, médico y diputado del Bloco (además de ser el
encargado de presentar la propuesta cuando llegue el momento), habló de la
necesidad de sumar apoyos, por lo que han elegido la fórmula que les parece más
aceptable por parte del resto de fuerzas políticas portuguesas. En este
sentido, es fundamental el papel de Pais, que fue bastante contundente en su
intervención, en la que defendió que no se deben eludir estos temas en el
debate político, máxime teniendo en cuenta que este tipo de derechos y
libertades individuales son menos respetados en tiempos de crisis.
En
opinión de Pais, la propuesta del Bloco es muy positiva, ya que resuelve el
problema de cómo abastecerse sin recurrir al mercado negro. En su opinión, los
CSC tienen un montón de ventajas: Se basan en una estrategia de prevención de
riesgos, respetan los aparentemente intocables tratados de la ONU, retiran a los
traficantes al dejarlos sin clientela, y son un modelo probado que refuerza la
decisión informada y la responsabilidad de las personas usuarias. Al final de
su intervención, Pais se comprometió a intentar convencer a sus compañeros de
partido para que apoyen la propuesta. Esto sería fundamental, ya que el Partido
Socialista es la primera fuerza del parlamento, con 97 escaños.
En
todo caso, entre el Bloco y el PS suman un total de 113 votos en el parlamento,
por debajo de los 116 necesarios para tener mayoría absoluta. Aún en el caso de
que Pais convenciera a sus correligionarios, algo para nada seguro, aún sería
necesario el apoyo de otra fuerza más. Esta podría ser la Coalición Democrática
Unitaria (CDU) alianza de comunistas y verdes, cuya posición aún no parece
estar definida. De forma que es de prever un debate prolongado antes de ver
resultados concretos.
También
será interesante ver qué postura adopta Joao Goulao, presidente del IDT y
del Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías (OEDT), a quien yo mismo tuve
ocasión de explicar el funcionamiento de los clubes cannábicos, y que se mostró
abierto a debatir sobre ellos como posible alternativa a la regulación
vigente. Si Goulão, unos de los padres de la exitosa política
descriminalizadota portuguesa, apoyara la iniciativa del Bloco, esta tal vez
tuviera más posibilidades. Porque lo cierto es que, hoy por hoy, las perspectivas
de que sea aprobada tal cual son escasas. En todo caso, el debate se promete
interesante.
Martín Barriuso Alonso
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