divendres, 1 de juny de 2012

Sobre la nueva Ley de Seguridad Ciudadana y su repercusión en los usuarios de cannabis


Nueva Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. El paquete de modificaciones que se presentó representa un paso más en la desarticulación de los restos de lo que un día se presumió: el Estado del bienestar.
El Partido Popular, con notable autoritarismo, pretende disparar un dispositivo legislativo-pedagógico que conciba al conjunto de la población –no sólo a jóvenes o “indignados”– como escolares perpetuos de unos determinados valores abstractos de ciudadanía, civilidad o  comportamiento público.


Nos encontramos ante la actualización de una iniciativa institucional que, apelando a valores grandilocuentes y a la vez irrebatibles –paz, seguridad, tolerancia– pretende generar un auténtico entorno intimidatorio, ejercicio de represión preventiva contra sectores incómodos de la población. A su vez, este tipo de reglamentaciones sirven para acosar a formas de disidencia política o cultural que se atreven a desmentir o desacatar el normal fluir de una vida pública declarada por decreto amable y desproblematizada. Las leyes de seguridad ciudadana asignan a la vigilancia y a la actuación policial la labor de lograr lo que sus invocaciones rituales –campañas publicitarias, educación en valores, días mundiales de– no consiguen: disciplinar ese exterior urbano en el que ni ha sido posible mantener a raya las expresiones de desafecto e ingobernabilidad, ni ha logrado disimular el escándalo de una creciente fractura social.

El anuncio del Ministerio del Interior tuvo una amplia repercusión en los medios de comunicación con relación a la posibilidad de que “el uso público e indebido de capuchas, escafandras, cascos o cualquier otro tipo de prenda u objeto que cubra el rostro por completo” pueda ser multado con hasta 30.000 euros de multa. La misma cuantía podrá ser impuesta a aquellas personas que hagan “botellones” no autorizados en el espacio público.

Este escrito de la Comisión Políticas de Drogas y Sostenibilidad quiere reflexionar sobre otra parte del anuncio que quedó totalmente fuera de la atención mediática. Una decisión que tiene unas implicaciones dramáticas para las personas consumidoras de drogas en general y de cannabis en particular y especialmente para los jóvenes –los más desprotegidos.

En el borrador de la nueva Ley de Seguridad ciudadana, según el diario ABC, es “considerada falta «grave» el consumo o tenencia ilícita, aunque no sea destinada al tráfico, de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o drogas en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos, así como el abandono de los útiles o instrumentos empleados al respecto en los citados escenarios”. Además, según ABC, se prevé “ampliar el plazo de prescripción de las infracciones, de acuerdo con su gravedad. El objetivo es evitar la caducidad de los expedientes sancionadores”. El precio que hay que pagar por una falta «grave» oscila de los 3.000 a los 30.000 euros.

Interior pretende conseguir con la elevación de las sanciones una «mayor disuasión» contra la alteración del orden público. Pero lo que aquí identificamos es una propuesta punitiva y con ánimo descaradamente recaudatorio que, más que solucionar problemas y como es habitual en la lógica prohibicionista, los multiplica exponencialmente.
 
En España, según el “Informe 2009 del Observatorio Español Sobre Drogas. Situación y tendencias de los problemas de drogas en España”, en 2007 el 27,3% de la población española de entre 15 y 64 años había probado el cannabis alguna vez en la vida, el 10,1 % lo había consumido en el último año, el 7,2% en el último mes, y el 1,5% lo hacía diariamente. Es decir, más de 3 millones de españoles usan cannabis al menos una vez al mes y más de 700.000 lo hacen diariamente.

Por poner algunas cifras comparativas con actividades que también suponen un riesgo para la salud, en España hay unos 2 millones de esquiadores. El esquí es una práctica de riesgo en la cual  existe una alta probabilidad de sufrir accidentes. De hecho, como consecuencia de sufrir un accidente de esquí, cada año mueren unas 5 personas en España. Sin embargo, los esquiadores españoles –que son muchos menos que los usuarios de cannabis– se exponen mucho menos a sus riesgos (es raro quien puede permitirse esquiar todos los meses del año, aunque sea sólo una vez) y las consecuencias de su conducta son, por el contrario, mucho más graves para su salud que la práctica de fumar cannabis (nunca ha muerto nadie por consumir cannabis). Pero nadie se plantea sancionarles si se les intercepta con material deportivo en la calle para así proteger su salud. Además los espacios donde se practica tal actividad de riesgo no sólo están regulados, sino que incluso se permite el acceso a los mismos, así como su práctica, a menores de edad.

