El presente informe fue encargado hace unos años
por los presidentes del continente americano le pidieron a la OEA un informe
sobre el consumo de drogas en la región. El estudio, elaborado por mandato de
los jefes de Estado de la región y tuvo un costo de 2,2 millones de dólares.
El informe recoge una tendencia mundial hacia
una mayor tolerancia al consumo y sobre todo a encarar el problema como un tema
de salud pública. Advierte que esta postura “no constituye una conclusión, sino
el inicio de un debate largamente esperado” y que, en definitiva, serán los
gobiernos los que tienen que llegar a la a esa conclusión. De todos modos, la
OEA sostiene que hoy no existen “apoyos significativos” en favor de la
despenalización.
El informe agrega que “las medidas restrictivas
de libertad son antagónicas de este enfoque y sólo deberían usarse cuando esté
en riesgo la vida del adicto o cuando su conducta constituya un riesgo para la
salud”. Propone “probar y aprender de regímenes legales y regulatorios
alternativos, iniciando con el cannabis”.
Si bien el estudio aboga por la despenalización
del consumo es cauto en cuanto a la legalización de la producción y
el tráfico. El informe delinea escenarios y opciones para la estrategia
antidrogas desde ahora hasta 2025, dependiendo de las políticas que tomen los
gobiernos de cada región. El texto desaconseja “cambios drásticos y
dramáticos” en las legislaciones, pero ve necesaria “mayor flexibilidad” por
parte de los gobiernos, especialmente a la hora de “impulsar cambios en la
legislación internacional”.
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