diumenge, 31 de març de 2013

Garantizar los derechos individuales por encima de la defensa de cualquier colectivo.

La proliferación exponencial del número de asociaciones, clubes y otras entidades en las que uno de los fines de la organización se encuentra la distribución de cannabis entre sus miembros y la consecuente generación de nuevos espacios de socialización, ha sorprendido al más optimistas de los partidarios de unas políticas de drogas más legítimas. En poco tiempo, la sociedad civil, a pesar de sus gobernantes, ha aportado una respuesta a un problema que la realpolitik no supo afrontar. 
Uno de los fundamentos jurídicos más claros de este movimiento cannábico es que el hecho de que el consumo de drogas ilícitas no ha sido nunca un delito en la legislación española. Visto esto no deja de ser irónico ver como repetidamente se postula Portugal cómo el gran caso de éxito de la descriminalización del consumo.
Los españoles gastan 1.163 millones de euros al año en cannabis, según un estudio realizado por un bufete de abogados relacionados con el proyecto de Rasquera, defiende que si todo el cannabis se adquiriera en este tipo de asociaciones, donde se tributa el IVA, reportarían al Estado 200 millones de euros en impuestos. Además, la legalización de la producción de cannabis podría crear unos 40.000 puestos de trabajo, lo que supondría unos ingresos para la Seguridad Social y el IRPF de unos 400 millones de euros. Estos números no salen de la nada, y es que, según los últimos datos del Plan Nacional Sobre Drogas, en 2011, el 27,4% de la población española ha probado el cannabis alguna vez en la vida, el 9,6% lo ha hecho en los últimos 12 meses, el 7% en los últimos 30 días, y el 1,7% de los españoles ha consumido cannabis a diario durante los últimos 30 días. En cifras absolutas, esto quiere decir que más de 3 millones de españoles usan cannabis al menos una vez al mes y más de 700.000 lo hacen diariamente.
 
Los acontecimientos del último año, como por ejemplo la frustrada plantación colectiva de Rasquera, el anuncio del Ministerio del Interior de modificar la ley de seguridad ciudadana, el proceso de regulación en el País Vascola votación en contra de la petición en el Congreso de los Diputados, por parte de ERC, sobre la regulación del cannabis en el Estado Español han precipitado que el debate sobre el cannabis se haya situado en el centro de la atención mediática y política. Por consiguiente, ha obligado a mover ficha al gobierno autonómico catalán, que hace medio año anunció la creación de una comisión para debatir una posible regulación de este tipo de asociaciones. Ello está generando un importante debate en y entre las personas afectadas y un creciente interés por parte de la comunidad internacional sobre como se desarrolla este proceso.

Gran parte de las entidades cannábicas están concentradas en Catalunya, y concretamente en la ciudad de Barcelona, donde se encuentran las más numerosas, que en algunos casos han llegado a tener varios miles de miembros.

 Diferenciación entre tipos de entidades cannábicas: asociaciones, clubes, etc.

En el distrito de Ciutat-Vella, el corazón de la ciudad de Barcelona cohabitan más de 70 entidades cannábicas, es precisamente en la capital de Catalunya donde se da con mayor un proceso de gemación y diferenciación que está llevando a la creación superpuesta de diferentes tipos de entidades cannábicas. Al menos sobre el papel, todos los modelos adoptan una misma estructura jurídica y dicen defender fines similares. Son asociaciones. Sin embargo, esta similitud formal no consigue ocultar las diferencias en su modus operandi. Esto hace que haya una confusión terminológica para referirse a las distintas entidades cannábicas. Por esto aquí hablaremos de asociaciones, clubes y “los libres”.

Por asociaciones nos referimos a las entidades afiliadas a la Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC) o CATFAC, los que se autodenominaron Clubes Sociales de Cannabis(CSC). La categoría social es confusa si no se define en que consiste social, por esto la desecharemos de la ecuación para hablar de asociaciones de cannabis. La palabra club hace pensar más en el sector comercial y demarca de alguna manera su similitud con los coffeeshops holandeses. Y finalmente, por libres entendemos una amalgama de entidades tipo asociaciones culturales, de alimentación natural, artísticas, etc. que distribuyen cannabis en su seno.

