La regulación del consumo de marihuana también preocupa a
los jueces, que a menudo deben decidir si envían a prisión o absuelven a los
responsables de los clubes cannábicos por tráfico de drogas. Estas
asociaciones, que han proliferado en ciudades como Barcelona, se hallan en una
encrucijada legal y son objeto de investigaciones policiales de suerte diversa.
Una reciente sentencia absolutoria, dictada por la Audiencia de Barcelona,
insta a las instituciones a fijar “un marco normativo claro” sobre “una
actividad que permanece en los limbos de la alegalidad”.
“Hace tiempo que desde muchos sectores jurídicos, sanitarios
y sociales se está reclamando del legislador que fije un marco normativo claro
para el funcionamiento de esta clase de asociaciones”, señala la sentencia, de
la que ha sido ponente el magistrado Santiago Vidal. Los jueces lamentan que
“solo el Parlamento de Euskadi ha impulsado esta tarea reguladora”. Y critican
que la Fiscalía General del Estado no haya “actuado aún en defensa del interés
público en esta materia, más allá de perseguir de forma indiscriminada
situaciones como la que es objeto de este proceso penal”.
La fiscalía, recuerda la resolución, puede hacer
recomendaciones al Gobierno para que regule la materia. “Tal vez ya es hora de
que inste una aclaración jurídica de los motivos por los que otras drogas
nocivas para la salud, como el tabaco o el alcohol, cuando se consumen de forma
abusiva, disfrutan de un estatus legal mucho más permisivo”, argumentan. La
sentencia resuelve un recurso de la fiscalía contra la absolución de los
máximos responsables del club cannábico Airam por un delito de tráfico de
drogas.
En febrero de 2012, dos jóvenes fueron detenidos cuando
salían de la sede de la asociación, en Barcelona. Habían comprado tres dosis de
hachís sin ser socios y habían pagado, por cada una de ellas, 20 euros. La
fiscalía acusó a cinco responsables de la entidad de tráfico de drogas por
haber vulnerado los requisitos del “autoconsumo compartido” y haber vendido droga
a terceros con ánimo de lucro.
La resolución, dictada por la Sección Décima de la
Audiencia, desoye los argumentos del fiscal y confirma la absolución. Los
magistrados afirman que la detención de los dos jóvenes “no demuestra” que los
acusados les hubieran vendido las dosis. “La hipótesis de que dicha sustancia
estupefaciente fuese para el propio consumo de los compradores no puede ser
descartada”, razonan.
Los clubes de cannabis han aprovechado la figura de la
asociación (que es un derecho fundamental reconocido por la Constitución) para
realizar su actividad. Pero el sector coincide con la Audiencia y lleva meses
trabajando para conseguir una regulación clara, que les permita seguir
dispensando cannabis sin tener que vivir con la incertidumbre de que se les
acuse de tráfico de drogas. El Departamento de Salud también aboga por fijar
unas normas, poniendo el acento en la necesidad de reducir riesgos de salud
pública. Las federaciones de los clubes y los partidos políticos han tenido
diferentes reuniones y en septiembre se discutirá en el Parlament el borrador
de una propuesta de Buenas Prácticas. Aun así, una eventual reforma del Código
Penal está en manos del Gobierno central.
“Los clubes han demostrado que hay un ejército de miles de
personas consumidoras de cannabis”, explicó ayer un trabajador del sector.
Según las estimaciones, los 400 clubes que existen en Cataluña abastecen a
165.000 consumidores. Existe el riesgo de que muchos de ellos acudan al mercado
negro si se precintan los clubes.
Desde hace una semana, Airam está de nuevo en el punto de
mira de la justicia. Esta vez, por un presunto caso de blanqueo de capitales.
Cuatro responsables del club permanecen imputados por haber utilizado,
presuntamente, un entramado de empresas para desviar a sus bolsillos más de un
millón de euros procedentes de la venta de marihuana a los socios. Entre ellos
figura el presidente de la entidad, Francesc S. —que administra la mayoría de
las empresas— y su mano derecha, Albert T., quien a su vez es presidente de
Fedcac, la federación que agrupa a estos locales y que aboga por la regularización
de la marihuana.
Alrededor de mil personas se acercan cada día a la sede de
Airam, en la calle Ample, para consumir o comprar su dosis de marihuana. El
miércoles, sin embargo, los usuarios encontraron sus puertas cerradas. Los
10.000 socios que integran el club deberán buscar ahora una alternativa. El
juez que investiga el caso ha ordenado, a petición de la Fiscalía, la clausura
del local de forma cautelar. Desde 2010, el Código Penal permite cerrar los
locales de empresas o asociaciones que hayan cometido un delito durante un
periodo máximo de cinco años. La medida deja sin trabajo, de paso, a unas 30
personas.
Además del local principal de Airam, en la calle Ample de
Barcelona, el juez ha ordenado también el cierre de la sede de Caselldefels y
ha decretado la disolución de las siete empresas que, presuntamente, utilizaron
los imputados para blanquear los beneficios obtenidos con la venta del
cannabis. El magistrado ha decidido bloquear 60 cuentas bancarias que
pertenecen a los implicados, defendidos por la abogada Laura Alegre, del
despacho Nieto & Povedano. Según datos de la investigación, la entidad
generaba una facturación anual de 1,5 millones. Los Mossos creen que una parte
del dinero era desviada a las cuentas corrientes de los implicados y, el resto,
mediante la simulación de operaciones comerciales. Las entidades son sin ánimo
de lucro y, en principio, deben emplear los beneficios en la propia asociación.
En el registro de la entidad se encontraron 11 kilos de
marihuana y 50.000 euros en efectivo. Los Mossos han investigado el patrimonio
de los implicados en una de las primeras investigaciones centradas en el
blanqueo de capitales, y no en el tráfico de drogas, que en el caso de la
marihuana conlleva penas de prisión inferiores. No es la primera vez, sin
embargo, que se clausura uno de estos locales.
Informacion: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/17/catalunya/1405624740_561106.html#sthash.rWflfWOL.dpuf
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada