dissabte, 9 de març de 2013

Si no hubiéramos sabido al 100% que nos lo permitían, no lo hubiéramos plantado.




El presidente del partido político Representación Cannábica de Navarra (RCN-NOK), Fermín Les, y un socio del partido, declararon  en el juicio en el que se enfrentan a 15 meses de cárcel y a una multa de 20.000 euros, según la petición de la fiscal, por haberles sido incautadas 81 plantas de cannabis en una finca de Liédena en septiembre de 2010. El caso es muy rocambolesco, puesto que los acusados manifestaron que la Delegación del Gobierno les autorizó verbalmente en una reunión celebrada un mes antes la plantación destinada a fines terapéuticos y que a la propia institución se le entregó un informe del proyecto del Banco Medicinal del cannabis, con lo que ya se les hacía plenamente conscientes de la ubicación de la finca.

El socio del RCN-NOK afirmó que puso en manos del partido su finca "para hacer a todas luces un cultivo medicinal porque se daban las condiciones idóneas en esa parcela, que era tierra virgen y sin veneno". Manifestó que la semilla se empezó a cultivar en agosto (la reunión del RCN con Delegación fue el 30 de julio), "cuando tenemos la certeza de que los permisos están en marcha. Si no tuviera los permisos, no lo hubiera hecho. De hecho estábamos a la espera de que viniera la Guardia Civil a controlar, esperábamos que vinieran a fotografiarlo y ver qué era lícito y que no. Eso se iba a entregar a las autoridades. No hay otra, sino no tiene sentido". Dijo que en el momento de su destrucción las plantas estaban madurando ya que se suelen recoger en septiembre y que cuando la Guardia Civil empezó a preguntar por los permisos "creí que me habían hecho la envolvente. Ya me iba fiando cada vez menos", declaró.

NUNCA HUBO UN NO Fermín Les, presidente del partido, aseguró que la idea de solicitar permiso para la finca de Liédena "nació de una manera natural. Nos empezó a llegar tanto enfermo que requería cannabis (se les daba 1 gramo por persona y día y bajo prescripción médica) que nos vemos desbordados porque no podíamos abastecerlos y pusimos en conocimiento de la Delegación del Gobierno la ubicación del Banco Medicinal". A la reunión con Elma Saiz, acudieron Les y otros dos miembros de la junta directiva y el acusado rememoró que a la delegada "le solicitamos protección para el cultivo porque era un cannabis gratuito para los enfermos y le pareció un proyecto magnífico. Quedó en llamarnos si había algún problema. Y a los dos días me llamó del Seprona un responsable que iba a ser el enlace pa-ra coordinarnos y entendimos que todo iba en marcha. Jamás recibimos un no. Si no hubiéramos sabido al 100% que nos lo permitían, no lo hubiéramos plantado. Ya teníamos muchos problemas por nuestra acción política, por la represión...".

El teniente de la Unidad Antidroga de la Guardia Civil, instructor del atestado, declaró que no "no es muy normal" que a su cajetín hubiera llegado ese informe del partido cannábico situando "el lugar del cultivo", pero al solicitarle las autorizaciones "vimos que no contaban con ninguna". Aclaró que la autoridad competente para estas plantaciones es la Agencia del Medicamento y, sobre los imputados, recordó que "decían que no estaban haciendo ningún mal". El mando de Sangüesa que levantó acta de descubrimiento de la plantación el 26 de agosto dijo que no cortaron la marihuana ese mismo día porque "los propietarios alegaban que disponían de un posible permiso". Dijo no saber "qué pinta el Seprona" en este conflicto. Por último, un imputado grabó a este mando cuando acudió en la finca. La grabación se escuchó en la sala y en la misma el guardia civil decía que el problema en dicha finca era que "en Delegación del Gobierno uno de nuestros jefes se enteró por terceros de una plantación ilegal". 


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