En un primer estadio, los agentes que participaron en el desarrollo e implementación de las asociaciones fueron activistas con un recorrido de militancia activa en el campo del anti-prohibicionismo, con el apoyo de juristas de diversa índole, algunos de ellos afines al mundo del activismo. En muy poco tiempo, otros miembros de la sociedad entraron en escena, entre ellos, más abogados. El modelo que se había fraguado en el marco del activismo fue adquiriendo popularidad y a su vez fue reinterpretado por otros emprendedores, personas relacionadas con la industria del cannabis o activistas con discrepancias sobre el modelo propugnado por los activistas anteriormente mencionados. Es más, la posibilidad de constituir una asociación en una ciudad abierta y cosmopolita como Barcelona ha atraído a personas de diferentes partes del mundo, con un conocimiento e interés sobre los modelos de regulación del cannabis, que han propugnado modelos que diferían del inicialmente diseñado por la FAC.

No hay cifras oficiales, pero las últimas estimaciones sugieren que, a día de hoy, hay unos 300 entidades cannábicas en Catalunya. Dentro de esta heterogeneidad, hay dos federaciones que agrupan, entre las dos, entre un 10 y un 20% del total de las entidades existentes. Por un lado la CATFAC, con afiliación a la FAC y con vínculos con organizaciones como ENCOD. Por el otro, la FEDCAC que agrupa a algunos clubes con más asociados/as de la escena catalana. Dada la falta de regulación específica de la actividad de estas entidades, en medio de estos dos modelos definidos, encontramos un sinfín de propuestas. Lo que exponen dichas federaciones es explicitable, lo que hacen el resto resta inefable.

La CATFAC defiende un modelo más cooperativista en el que los miembros de la asociación tienen una implicación en la toma de decisiones, esto conlleva menos socios/as. La FEDCAC defiende un “modelo de coffeeshop avanzado”, en palabras de los abogados relacionados, un modelo “más comercial” en ojos de otros. En este sentido, el caso de Rasquera representaría el máximo exponente de esa realidad (véase el documental 30 minuts), pues al tener un contrato con un ayuntamiento para producir la marihuana que luego consumirán los asociados, se acaba con el problema de “la puerta de atrás” del modelo holandés. La diferencia con un coffeeshop es que solo podrán entrar socios/as a la sede social.

A inicios de 2013, antes de la festividad cannábica del 19 de enero, San Canuto, las dos federaciones organizaron una rueda de prensa conjunta en el Hemp Museum de Barcelona. En ella convocaron la manifestación del día 19 y se presentó un manifiesto suscrito por 50 entidades para exigir a la administración que regule el autoconsumo. Es significativo que en la rueda de prensa se presentara el argumento que las entidades cannábicas representan a 100.000 personas y en la manifestación asistieran entre 200 y 300.

 Rasquera
El caso de Rasquera está en manos de la justicia desde marzo de 2012, pero está previsto que a finales de este mes de marzo la Fiscalía de Tarragona cierre las diligencias informativas que tiene abiertas y se prevé que antes del verano se resuelva el contencioso sobre el contrato entre el ayuntamiento y el club de consumidores. Mientras, el alcalde de Rasquera, Bernat Pellissa, ha ido sumando adhesiones de otros alcaldes a su proyecto de regular el cultivo de cannabis y tiene la previsión de hacer una propuesta en el Parlament de Catalunya sobre la regulación del cannabis.

En el otro parlamento autonómico que se habla abiertamente de asociaciones de cannabis, en el País Vasco, las elecciones que inicialmente estaban previstas para 2013 se celebraron en octubre de 2012. Esto paralizó la ponencia iniciada en 2012 para el análisis de una solución regulada de la actividad de los denominados clubes sociales de cannabis. Recientemente, se ha anunciado la voluntad política de reanudar esta vía parlamentaria.

La complejidad del fenómeno y la falta de regulación específica favorecen que sigan produciéndose casos de desprotección jurídica ante la visita de policías e incluso de criminales, o de que entre las personas responsables de las distintas asociaciones haya acusaciones cruzadas de malas prácticas. Recientemente ha habido más sentencias absolutorias de personas responsables de entidades cannábicas cannábicos, en Madrid yZaragoza, que habían sido intervenidas. El juez ordenó devolver el cannabis decomisada por la policía.