Nos hacemos la pregunta: ¿No es esto una muestra clara que ante una supuesta conducta de riesgo, es mucho mejor un acercamiento educativo que uno punitivo? La respuesta es evidente: da igual, las políticas sociales en general y las de drogas en particular no se basan en la evidencia científica o en el respeto de los derechos de las personas que eligen libremente y por sí mismas involucrarse en una determinada actividad, sino en una ideología –cuando no en una hipócrita moral–interesada en segregar, perseguir y castigar. Pero no lo que es un problema, sino lo que es molestia, lo que es incómodo o lo que hace florecer las propias contradicciones de quienes, con la supuesta misión de servir y representar a la totalidad de la ciudadanía, acaban situando a algunos sectores de los mismos en estados encubiertos de excepción e incluso de sitio.

¿Cuáles son las repercusiones objetivas del consumo de cannabis sobre la salud? Si se toma como indicador un consumo problemático y que como tal se deriva una petición de tratamiento, nos encontramos que, para el año 2007, hubo 5.733 admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cannabis, de las cuales la mayoría (4.619) eran primeras admisiones. Si comparamos estas cifras con las derivadas del consumo de otras drogas, nos encontramos que el porcentaje de primeras admisiones para cannabis es de un 80,5% del total de admisiones mientras que para, por ejemplo, las primeras admisiones por abuso o dependencia de cocaína es de aproximadamente un 60,5% del total. Las cifras de mayor consumo de cannabis se sitúan además en las franjas de edad de los 15-24 años, siendo la edad media de inicio de 18 años, edad media de inicio que se ha mantenido constante desde 1997 hasta la actualidad. 
Al grupo situado en la franja de los 14-25 años le sigue en número de consumidores el situado en la franja de los 25-34 años, para después de esa edad, los consumos ir disminuyendo paulatinamente hasta casi desaparecer. Esto es un indicador evidente de que los consumos de drogas simplemente desaparecen con el paso del tiempo, la maduración de la persona y la asunción de responsabilidades. Pero puede resultar preocupante que sea precisamente esa franja de edad, la más joven, la que más se expone al uso de cannabis.

En el Estudio en colaboración entre la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías titulado “Consumo problemático de cannabis en estudiantes españoles de 14-18 años: validación de escalas”, precisamente se abordaba este problema. Por ejemplo, cuando se administró una de las escalas más habituales a nivel internacional para evaluar abuso de cannabis (la Cannabis Abuse Screening Test, o CAST) a una población de 3.564 adolescentes de entre 14 y 18 años, se encontró que, según palabras textuales del informe: “Si se clasifican los adolescentes de la submuestra según su puntuación en la escala [de 0 a 6] se observa que 93,2% se encuadraban en la categoría “ningún riesgo de abuso de Cannabis (0-1 punto)”, 6,0% en “bajo riesgo de abuso de Cannabis (2-3 puntos)”, y 0,9% en “alto riesgo de abuso de Cannabis (4 puntos y más)””. 
Por otra parte, en el mencionado informe no se pudieron determinar las consecuencias sanitarias en esta mínima submuestra de población adolescente con abuso de cannabis. Por último, en relación al abuso y en comparación, de nuevo, con la cocaína, para esta droga la edad media de inicio del primer tratamiento fue, en 2007, de 31,6 años, siendo la edad media del primer consumo los 21,2. De hecho, de entre los menores de 18 años que acuden a tratamiento, el 15,5% es por cocaína, siendo un alarmante 78,4 % para cannabis. Por último, si la fuente principal que ha referido el tratamiento a los consumidores de cocaína han sido los servicios legales o policiales en el 5,7% de los casos, para el caso del cannabis la cifra se alza al 18,8%.

