La Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional no quiere que quede lugar a dudas:
las asociaciones de consumidores de cannabis no pueden tener plantaciones de marihuana. Como saben que esto ocurre, el fiscal jefe, José Ramón Noreña, aseguró ayer que vigilarán atentamente a estos colectivos porque, a su juicio, se están financiando con el tráfico de estupefacientes. Y en cuanto a la ponencia del Parlamento Vasco para estudiar la posible regularización de estos clubes sociales, no le ve futuro: «Ninguna comunidad autónoma tiene competencias para ello» porque el asunto es «competencia exclusiva del Estado».
Noreña
convocó ayer a los medios de comunicación tras finalizar la Junta General de la
Fiscalía Especial Antidroga, que tuvo lugar el jueves y el viernes en el
municipio vizcaíno de Santurtzi, para mostrar la firmeza del Ministerio Público
en esta materia. «El cultivo de cualquier planta con propiedades
estupefacientes está sometido en España a un estricto sistema legal de autorización
y control por parte del Ministerio de Sanidad con el exclusivo fin de obtener
las sustancias necesarias para la industria farmacéutica», se arrancó. De modo
que cualquier otra forma de cultivo queda incluida «en la previsión de los
artículos 368 y concordantes del Código Penal». En esta regulación, se
contemplan penas de cárcel de hasta seis años.
En Euskadi
hay 54 asociaciones de consumidores de cannabis a las que pertenecen unas 5.000
personas que disfrutan de esta planta con naturalidad (el consumo no está
penado) y no quieren acudir al opaco y a veces peligroso mercado negro para
conseguirla.
¿Cómo pretende controlar la fiscalía a estos colectivos? Dice José
Ramón Noreña que hay dos vías. La primera es acudir a los estatutos y comprobar
si en ellos se recoge la comisión de hechos delictivos. Sin embargo, esta
estrategia es bastante ingenua ya que los textos «son lo suficientemente
genéricos para que no se pueda detectar en ellos la comisión de ilícitos».
La segunda
vía es supervisar la «actividad real» de las asociaciones. «Si se realizan
actos de cultivo o comercialización de manera irregular estaríamos ante un
delito contra la salud pública», aseguró el fiscal jefe. En este sentido,
aseguró que «la Fiscalía Especial Antidroga y las fuerzas y cuerpos de
seguridad están atentos a las actividades reales» de los mencionados colectivos
para «evitar que bajo la aparente cobertura del derecho de asociación y de la
libertad de expresión puedan cometer delitos».
El problema
es que, según se mencionó en la ponencia del Parlamento Vasco -apoyada por
todos los grupos-, hay un vacío legal, una especie de limbo que rodea a estas
asociaciones para las que también el Ararteko, Íñigo Lamarca, ha apoyado la
elaboración de una regulación específica.
Sin embargo, a juicio del fiscal
antidroga «no hay ningún vacío legal». Si acaso, lo que se da es «una trampa».
Se refiere al «consumo compartido», que sí está autorizado y es el argumento al
que apelan las asociaciones. Lo que ocurre es que, según la jurisprudencia del
Tribunal Supremo, este derecho está «restringido a reuniones de muy pocas
personas, tres o cuatro, que encargan a una de ellas la adquisición de la
sustancia para consumirla todos ellos, pero evidentemente no se está pensando
en asociaciones» con cientos de miembros. «Estaremos muy atentos», insistió
Noreña, y si los colectivos exceden el criterio de consumo compartido
«iniciaremos las acciones correspondientes».
Clarificar
conceptos
Desde la izquierda, la fiscal jefe de Bizkaia, Carmen Adán; Noreña; el presidente del Tribunal Superior, Juan Luis Ibarra; el alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna; el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce; y Calparsoro, ayer, durante una recepción en el Ayuntamiento de la capital vizcaína. / FERNANDO DOMINGO-ALDAMA
Concedió que el foro puede ser útil para «clarificar conceptos» en el aspecto médico, jurídico o epidemiológico, y también como vía para «resolver dudas sobre el asunto y abrir un debate».
Sin embargo,
en cuando a la finalidad de lograr una regulación propia en Euskadi, fue muy
claro: «Una comunidad no tiene competencias para legalizar un tipo de actividad
en el que la regulación es competencia exclusiva del Estado».
