Ayer
se inicio la Ponencia
encargada de proseguir los trabajos realizados para el análisis de una solución
regulada de la actividad de los denominados Cannabis Sociales Clubs (CSC), una
ponencia creada por el parlamento Vasco, que retoma su actividad después de que
las elecciones autonómicas de 2012 lo interrumpieran.
Una
ponencia pionera en España que trata de establecer una solución que
permita a los CSC seguir con su actividad de manera regulada sin las
detenciones e imputaciones que se han venido realizando en los últimos años,
aportando un marco de estabilidad jurídica a las asociaciones de consumo
de cannabis en Euskadi.
El
extenso listado de comparecientes superará con creces el de la ponencia
anterior El PSE ha reclamado la presencia de 25 expertos, el PP seis, el PNV 27
y EH Bildu diez, algunos de ellos repetidos entre sí. El listado recoge 60
personas, entre ellas los dos exconsejeros de Sanidad, Rafael Bengoa y su predecesor,
Gabriel Inclán, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco,
la anterior y la actual viceconsejeras de Justicia, María Victoria Cinto y Ana
Agirre, la exdirectora de Drogodependencias Celina Pereda, y la actual
responsable de área, Miren Dorronsoro, directora de Adicciones.
Los
grupos han coincidido en reclamar la presencia de Jose Luis Diez Ripolles,
catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga y su compañero Juan
Muñoz, nombres que se repiten entre las peticiones de los grupos
parlamentarios. Otros nombres que se repiten son el del viceconsejero de
Seguridad, Josu Zubiaga, o el de Martin Barriuso, Portavoz de la Federación de
Asociaciones Cannábicas (FAC), así como el de Teresa Laespada, exparlamentaria
socialista y directora del Instituto Deusto de Drogodependencias.
La
ponencia también ha acordado citar a expertos internacionales como Carel
Edwards, ex jefe de la unidad de coordinación de drogas de la Comisión Europea,
Marjolijn Sonnema responsable de Drogodependencias del Gobierno de Holanda,
Xaquin Acosta, ingeniero agrónomo especializado en el área o Hamid Ghodse,
experto en estupefacientes de la ONU.
Entre
quienes critican el paso dado por el País Vasco está el máximo responsable del
Gobierno central en materia de drogodependencias, Francisco Babín, durante su
comparecencia en la anterior Ponencia cerró la puerta a la regulación de los
clubes de consumo de cannabis, declarando que la comunidad autónoma no tiene
competencias para legalizar una droga y alertó del ‘efecto llamada’ que
supondría liberalizar la droga más consumida por detrás del alcohol y del
tabaco: “Lo único que va a comportar es un incremento del consumo e,
indiscutiblemente, una disminución en la edad de inicio”.
La
ponencia se celebrará los días 11 y el 15 de octubre. La Cámara de
Vitoria es el primer parlamento autonómico que aborda esta cuestión, y, por lo
tanto, ha generado ciertas expectativas a nivel nacional en cuanto a los resultados
que pudieran derivarse de su trabajo. El actual Gobierno del PNV se ha
comprometido a aprobar la ley dentro de su calendario legislativo, con la
previsión de enviar el texto al Parlamento durante el segundo semestre del año
que viene.
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