¿Cómo es posible que para una droga supuestamente muy adictiva como es la cocaína los usuarios tarden una media de 10 años en acudir a tratamiento por abuso y que una sustancia que cuenta con unos índices de abuso que no llegan al 1% en población menor de 18 años un 78,4% de los usuarios de drogas menores de edad acuda a tratamiento cuando aún apenas han tenido tiempo de adquirir el hábito? ¿Y cómo es posible que manteniéndose estables en el tiempo las edades de inicio y las prevalencias de consumo habitual desde 1997, las solicitudes de primer tratamiento pegaran un pico de 5.319 casos en 2004 para seguidamente bajar un poco en años sucesivos hasta en estabilizarse en más de 4.000 casos al año? ¿A qué se debe que haya unos índices altísimos de solicitudes de primeros tratamientos en usuarios adolescentes de cannabis y que una vez “curados” nunca más vuelven, a diferencia de lo que ocurre para la cocaína o para los opiáceos, que los admitidos a primeros tratamientos van disminuyendo con el tiempo a la vez que van aumentando los admitidos a segundos o más tratamientos? ¿Acaso los programas de tratamiento para el abuso de cannabis son más eficaces que los programas de tratamiento para el abuso de cocaína u opiáceos? ¿Es el cannabis una droga susceptible de ser menos consumida con una pauta de abuso quizás a pesar de su alta popularidad entre la población general tal y como se explicaba  más arriba?

Si las peticiones de primer tratamiento fueran un indicador de problemas derivados del uso o de abuso, habría una relación clara entre prevalencia de consumo y dichas peticiones, algo que no ocurre para el caso del cannabis. Sin embargo, sí hay una relación clara entre número de denuncias por tenencia y consumo en la vía pública y solicitudes de tratamiento. Incluso ese estancamiento en el número de peticiones de tratamiento de 2004 en adelante puede que se deba más bien a la popularización del hecho de que recurriendo las multas se termina archivando el expediente por silencio administrativo, algo que el borrador de la nueva Ley trata de evitar ampliando los plazos de respuesta de la administración. Veamos qué hay de razón es este argumento.

En 1997 se pusieron 63.855 denuncias basadas en la Ley Orgánica 1/1992 por tenencia y consumo de drogas en lugares públicos, cifra que no ha parado de crecer año tras año hasta situarse en 2008 en 285.378 denuncias. De ellas, 132.304 (el 46%) se las llevaron jóvenes de 19 a 25 años, el grupo económico probablemente más desfavorecido de todos y donde precisamente se sitúan las franjas de mayores consumos. Pero lo más sorprendente de todo es que el 80,4% de todas las denuncias por tenencia de drogas fueron por tenencia de cannabis. Miremos aún más detenidamente el problema.

Según la “Memoria 2009” del PNSD (http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/publica/pdf/memo2009.pdf), en 2009 han descendido las incautaciones de todas las drogas en relación al 2008: las incautaciones de cocaína han descendido un 9,4%, las de heroína un 45,2%, las de éxtasis un 24,4% y las de hachís un 34,9%. A la vez, a pesar de que las detenciones por tráfico de drogas se han mantenido casi estables en 2009 respecto a 2008 (sólo han disminuido un 1,51%). A la vez, las denuncias por consumo o tenencia en lugares públicos han aumentado en un 23,3%. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto?

Si las detenciones se han mantenido estables en 2009 respecto a 2008, los decomisos han disminuido sustancialmente, y las multas por consumo o tenencia en la vía pública se han disparado. Y con éstas, lógicamente, la solicitud de tratamiento de gente muy joven con pocos recursos económicos que prefieren someterse a un programa de tratamiento –aunque no lo necesiten– antes que pagar una multa. Si estas sanciones se han focalizado casi exclusivamente en personas jóvenes consumidoras de cannabis, entonces es posible que se esté dejando de perseguir con la misma celeridad a los grandes narcotraficantes. Así, el control del consumo se está focalizando en la persecución y el castigo (económico) de una franja poblacional económicamente débil que sufre las consecuencias de un sistema ineficiente del control de la oferta y la demanda. A la vez, se saturan los recursos públicos especializados en el tratamiento de las drogodependencias de menores y adolescentes que no están allí porque lo necesiten, sino tan sólo para evitar pagar una multa, con la consecuente desatención a usuarios que realmente sí necesitan de esos recursos.
 Y es que en relación a los jóvenes en particular, y  a los más desfavorecidos económicamente en general, hay que tener en cuenta la desigual distribución de la privacidad e invisibilidad de los grupos sociales: mientras que los jóvenes ocupan el espacio público porque no pueden acceder a otros espacios y los más pobres viven literalmente en la calle, están más expuestos al control, a la sanción o a una detención. Los más adinerados, mientras tanto, ocupan sus jardines, casas de campo o clubes privados, protegidos de la vigilancia policial. Y no digamos “los indignados” que, si alguna cosa comparten, es justamente la ocupación del espacio público.

