Declaración de Bellaterra

Hace cincuenta años de la que se declaró la "guerra contra las drogas"
y los intereses que decía defender aquella declaración no han sido
cumplidos. Es más, las políticas de drogas centradas en la prohibición,
represión y criminalización del usuario; han multiplicado los problemas relacionados con el consumo, no han reducido las consecuencias indeseables asociadas al uso, y han creado nuevos graves problemas inexistentes antes de que la guerra se iniciara: corrupción política, policial y judicial, comercio en manos del crimen organizado, muertos por el dominio de su control, deforestación y contaminación ambiental por la falta de control
los procesos de producción, y muertes evitables por el consumo de adulterados
o por el desconocimiento de la pureza, entre muchos otros.

En cuanto al cannabis, a día de hoy y sólo en España
 un 27,3% de la población de entre 15 y 64 años ha probado el cannabis alguna vez a la vida, un 10,1% lo ha consumido en el último año, el 7,2% en el último mes, y el 2% lo hace diariamente. Más de 3 millones de españoles usan cannabis al menos una vez al mes y más de 633.000 lo hacen diariamente.

Esta realidad no conlleva necesariamente un problema de salud
pública, ya que no existen evidencias de que estas personas
usuarias hagan más uso de los servicios públicos de salud que el resto de la
población. Además, la gran mayoría hace un uso no problemático. Incluso
en población adolescente, no llega al 1% de consumidores lo que hace un
consumo abusivo, según el Plan Nacional Sobre Drogas.


 Sin embargo, estos datos muestran como el consumo de cannabis es una
realidad normalizada en nuestra sociedad mientras que, por otro lado, las
políticas actuales en relación al cannabis siguen arraigadas en inercias
anacrónicas. Y estas provocan en los usuarios estigmatización, discriminación, penalización y la violación de los derechos de personas adultas a decidir por sí mismas.

Como las políticas de drogas no se han ajustado a la realidad social, la
sociedad civil nos hemos organizado para dar respuesta a una situación que
consideramos ilegítima y promover la construcción de una alternativa.

Las asociaciones y clubes de cannabis somos:

Una alternativa al mercado negro ya la economía sumergida que
fortalece la cohesión social, la economía pública, dificulta la
corrupción y debilita organizaciones mafiosas.

Un modelo que contribuye a que los recursos públicos no se
derrochen en el sistema policial, judicial y penitenciario cuando no
son necesarios y se puedan invertir en prevención, educación y
investigación.

Una realidad bastante extendida y, al mismo tiempo y paradójicamente, muy sometida a presión policial e inseguridad jurídica, aunque los tribunales
rechazan reiteradamente pretensiones condenatorias de la fiscalía,
admitiendo que su actividad no cepa el límite de la ley.

Unos espacios de socialización donde la salud y el bienestar de las
miembros son elemento vertebradores.

Una propuesta que minimiza los daños sociales ya la salud, y
maximiza la seguridad individual y colectiva

Una respuesta meditada y constructiva a una necesidad que
la administración pública todavía no ha afrontado con valentía.

Las entidades firmantes de la Declaración de Bellaterra ni delincuente, ni
trafican. Nos ajustamos estrictamente a los límites que traza el código penal
como consumo no ilícito. Y, por tanto, exigimos que cese la vulneración de los
nuestros derechos.

Las entidades firmantes de la Declaración de Bellaterra demandamos una
regulación de nuestra actividad y mostramos nuestra disposición a la
colaborar activamente en este proceso.  

También hacemos un llamamiento a todas las organizaciones y personas que quieran formar parte de esta transición a trabajar conjuntamente para dar un salto cualitativo en el marco de las políticas de drogas. En nuestro ánimo es conseguir una mejora social que priorice el respeto, la autonomía, y no las actitudes represivas y punitivas con unos altos costes sociales y como económicos.






Foro de Asociaciones y Clubes de Cannabis de Cataluña
22 de septiembre 2012

PROMOVIDO por:
Politicasdedrogas