El Juzgado
de Instrucción número 6 de Bilbao mantiene suspendidas de forma cautelar todas
las actividades de una asociación dedicada al cultivo de cannabis, a pesar de
que un tribunal de rango superior había avalado previamente la legalidad de su
actividad.
Ayer, el colectivo Pannagh denunció la «inseguridad jurídica que sufre aun cuando la jurisprudencia del Tribunal Supremo defiende el cultivo para uso compartido». Se da la circunstancia de que la Audiencia provincial de Álava acaba de devolver a la misma asociación una plantación de marihuana tras considerar que las actividades del colectivo son «lícitas» y el producto de su cultivo es «de su legítima propiedad».
Ayer, el colectivo Pannagh denunció la «inseguridad jurídica que sufre aun cuando la jurisprudencia del Tribunal Supremo defiende el cultivo para uso compartido». Se da la circunstancia de que la Audiencia provincial de Álava acaba de devolver a la misma asociación una plantación de marihuana tras considerar que las actividades del colectivo son «lícitas» y el producto de su cultivo es «de su legítima propiedad».
Los
responsables de Pannagh comparecieron ayer a título personal, ya que las
medidas cautelares dictadas les impiden poner en marcha cualquier acto en
nombre del colectivo. Calificaron de «kafkiana» la situación en la que se han
visto envueltos y afirmaron que asisten con «incertidumbre» a los
pronunciamientos divergentes de hasta cuatro tribunales distintos.
El año
pasado fueron víctimas de dos robos con violencia en los terrenos donde
cultivan su marihuana. En uno de ellos, los ladrones llegaron a hacer uso de
gases lacrimógenos y se produjeron varios disparos al aire. Inmediatamente, los
responsables de la asociación se pusieron en contacto con la Ertzaintza, que
procedió a la detención de los autores. Los juzgados que instruyen ambos casos
-el número 3 de Bergara y el número 2 de Durango- solicitaron la comparecencia
de miembros de Pannagh en calidad de perjudicados. Ningún asociado fue imputado
por cultivar marihuana, por lo que «ambos tribunales dan por sentado que
nuestras actividades son lícitas», sostienen los miembros del colectivo.
Poco
después, el socio responsable de uno de los cultivos de Pannagh en el valle de
Ayala, ante las sospechas de que podría haberse producido un nuevo robo,
informó a la Ertzaintza de la ubicación y características de la plantación,
además de aportar la documentación pertinente. A diferencia de los casos
anteriores, la Fiscalía llamó a declarar al cultivador y a un vocal de la
asociación en calidad de imputados por un delito de tráfico de drogas. El
Juzgado número 1 de Amurrio llegó a autorizar la recolección y secado de las
plantas, a condición de que quedaran a disposición judicial. Semanas después,
la causa fue archivada y se procedió a su devolución. La Fiscalía apeló, pero
la Audiencia de Álava confirmó el sobreseimiento.
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