La lectura no puede ser otra que los jóvenes y adolescentes españoles están siendo castigados por las malas gestiones de los gobernantes. 
Es evidente que las políticas actuales han fracasado en el control de la oferta –al menos en lo que se refiere al cannabis–, ya que no sólo han disminuido sensiblemente las aprensiones, sino que la percepción de la disponibilidad de cannabis en la franja de población que más se pretende proteger –la de 14-18 años–, es del 66% (59,8% para la población general). Ello, a pesar de los 6 millones de euros que invirtió el Estado español en los años 2006-09 en el control de la oferta.

Respecto al control de la demanda, el fracaso también ha sido evidente: las cifras de prevalencia se mantienen desde hace años más o menos estables y esto a pesar de los 14 millones de euros invertidos para controlar la demanda. Los propios responsables del PNSD son conscientes de este fracaso. En su informe “Evaluación final de la Estrategia Nacional sobre Drogas 2000-2008” muestran cómo sólo se han conseguido el 53% de los objetivos planteados en su estrategia, alcanzando tan sólo el 43% de los objetivos planteados en el ámbito de prevención.

Vistas todas estas cifras ¿Qué mensaje se pretende transmitir, tanto a la sociedad en su conjunto como a nuestros jóvenes y adolescentes? ¿Qué valores se potencian cuando lo que se está haciendo es castigar a esos jóvenes y adolescentes por algo que hacen como consecuencia, en buena medida, de nuestra inoperancia? ¿Y qué ideas se les transmite cuando el castigo económico es sospechoso de ocultar un simple ánimo más recaudatorio que preventivo? ¿Y todo para qué? ¿Para protegerles de unos problemas de salud pública que ni siquiera se ha sabido especificar en el 0,9% de los menores entre 14 y 18 años que tienen problemas de abuso de cannabis?

Teniendo en cuenta todos estos datos ¿de verdad creen los gobernantes en la legitimidad moral y en la oportunidad social de tipificar la tenencia de drogas en lugares públicos, la cual está concentrada en los usuarios de cannabis y en una franja poblacional económicamente débil, como una falta grave con multas de entre 3.000 y 30.000 €? Esta medida probablemente disuadirá a muchos consumidores, pero a la vez será la ruina económica para muchas personas (por ejemplo, sus familias) y sólo por el supuesto objetivo de disuadirles de un consumo que se presupone que es perjudicial para ellos y ante el fracaso evidente de unas políticas de reducción de la oferta y la demanda demostradamente ineficientes. Este cambio legislativo en materia de tenencia y consumo de drogas en lugares públicos hará que muchas personas, para evitar pagar las multas, acudan a tratamientos que no necesitan, colapsando así los servicios públicos y evitando recibir una mejor asistencia aquellos que sí lo necesitan.

En definitiva, nos encontramos ante el anuncio de lo que podemos considerar una política estigmatizante y ultrasegregaria. Dicha senda se inició hace más de dos décadas en los EEUU cuando el “Estado penal” sustituyó el Estado del bienestar –welfare state. Lo que se ha demostrado es que para compensar la inseguridad ciudadana –que inevitablemente se desprende de una desregulación económica y la “desinversión social” del neoliberalismo– se necesita de una sobreinversión penitenciaria y un discurso de “tolerancia cero”. Y es que dicho orden nos sitúa ante un Estado al que no se le puede pedir seguridad social y en su defecto se le pide seguridad penal. El futuro modelo de seguridad es claro; predominio de los medios represivos, criminalización de los excluidos y restricción de las libertades ciudadanas. Todo ello con el objetivo de neutralizar con contundencia y de forma anticipatoria a los grupos percibidos como peligrosos o perturbadores, y mantener el status quo del orden social básicamente mediante el derecho penal y sancionador.

Lo irónicamente trágico de este tipo de artilugios legislativos es que es previsible que los poderes se acaben vanagloriando del aumento de la eficacia policial, representada siempre en términos cuantitativos –ya sea en multas, inicios de tratamiento o número de detenidos. Es un pez que se muerde la cola, y es que el pez nada en un acuario prohibicionista, lejos de mar abierto, donde hay espacio para todos. Un ejemplo más de cómo la guerra global contra las drogas tiene implicaciones directas en las políticas locales nacionales o locales de drogas.

Señores gobernantes, por favor, recapaciten. Su misión como gobernantes no es castigar al ciudadano para así protegerle de sí mismo, si no precisamente protegerle de potenciales abusos externos. Ni, desde luego, castigar a los ciudadanos por algo que han hecho ustedes.

Enlace: http://15m-politicasdedrogas.pangea.org/?p=194

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