Desde hace unos días estamos recibiendo noticias sobre
algunas de las asociaciones situadas en Barcelona, que están recibiendo una
notificación de la Guardia Urbana donde se los ordena el cese de las
actividades del club en 48 horas y que advierte qué, en caso contrario, se
procederá al precinto del domicilio social. Hoy, la Agencia EFE publica que uno
de estos clubes ha emprendido una querella, dirigida contra el gerente del
distrito de Ciutat Vella, el Departamento de Licencias e Inspección del
Ayuntamiento, y contra el director de los servicios jurídicos del consistorio,
a alegando que el expediente sancionador es “injusto y arbitrario” que además
contrario a los derechos fundamentales del asociacionismo , presunción de
inocencia, derecho a un proceso con las debidas garantías y vulneración del
principio de legalidad.
Sabemos que los momentos de transición siempre generan
tensiones propias del cambio de paradigma. Es por eso que pedimos paciencia a
todos los actores implicados para llegar a un diálogo y a un consenso que
fomente la convivencia cívica entre todas y todos.
Desde la CatFAC somos conscientes que la Administración hace
su trabajo y vela por el bien común, pero creemos que esta situación sería más
sencilla si antes de actuar se concretara una normativa clara para todas las
asociaciones Cannàbicas. Nosotros reiteramos nuestra propuesta de colaboración
con las administraciones, y en este caso con el Ayuntamiento de Barcelona, para
crear y definir los límites, las normas y las condiciones con la intención de
regular nuestra actividad.
Volvemos a felicitar el Ayuntamiento por la valentía en el
paso adelante que supone querer reconocer una realidad social como la nuestra,
ofreciéndonos un espacio en el modelo de ciudad. Esperamos próximamente poder
iniciar un trabajo conjunto entre todos los actores implicados para hacer nacer
la regulación y trabajar porque las asociaciones se adapten.
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