La
plantación desmantelada es propiedad de uno de los 58 clubes de cannabis
registrados en el País Vasco. De ellos, 31 se encuentran en Gipuzkoa, 20 en
Bizkaia y 7 en Araba. Lo curioso de este nuevo caso es que fueron los propios
responsables del club quienes llamaron a la Ertzaintza para denunciar el robo
de unas plantas en sus instalaciones. No fue una buena idea, el resultado de la
denuncia fue la incautación de los cultivos que no habían desaparecido.
Pasar de
denunciantes a denunciados es algo que no sorprendió demasiado a los miembros
del club, acostumbrados como están a verse zarandeados por los vaivenes de una
ley que nadie sabe muy bien cómo se aplica. Estas asociaciones se mueven en una
constante indefinición legal que en un mismo día puede hacerles pasar de ser
colaboradoras con las instituciones en políticas contra las drogodependencias a
traficantes de drogas.
Los locales
de la federación están muy lejos de ser un antro repleto de humo y emanaciones
tóxicas, y sus miembros no encajan con el estereotipo callejero de un fumador
de porros. «Lo que no nos sienta bien es que nos definan como enfermos o como
delincuentes porque somos personas usuarias, ciudadanos de un estado de
derecho, mayores de edad y desde luego hay mucha gente con familia», afirma
Iker Val.
Los estatutos
de los clubes de cannabis están diseñados para transitar por los límites de una
ley todavía sin definir. Las asociaciones no tienen ánimo de lucro, solo
aceptan como socios a consumidores mayores de edad o que sufran alguna
enfermedad para la cual se haya comprobado científicamente que el cannabis
puede resultar eficaz, y dispensan a sus integrantes cantidades pequeñas de
sustancia.
«Reconocemos
que el cannabis no es inocuo y que tiene que haber un control, pero no tiene
sentido ilegalizarlo cuando hay más de 50.000 consumidores en Euskadi»,
sostiene Iker Val.
En un
informe que presentó a la ponencia parlamentaria, Eusfac recordó que las
asociaciones «fueron y son creadas por iniciativa de personas que desean
reducir los efectos negativos» de las drogas. «Yo no puedo decir si lo que
hacemos es legal o no, pero sí digo que no es delito», recalca Val.
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