dissabte, 16 de juny de 2012

La Fiscalía antidroga pone la lupa sobre los clubes de cannabis





 
La Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional no quiere que quede lugar a dudas:


 las asociaciones de consumidores de cannabis no pueden tener plantaciones de marihuana. Como saben que esto ocurre, el fiscal jefe, José Ramón Noreña, aseguró ayer que vigilarán atentamente a estos colectivos porque, a su juicio, se están financiando con el tráfico de estupefacientes. Y en cuanto a la ponencia del Parlamento Vasco para estudiar la posible regularización de estos clubes sociales, no le ve futuro: «Ninguna comunidad autónoma tiene competencias para ello» porque el asunto es «competencia exclusiva del Estado».

Noreña convocó ayer a los medios de comunicación tras finalizar la Junta General de la Fiscalía Especial Antidroga, que tuvo lugar el jueves y el viernes en el municipio vizcaíno de Santurtzi, para mostrar la firmeza del Ministerio Público en esta materia. «El cultivo de cualquier planta con propiedades estupefacientes está sometido en España a un estricto sistema legal de autorización y control por parte del Ministerio de Sanidad con el exclusivo fin de obtener las sustancias necesarias para la industria farmacéutica», se arrancó. De modo que cualquier otra forma de cultivo queda incluida «en la previsión de los artículos 368 y concordantes del Código Penal». En esta regulación, se contemplan penas de cárcel de hasta seis años.

En Euskadi hay 54 asociaciones de consumidores de cannabis a las que pertenecen unas 5.000 personas que disfrutan de esta planta con naturalidad (el consumo no está penado) y no quieren acudir al opaco y a veces peligroso mercado negro para conseguirla.
  ¿Cómo pretende controlar la fiscalía a estos colectivos? Dice José Ramón Noreña que hay dos vías. La primera es acudir a los estatutos y comprobar si en ellos se recoge la comisión de hechos delictivos. Sin embargo, esta estrategia es bastante ingenua ya que los textos «son lo suficientemente genéricos para que no se pueda detectar en ellos la comisión de ilícitos».

 La segunda vía es supervisar la «actividad real» de las asociaciones. «Si se realizan actos de cultivo o comercialización de manera irregular estaríamos ante un delito contra la salud pública», aseguró el fiscal jefe. En este sentido, aseguró que «la Fiscalía Especial Antidroga y las fuerzas y cuerpos de seguridad están atentos a las actividades reales» de los mencionados colectivos para «evitar que bajo la aparente cobertura del derecho de asociación y de la libertad de expresión puedan cometer delitos». 

El problema es que, según se mencionó en la ponencia del Parlamento Vasco -apoyada por todos los grupos-, hay un vacío legal, una especie de limbo que rodea a estas asociaciones para las que también el Ararteko, Íñigo Lamarca, ha apoyado la elaboración de una regulación específica. 
  Sin embargo, a juicio del fiscal antidroga «no hay ningún vacío legal». Si acaso, lo que se da es «una trampa». Se refiere al «consumo compartido», que sí está autorizado y es el argumento al que apelan las asociaciones. Lo que ocurre es que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, este derecho está «restringido a reuniones de muy pocas personas, tres o cuatro, que encargan a una de ellas la adquisición de la sustancia para consumirla todos ellos, pero evidentemente no se está pensando en asociaciones» con cientos de miembros. «Estaremos muy atentos», insistió Noreña, y si los colectivos exceden el criterio de consumo compartido «iniciaremos las acciones correspondientes».

Clarificar conceptos

Por último, el fiscal se refirió a la ponencia del Parlamento Vasco que busca la regularización de los clubes sociales de cannabis

 Desde la izquierda, la fiscal jefe de Bizkaia, Carmen Adán; Noreña; el presidente del Tribunal Superior, Juan Luis Ibarra; el alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna; el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce; y Calparsoro, ayer, durante una recepción en el Ayuntamiento de la capital vizcaína. / FERNANDO  DOMINGO-ALDAMA

Concedió que el foro puede ser útil para «clarificar conceptos» en el aspecto médico, jurídico o epidemiológico, y también como vía para «resolver dudas sobre el asunto y abrir un debate».
Sin embargo, en cuando a la finalidad de lograr una regulación propia en Euskadi, fue muy claro: «Una comunidad no tiene competencias para legalizar un tipo de actividad en el que la regulación es competencia exclusiva del Estado».


