Es cierto que nadie puede enfrentar un problema como el narcotráfico en forma aislada, no obstante, tenemos que reflexionar sobre qué tipo de cooperación es la que necesitamos para resolver el problema.
Las conclusiones de la Reunión Antidroga celebrada en Lima el pasado junio
señalan la necesidad de una mayor y mejor cooperación internacional, que debe
darse desde “un marco multilateral, regional y bilateral” y el principio de
responsabilidad compartida. No obstante, el rechazo a acciones unilaterales
como la certificación antidroga de Estados Unidos y la focalización excesiva en
la demanda del modelo mundial de lucha contra las drogas no es algo nuevo.Hace veinte años los países ya estaban pidiendo más ‘equilibrio’ en las políticas y la inclusión de la demanda para neutralizar el enfoque dominante fuertemente inclinado hacia el lado de la oferta. Se puede considerar el tímido inicio de estos esfuerzos la Declaración de Cartagena de 1990 suscrita por los países de Colombia, Perú, Bolivia y Estados Unidos, que inicia su texto precisando que toda estrategia que comprometa a las “… Partes a poner en práctica o a consolidar un programa general intensificado contra las drogas ilícitas, ha de tomar en cuenta la reducción de la demanda…”. Con lo cual, se le asigna directamente al país consumidor – Estados Unidos en este caso – su parte de responsabilidad en el éxito o fracaso de las políticas.
El siguiente paso lo podríamos ubicar en la “Declaración de San Antonio” de 1992 firmada también por Ecuador y México además de los anteriores países mencionados. Esta Declaración es un poco más explícita que la de dos años atrás al mencionar que, “Es esencial enfrentarnos al problema con un enfoque integral que incluya la demanda…”.
Finalmente es en 1996 que la Organización de Estados Americanos OEA incorpora el concepto de ‘responsabilidad compartida’ a la Estrategia Antidrogas del Hemisferio firmada en Montevideo. Este concepto es esencial para el argumento moral sobre la injusticia de que los países productores y de tráfico tengan que pagar el precio más alto, y pretende, aunque sólo sea nominalmente, corregir el ‘desequilibrio’ del enfoque.
Será pues en el marco institucional de la OEA en el que los países
latinoamericanos continuarán dando algunos pasos concretos para poner de
manifiesto sus tensiones con Estados Unidos e intentar avanzar en otra
dirección. Uno de estos pasos concretos, una vez más a iniciativa de México,
fue la creación en 1999 del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) cuyo
objetivo es contrarrestar la evaluación unilateral del proceso de certificación
por drogas que hacen los EEUU anualmente. Un proceso extremadamente cuestionado
que ha generado múltiples tensiones entre Estados Unidos y los países
productores y de transito de droga, sobre todo porque los países que reciben la
‘descertificación’ se enfrentan a una serie de sanciones, incluyendo la
supresión de la mayor parte de la ayuda extranjera estadounidense relacionada
directamente con programas antinarcóticos o ayuda humanitaria.Para muchos críticos Estados Unidos carece de moral para realizar estas evaluaciones –las cuales se realizan de manera unilateral y sin acreditación de algún organismo mundial, dado que dicho país tienen una gran responsabilidad sobre la demanda mundial de drogas. Continuando con este argumento, este mecanismo contribuiría a que el régimen de la lucha antidroga se enfoque en la oferta y descuide la demanda, la cual se encuentra libre de evaluación –Estados Unidos está libre de evaluación similar alguna. Asimismo, se acusa que la certificación antidroga de ser un mecanismo sumamente politizado que condiciona a los países e impone una visión unilateral del problema, la de Estados Unidos.
Si bien el MEN resulta una propuesta concreta para una acción amplia y
concertada conforme al principio de responsabilidad compartida, aún no ha
logrado sustituir el proceso unilateral de certificación por drogas que hace
los Estados unidos. Esto se debe a que estas iniciativas, opuestas al actual
Régimen Internacional del Control de Estupefacientes, son muy débiles, ya que
han surgido en un terreno donde los países latinoamericanos, aunque
mayoritarios, no tienen un control significativo. Como país que aporta la mayor
cantidad de fondos a la OEA y a la Comisión Interamericana para el Control del
Abuso de Drogas CICAD, Estados Unidos es quien tiene la última palabra. De
hecho el director de la CICAD es tradicionalmente un estadounidense.En esta medida el debate sobre alternativas a la guerra a las drogas surgido durante la VI Cumbre de las Américas en abril de este año recubre un carácter particularmente importante. No sólo porque se dio en el contexto de la OEA sino porque por primera vez un buen número de países con líneas ideológicas distintas descalificó abiertamente la política estadounidense. No sería sorpresa que Evo Morales, líder de los coqueros y opositor declarado de Estados Unidos, rete el discurso ortodoxo del país de norte; no obstante, si causa asombro que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, el cual trabajó directamente para poner en marcha el plan Colombia, incluya abiertamente en la agenda un debate regional de alto nivel sobre los fracasos de la guerra a las drogas y las perspectivas de nuevos enfoques. A esto se le suma las opiniones del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina y el de México, Felipe Calderón, los cuales han sugerido la necesidad de considerar “alternativas de mercado”.
Si bien VI Cumbre no se llegó a un consenso sobre opciones particulares en
la política de control de drogas, se ha iniciado una ventana de oportunidad
para el cambio. Tenemos que aprovechar este contexto de debate para que los
países discutan de forma estructurada, informada y de forma cada vez más
específica sobre un amplio rango de alternativas. Este logro por parte de los
países latinoamericanos de agenda la reforma de la política antidroga en un
marco usualmente controlado por Estados Unidos, la OEA, debe servir como un
llamada de atención a los Estados Unidos, para que fomente una verdadera
alianza y una cooperación sin condicionamientos entre los países, y adopte el
principio primordial de que el control de drogas empieza en casa.
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