Cabe añadir que el pasado mes de febrero se celebró en Cornellà del Llobregat la 10ª edición feria del cannabis “Spannabis”, que congregó a unos 30.000 asistentes, muchos de los cuales aguantaron horas de cola para entrar, revelando así el gran interés de la sociedad civil en este ámbito. Pocas ferias al año consiguen atraer tanta gente a la metrópoli de Barcelona, un entorno económico que vive en gran parte de los beneficios económicos que se generan de las ferias sectoriales.

 Fórum de Asociaciones y Clubes de Cannabis de Catalunya
El pasado mes de setiembre, para hacer frente a la situación socio-política de las entidades cannábicas, desde la plataforma de debate Políticas de Drogas y Sostenibilidad se organizó el Fórum de Asociaciones y Clubes de Cannabis de Catalunya. El Fórum fue un espacio de encuentro y debate donde dos miembros de cada uno de los 50 clubes catalanes que se inscribieron participaron en una discusión sobre cómo dar un paso adelante en el proceso de regulación de su actividad y lidiar con las autoridades en Catalunya y la Fiscalía Antidroga del gobierno central español, que ya ha concretado su visión sobre los clubes.

 El Transnational Institute (TNI) fue una de las instituciones presentes durante el Fórum cuyos objetivos fueron:
1. Promover un espacio de encuentro de todas las Asociaciones y Clubes de Cannabis de Catalunya, planteando los elementos de similitud y divergencia entre las entidades, así como sus necesidades e inquietudes en relación a su actividad.

2. Consensuar un documento de bases sobre las demandas del sector para un nuevo modelo de regulación legal de la actividad.

3. Definir un plan y metodología de trabajo para la elaboración de una propuesta colaborativa y consensuada de regulación legal de la actividad de las Asociaciones y Clubes de Cannabis de Catalunya.

El Fórum dio pie a una toma de conciencia del sector y entre el sector, el debate acalorado permitió posicionarse en cuanto a modelos de regulación y paradigmas de funcionamiento, los resultados de dicha reflexión conjunta fueron mínimos en un plazo inmediato y se concretaron en la Declaración de Bellaterra. Pero con el paso de los meses las semillas que allí se plantaron han empezado a brotar y cual ritual de paso, las cosas en el sector ya no son como antes. Pese a ello el dinamismo de los CSC hace que surjan nuevos retos de forma exponencial.

 El futuro de los clubes y las propuestas
El debate sobre el futuro de los clubes y las propuestas por una regulación son importantes no solamente para el futuro de clubes en España, sino también en el ramo internacional. Envarios países europeos y también en América Latina, sobre todo en Uruguay, Argentina, Brasil y Chile, se está mirando al modelo español como un posible modelo de regulación del mercado de cannabis en sus propios países.

A modo de reflexión final, nos gustaría poner un toque de atención sobre el debate y la actualidad de los clubes/asociaciones. Pensamos que, obviamente, es necesario regularizar la actividad de estas entidades para que puedan operar con las garantías de que no serán perseguidos policial ni judicialmente mientras no vulneren la ley. Pero focalizar el debate en la regularización de los clubes/asociaciones no debiera desviar la mirada sobre los problemas a los que se enfrenta cotidianamente el usuario y cultivador particular, pertenezca o no a un club/asociación, sigua estando expuesto a inseguridad jurídica y policial.

Sería cuando menos paradójico que se garantizara esta seguridad a los clubes y a sus asociados pero no al resto de usuarios de cannabis. Luchar por la regularización la actividad de las entidades cannábicas no debería estar por encima de la lucha por la defensa de la protección jurídica y policial del cultivador y consumidor particular. La defensa de las libertades en materia de drogas en general, y de cannabis en particular, debe pasar siempre por garantizar primero los derechos individuales por encima de la defensa de cualquier colectivo.


noticia:  http://druglawreform.info/es/weblog/item/4572-el-presente-continuo-de-los-clubes-de-cannabis-en-catalunya

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