El presente informe fue encargado hace unos años
por los presidentes del continente americano le pidieron a la OEA un informe
sobre el consumo de drogas en la región. El estudio, elaborado por mandato de
los jefes de Estado de la región y tuvo un costo de 2,2 millones de dólares.

El informe agrega que “las medidas restrictivas
de libertad son antagónicas de este enfoque y sólo deberían usarse cuando esté
en riesgo la vida del adicto o cuando su conducta constituya un riesgo para la
salud”. Propone “probar y aprender de regímenes legales y regulatorios
alternativos, iniciando con el cannabis”.
Si bien el estudio aboga por la despenalización
del consumo es cauto en cuanto a la legalización de la producción y
el tráfico. El informe delinea escenarios y opciones para la estrategia
antidrogas desde ahora hasta 2025, dependiendo de las políticas que tomen los
gobiernos de cada región. El texto desaconseja “cambios drásticos y
dramáticos” en las legislaciones, pero ve necesaria “mayor flexibilidad” por
parte de los gobiernos, especialmente a la hora de “impulsar cambios en la
legislación internacional”.
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