 No se puede "hablar nunca de consumo compartido" en asociaciones con volumen de asociados
 
 José Ramón Noreña, ha asegurado que no existe "limbo legal" en relación a las asociaciones de cannabis y ha insistido en que "no vamos a poder hablar nunca de consumo compartido" en clubes con un importante volumen de asociados. Asimismo, ha considerado que "no cabe" que Euskadi proceda a regularizar estas entidades porque se trata de una competencia exclusiva del Estado.
 
Noreña se ha pronunciado de esta manera en una rueda de prensa en la localidad vizcaína de Santurtzi, con motivo de la reunión de la Junta semestral de esta fiscalía Antidroga, que ha abordado, entre otros asuntos, el cultivo de hachís y marihuana y la situación de las asociaciones que propugnan la liberalización del consumo de drogas. 

El fiscal ha insistido en que, si bien reconoce que existe "un movimiento favorable a la despenalización", se ejercitarán las acciones penales correspondientes contra la comisión de delito "mientras la regulación sea la que es".

En su opinión, no existe "ningún limbo legal" ni desde el punto de la vista de las asociaciones cannábicas ni de sus actividades, aunque ha reconocido que es "un tema complicado".


Según ha indicado, la Junta de la Fiscalía ha abordado el control de la legalidad de las asociaciones que propugnan la legalización de dichas actividades, tanto de los contenidos de sus estatutos como de su actividad "real". En relación a los estatutos, ha resaltado que, por regla general, no es posible apreciar la existencia de delito porque son "suficientemente genéricos" y normalmente "aluden a la legalidad vigente".

"Quien redacta unos estatutos de una asociación se van a cuidar muy mucho de decir que van a proceder al cultivo sí o sí, diga lo que diga la ley", ha apuntado.

En cuanto a la actividad de estas asociaciones, ha precisado que la asociación no podrá realizar cultivo o comercialización sin someterse a los requisitos establecidos por la ley de Estupefacientes ya que, en caso contrario, "sus conductas encajan en los delitos contra la salud pública".

Según ha señalado, la Fiscalía Antidroga y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "están atentos a las actividades reales" para evitar que, "bajo la aparente cobertura del derecho de asociación y de la libertad de expresión puedan cometer esos delitos".

En este sentido, ha manifestado que se da "la trampa" de alegar "que su actividad encaja en el consumo compartido", pero este concepto está restringido a reuniones de "muy pocas personas que encargan a una de ellas la adquisición de sustancia que sea para consumir todos ellos" y, en consecuencia, "no está pensando en "asociaciones de 4.000 asociados, 200 asociados...".

De este modo, ha resaltado que, en asociaciones con determinado volumen de miembros, "no vamos a poder hablar nunca de consumo compartido". "Si al final se van a estar financiando con beneficios que están obteniendo a través de las drogas, están incursos en el Código Penal", ha insistido.

Por tanto, ha indicado que, si en el marco de investigaciones sobre actividades delictivas "nos llevan a una asociación" y "hay responsabilidad", se ejercitarán las acciones pertinentes para que "se declare lícita esa asociación y se disuelva".

En cualquier caso, ha añadido que, si bien se intensificará la vigilancia sobre estas entidades, "no más que en relación a narcotraficantes típicos y genuinos, de todos conocidos". Además, ha advertido de que la administración tiene unos medios "relativamente escasos" para afrontar "un fenómeno tan extendido como el tráfico de droga".

Preguntado por la ponencia impulsada en el Parlamento vasco dirigida a estudiar la regulación de las asociaciones de autoconsumo, ha señalado, tras precisar que no puede "interferir" en un acuerdo de la Cámara autonómica para crear una ponencia, que "una comunidad autónoma no tiene competencias para legalizar un tipo de actividad en el que la regulación es competencia exclusiva del Estado".

De este modo, ha apuntado que "tenemos una ley de estupefacientes y tenemos una constitución, donde ciertos aspectos de la sanidad son competencia exclusiva del Estado". "Una comunidad no podría legalizar algo que no se puede legalizar en el resto del Estado", ha insistido el fiscal, que ha considerado que "no cabe" tampoco la regularización de las asociaciones.

No obstante, ha indicado que, "en tanto sirva para clarificar conceptos desde el punto de vista jurídico, médico, epidemiológico, no tengo nada que decir" sobre la ponencia y ha añadido que, de hecho, "determinados miembros del Gobierno, como el delegado del Gobierno en el Plan Nacional Antidroga, a mí me ha dicho que él estaría dispuesto a acudir a esa comisión y explicar la situación".


http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/598225/fiscal-jefe-antidroga-dice-que-no-se-puede-hablar-nunca-de-consumo-compartido-en-asociaciones-con-volumen-de-asociados


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