No se puede "hablar nunca de consumo
compartido" en asociaciones con volumen de asociados
Noreña se ha
pronunciado de esta manera en una rueda de prensa en la localidad vizcaína de
Santurtzi, con motivo de la reunión de la Junta semestral de esta fiscalía
Antidroga, que ha abordado, entre otros asuntos, el cultivo de hachís y
marihuana y la situación de las asociaciones que propugnan la liberalización
del consumo de drogas.
El fiscal ha
insistido en que, si bien reconoce que existe "un movimiento favorable a
la despenalización", se ejercitarán las acciones penales correspondientes
contra la comisión de delito "mientras la regulación sea la que es".
En su
opinión, no existe "ningún limbo legal" ni desde el punto de la vista
de las asociaciones cannábicas ni de sus actividades, aunque ha reconocido que
es "un tema complicado".
Según ha
indicado, la Junta de la Fiscalía ha abordado el control de la legalidad de las
asociaciones que propugnan la legalización de dichas actividades, tanto de los
contenidos de sus estatutos como de su actividad "real". En relación
a los estatutos, ha resaltado que, por regla general, no es posible apreciar la
existencia de delito porque son "suficientemente genéricos" y
normalmente "aluden a la legalidad vigente".
"Quien
redacta unos estatutos de una asociación se van a cuidar muy mucho de decir que
van a proceder al cultivo sí o sí, diga lo que diga la ley", ha apuntado.
En cuanto a
la actividad de estas asociaciones, ha precisado que la asociación no podrá
realizar cultivo o comercialización sin someterse a los requisitos establecidos
por la ley de Estupefacientes ya que, en caso contrario, "sus conductas
encajan en los delitos contra la salud pública".
Según ha
señalado, la Fiscalía Antidroga y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
"están atentos a las actividades reales" para evitar que, "bajo
la aparente cobertura del derecho de asociación y de la libertad de expresión
puedan cometer esos delitos".
En este
sentido, ha manifestado que se da "la trampa" de alegar "que su
actividad encaja en el consumo compartido", pero este concepto está
restringido a reuniones de "muy pocas personas que encargan a una de ellas
la adquisición de sustancia que sea para consumir todos ellos" y, en
consecuencia, "no está pensando en "asociaciones de 4.000 asociados,
200 asociados...".
De este
modo, ha resaltado que, en asociaciones con determinado volumen de miembros,
"no vamos a poder hablar nunca de consumo compartido". "Si al
final se van a estar financiando con beneficios que están obteniendo a través
de las drogas, están incursos en el Código Penal", ha insistido.
Por tanto,
ha indicado que, si en el marco de investigaciones sobre actividades delictivas
"nos llevan a una asociación" y "hay responsabilidad", se
ejercitarán las acciones pertinentes para que "se declare lícita esa
asociación y se disuelva".
En cualquier
caso, ha añadido que, si bien se intensificará la vigilancia sobre estas
entidades, "no más que en relación a narcotraficantes típicos y genuinos,
de todos conocidos". Además, ha advertido de que la administración tiene
unos medios "relativamente escasos" para afrontar "un fenómeno
tan extendido como el tráfico de droga".
Preguntado
por la ponencia impulsada en el Parlamento vasco dirigida a estudiar la
regulación de las asociaciones de autoconsumo, ha señalado, tras precisar que
no puede "interferir" en un acuerdo de la Cámara autonómica para
crear una ponencia, que "una comunidad autónoma no tiene competencias para
legalizar un tipo de actividad en el que la regulación es competencia exclusiva
del Estado".
De este
modo, ha apuntado que "tenemos una ley de estupefacientes y tenemos una
constitución, donde ciertos aspectos de la sanidad son competencia exclusiva
del Estado". "Una comunidad no podría legalizar algo que no se puede
legalizar en el resto del Estado", ha insistido el fiscal, que ha
considerado que "no cabe" tampoco la regularización de las
asociaciones.
No obstante,
ha indicado que, "en tanto sirva para clarificar conceptos desde el punto
de vista jurídico, médico, epidemiológico, no tengo nada que decir" sobre
la ponencia y ha añadido que, de hecho, "determinados miembros del
Gobierno, como el delegado del Gobierno en el Plan Nacional Antidroga, a mí me
ha dicho que él estaría dispuesto a acudir a esa comisión y explicar la
situación".
http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/598225/fiscal-jefe-antidroga-dice-que-no-se-puede-hablar-nunca-de-consumo-compartido-en-asociaciones-con-volumen-de-asociados
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