Después de varios decenios de represión, sangre y criminalización, las cosas empiezan a cambiar.

Estos dos meses finales del año que concluye se han producido más cambios de gran alcance en materia de legalización de las drogas en América Latina y en Estados Unidos que en décadas enteras. Han tenido lugar tres transformaciones fundamentales; en sí mismas, cada una de ellas sería crucial; en su conjunto pueden conducir tanto a una refundación política en el seno de muchos Gobiernos, y a mutaciones sociales en el seno de varios países. 

El primer cambio, tuvo lugar, por supuesto, el pasado 16 de noviembre en los Estados norteamericanos de Washington y Colorado, al aprobarse en ambos sendas propuestas para legalizar la marihuana. Por primera vez en Estados Unidos, los votantes aprobaron iniciativas populares que legalizan la posesión y consumo, la producción y el comercio de cannabis, todo ello por márgenes relativamente amplios. Si bien una iniciativa análoga fracasó en el Estado de Oregón, y la Propuesta 19 había sido derrotada en California por seis puntos porcentuales en 2010, los resultados en estos dos Estados de vanguardia enviaron un mensaje muy poderoso para el resto del país. No solo pusieron en tela de juicio la relación entre la normatividad federal de Estados Unidos y la legislación estatal; al mismo tiempo marcaron un desplazamiento de actitudes parecido a lo que empezó a suceder con los matrimonios del mismo género hace un par de años.

Ahora bien, la reacción del presidente Obama ante estos resultados electorales en Colorado y Washington fue igualmente decisiva. Obama triunfó en ambas entidades fácilmente, y Colorado fue uno de los Estados supuestamente en juego que le brindó un margen de victoria en el Colegio Electoral mayor de lo que esperaban los observadores. Para Obama, pronunciarse sobre el tema era complicado. El reto político y jurídico generado por ambas votaciones no es menor: la marihuana sigue siendo una sustancia ilícita de categoría 1 de acuerdo con la ley federal norteamericana, así como en varias convenciones internacionales firmadas por Washington a lo largo de los años.

Por otra parte, en ámbitos distintos —sobre todo el tema migratorio— Obama ha rechazado las reivindicaciones de los Estados de fijar ellos mismos sus políticas, y ha insistido en las prerrogativas del Gobierno federal. Más aún, el asunto es altamente sensible y peligroso, casi un “tercer riel” de la política norteamericana: aunque varias encuestas recientes muestran que por primera vez en 2012 una pequeña mayoría de ciudadanos estadounidenses se manifiesta a favor de la legalización, aquellos que se oponen a ella son vigorosos y vehementes.

A pesar de todo ello, en una entrevista que le concedió a la periodista Barbara Walters el 14 de diciembre, Obama hizo tres pronunciamientos trascendentes. En primer lugar afirmó que la aplicación de la Ley Federal en materia de marihuana en los Estados de Washington y Colorado no era una prioridad de su administración; según él, tenía “peces más gordos”. En segundo lugar, reiteró su propia oposición a los intentos de legalizar la marihuana, pero luego añadió: “en este momento”. Por primera vez un presidente de Estados Unidos en funciones sugirió un posible o incluso probable cambio de postura en el futuro. Por último, Obama dijo que en su opinión el país entero debiera sostener una “conversación nacional” sobre la disyuntiva de la legalización estatal y federal sobre esta materia. La importancia sobre esta materia no puede ser sobreestimada.

Si los dos primeros cambios de los últimos meses tuvieron lugar en el mayor país consumidor de drogas en general y de marihuana en particular, el tercero se produjo en uno de los proveedores más grandes del mundo: México, país a través del cual pasan prácticamente todas las drogas enviadas a Estados Unidos —cocaína, heroína, marihuana y metanfetaminas. El 1 de diciembre Enrique Peña Nieto sucedió a Felipe Calderón en la presidencia. Al igual que suele suceder en todas partes, el paso de mando se ha transformado en un momento de introspección y revisión de las políticas del Gobierno saliente, aun si el entrante no aspira necesariamente a modificar esas políticas en el corto plazo. Por desgracia para Calderón, pero para fortuna de México, parece que la historia ya empieza a juzgar severamente su “guerra contra el narco”.

Para comenzar, el periódico estadounidense The Washington Post informó a principios de diciembre que de acuerdo con documentos internos del Gobierno de Calderón que fueron mostrados a su corresponsal en la ciudad de México, durante el periodo del sexenio del expresidente desaparecieron casi 25.000 personas, además de los aproximadamente 60.000 muertos ligados directamente a la guerra contra las drogas.

Human Rights Watch, un grupo defensor de los derechos humanos basado en Nueva York, envió una carta pública al nuevo presidente preguntando, entre otras cosas, qué pensaba hacer con relación a estos miles de mexicanos desaparecidos. Enseguida, el nuevo Gobierno empezó a filtrar o a denunciar explícitamente los serios costes jurídicos, burocráticos y financieros de las políticas anteriores, declarando que se había gastado muchísimo más dinero en seguridad, y que sin embargo había aumentado muchísimo el número de todos los delitos.

En pocas palabras, el ejemplo más reciente y emblemático del enfoque tradicional, avalado por la comunidad internacional y basado en políticas punitivas y prohibicionistas, está resultando ser un fracaso catastrófico, tanto en lo que toca en sus costes para México, como en la ausencia de resultados para el país, para el resto de América Latina, y para Estados Unidos.

Por consiguiente, los principales proponentes de este enfoque (el propio Calderón, Álvaro Uribe de Colombia, la actual y el anterior presidente de Brasil, y los sectores conservadores del establishment de seguridad en Washington), están perdiendo terreno y han visto cómo se estrecha el número de sus integrantes y seguidores, mientras que los partidarios de una estrategia diferente, basada en políticas de salud pública y de la legalización, van avanzando (los presidentes Santos de Colombia, Pérez Molina de Guatemala, entre otros).

En Uruguay se espera que pronto se apruebe una iniciativa de ley del presidente Mujica que legaliza plenamente la marihuana. La Organización de Estados Americanos deberá entregar a mediados de año un informe a los jefes de Estado y Gobierno de la región sobre estrategias alternativas y mejores prácticas en otros países. Y otros Estados de la unión americana seguramente aprobarán próximamente, ya sea una legalización plena, ya sea el uso terapéutico de la marihuana (ya lo han hecho 18 Estados). En suma, se trata de un cambio histórico en ciernes. No se consumará de la noche a la mañana, ni en todas partes, ni en lo tocante a todas las drogas. Pero después de varios decenios de represión, sangre y criminalización, las cosas empiezan a cambiar. Qué lástima que se tardaron tanto.


Noticia: http://elpais.com/elpais/2012/12/26/opinion/1356519650_947399.html