El Estado español vive días de inquietud social. Cada vez más personas y colectivos advierten de la regresión democrática que parece querer imprimir el Partido Popular en diferentes frentes. El ante-proyecto de seguridad ciudadana, conocido ya popularmente como “Ley mordaza” es uno de ellos. En este texto nos proponemos acercar lo ocurrido el pasado mes de enero en Barcelona en materia de políticas de drogas en general, y en las consecuencias concretas derivadas de dicho ante-proyecto, en caso de que finalmente se apruebe, para las personas consumidoras de cannabis en particular.
El 14 de enero en la universidad (UPF) de Barcelona se organizó una mesa
redonda titulada “Cannabis: ¿Criminalizar o Regular?” en la que tres personas
expertas en la materia y unas 90 personas de público compartieron, a lo largo
de dos horas, argumentos sobre el desafío que representa el ante-proyecto de
ley de Protección de la Seguridad Ciudadana que aprobó el PP a finales de 2013.
Pinchando aquí se
puede leer el texto “Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad
Ciudadana: Represión de las personas consumidoras de cannabis y otras drogas”
que IPDS, como organizadores del evento, elaboramos para compartir y dar a
conocer sucintamente lo que implica este ante-proyecto de ley con relación al
cannabis y a los Clubes Sociales de Cannabis.
Por su parte, José C. Bouso (vídeo) desmontó uno por uno los argumentos que se utilizan para justificar un endurecimiento de las leyes sobre cannabis. Para ello, solo necesitó datos estadísticos extraídos de fuentes oficiales como son las del Plan Nacional Sobre Drogas. Las cifras oficiales no sustentan la idea del “potencial de abuso” del cannabis, es decir, no es cierto que haya una relación a lo largo de los años entre los inicios de consumo (que no han dejado de subir) y el consumo continuado (que se mantiene estable). Si los consumos suben pero no hay un mayor abuso por parte de la población implementar políticas punitivas no responde a la evidencia científica.
José C. Bouso abrió la tarde con una charla sobre cannabis medicinal por medio
de la cual acercó, a los más de 100 asistentes, los últimos avances en materia
de estudios científicos internacionales.
El plato fuerte de la tarde fue la
mesa redonda de políticos, que además contó con las aportaciones de Martín
Barriuso. Un representante de cada partido político del arco parlamentario
catalán (menos del partido socialista catalán, PSC) expuso su punto de vista y
el de su partido sobre la situación actual de la potencial regulación de la
actividad de los CSC de Cataluña en un interesante debate. En
este sentido, todos los ponentes se mostraron a favor de una regulación,
incluso sobre temas muy delicados a nivel de competencias entre diferentes
administraciones como son el cultivo y el transporte de cannabis. El elemento
más disonante de la tarde fue la representante del PP de Cataluña. La señora
Eva García anunció una supuesta ponencia creada a partir de la iniciativa de su
partido en el Congreso español para estudiar el fenómeno de los CSC. Supuesta
porque, a día de hoy, nadie conoce absolutamente nada de ella. La Sra. García se comprometió públicamente a
facilitar que Martín Barriuso pudiera ir al Congreso a explicar su situación
(el PP de Madrid no le recibe pese a los dos años que él lleva pidiendo una
reunión).
Mesa de políticos en el Hemp Muesum de Barcelona.
La segunda parte del debate fue sobre el ante-proyecto de ley de protección
de la Seguridad Ciudadana. De nuevo, todos los representantes coincidieron en
rechazar el ante-proyecto y la valoraron como pre-democrático, menos la
representante del PP, quien dijo que “no se trata de una ley, es un proyecto y
lo que pretende es intentar controlar, no de una forma restrictiva, sino mucho
más… ejem… puede tener alguna restricción, no os voy a decir que no, pero no
restricciones severas para ir contra nadie sino precisamente intentar que la
banalización que hay sobre vuestra actividad (CSC) no sea lo que hasta ahora ha
sido, ¿no?”.
noticia: http://15m-politicasdedrogas.pangea.org/?p=460
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