diumenge, 5 d’agost de 2012

Los Usuarios piden que su Regulación sea parecida a la del Alcohol y el Tabaco.


Las sanciones por consumo de marihuana son frecuentes en Cantabria, y suponen a veces cuantiosas multas. El cultivo personal es la alternativa para no recurrir al mercado de la droga, pero la indefinición de la ley provoca inseguridad jurídica a quienes deciden practicarlo. Las medidas represivas mantienen vivo un mercado clandestino, pero no parecen servir para reducir el consumo.
 
Tres personas fueron detenidas el mes pasado en Santander, acusadas de montar una plantación de marihuana en un garaje situado en la Bajada de Polio. Los detenidos tenían allí 51 plantas y los útiles necesarios para su cultivo. Se declararon corresponsables de la plantación, y en su descargo alegaron que la cosecha no estaba destinada a la venta sino a su propio consumo.

Penalización del cultivo

Las detenciones por cultivo de marihuana, por lo general con incautación de menor número de plantas que en el caso anterior, no son infrecuentes en Cantabria. Las denuncias se producen por vulneración del Art. 368 del Código Penal. Este artículo tipifica como delito el cultivo, pero sólo cuando la producción está destinada a la venta. Cuando la producción tiene como destino el consumo propio no se lesiona el bien jurídico que la ley pretende proteger, la salud pública, por lo que no es punible. De ahí que en la mayoría de los casos los acusados acaben absueltos. Para que el proceso se resuelva con una condena, el juez deberá considerar probado que el propósito del cultivador es poner en venta la producción. 

Para ello tendrá en cuenta diversos elementos: si el acusado es consumidor habitual, si el número de plantas excede lo que esa persona puede consumir, la presencia de balanzas de precisión o envases herméticos para su distribución, el tren de vida y nivel de ingresos del acusado, etc. En cuanto a la cantidad incautada, no existe en la actualidad un número de plantas establecido como no punible, lo que coloca a los cultivadores en una situación de inseguridad jurídica. Ese límite sí está fijado, sin embargo, en el caso del tabaco, permitiéndose el cultivo de 25 plantas por persona y año.

Cultivo doméstico

El cultivo doméstico puede verse frustrado por la intervención policial, pero es la alternativa que tienen los consumidores para no alimentar el negocio del tráfico y evitar consumir productos adulterados. Muchos optan por hacerlo así, como lo muestra el aumento de comercios dedicados a la venta de semillas e instrumentos para su cultivo.

Han aparecido también asociaciones que la cultivan colectiva y públicamente y la reparten entre sus socios, a menor precio del que puede conseguirse en la calle. En Cantabria no existe a día de hoy ninguna asociación de este tipo. La más próxima es Pannagh (cannabis, en sánscrito), con sede en Bilbao. Entre sus socios se cuenta gente que utiliza la marihuana con fines recreativos y enfermos de cáncer, esclerosis múltiple, fibromialgia u otras dolencias, que la emplean para paliar los efectos secundarios de la quimioterapia y aliviar los síntomas de las enfermedades. La actividad de estas asociaciones no tiene relevancia penal mientras no haya ánimo de lucro y no promuevan el consumo, pero permanecen expuestas a incautaciones y denuncias.

Sanciones administrativas

Pero los problemas más frecuentes de los consumidores con la justicia se refieren a vulneraciones de la Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (LPSC), que en su art. 25 castiga el consumo en lugares públicos, así como la tenencia ilícita, aunque no estuviera destinada al tráfico (en cuyo caso constituiría infracción penal). La policía puede abrir expediente sancionador por fumar marihuana en la vía pública, o al encontrar una pequeña cantidad tras un cacheo o un registro en el vehículo cuando se circula por carretera. Este tipo de casos constituyen meras infracciones administrativas –no estamos ante un procedimiento penal– por lo que no habrá fichas policiales, ni riesgo de acabar en prisión o de contar con antecedentes penales. Pero la cuantía de la multa suele ser elevada. Juan Carlos Pavón, de la asociación Mano Verde, comenta que no suelen bajar de los 300 euros, por cantidades irrisorias de cannabis (un gramo o menos). Por 30 gramos la multa puede ascender a los 1200 euros.
Cuando la multa es recurrida, si se apuran los plazos, presentando las alegaciones y recogiendo las cartas certificadas el último día, en ocasiones puede darse su prescripción. También se han ganado casos por defectos formales como falta de analítica de la sustancia o de ratificación de la denuncia. No obstante, la mayor parte de las multas suelen pagarse, si bien queda la opción, cuando la cuantía es elevada, de someterse a un "tratamiento de deshabituación", lo que servirá para levantar la sanción. La persona sancionada puede solicitar un listado de Unidades de Conductas Adictivas (UCA) y acudir a la que desee para recibir el tratamiento. Éste suele consistir en charlas con el psicólogo y análisis de orina mensuales, lo que se suele prolongar por espacio de seis meses o un año. 


Respuestas políticas

Los partidarios de las medidas represivas vigentes alegan que su supresión implicaría un aumento del consumo y un deterioro de la salud pública. Sin embargo, no es eso lo que indican los datos del Eurobarómetro.

Como es sabido, Holanda es el país europeo más permisivo: la marihuana es fácilmente accesible y se tolera incluso la venta minorista. El Eurobarómetro señala, además, que la percepción de la población de los riesgos de la marihuana es mucho menor que en España. Sin embargo, los datos referidos al consumo colocan a los principales países europeos –entre ellos, España– por delante de Holanda, tanto en lo que se refiere a la cantidad como a la edad de inicio.

Los grupos antiprohibicionistas piden que el cultivo personal o colectivo sea libre, fijándose un número máximo de plantas, como en el caso del tabaco; que se autorice la venta en establecimientos específicos, prohibiéndose únicamente la venta a menores; y que las limitaciones al consumo en lugares públicos se equiparen a las del tabaco. Piden asimismo campañas educativas y preventivas que proporcionen al público una información completa y veraz.

Como cualquier sustancia psicoactiva o cualquier medicamento, la marihuana no está exenta de riesgos ni de contraindicaciones, pero exagerar los peligros y perseguir a los consumidores en nada parece contribuir a proteger la salud pública.

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