dimarts, 12 d’agost de 2014

La FAC rechaza la propuesta de ley de seguridad ciudadana




La Federación de Asociaciones de Personas Usuarias de Cannabis rechaza la nueva propuesta de Ley de Seguridad Ciudadana por ahondar en la criminalización de quienes consumimos cannabis.


Para la FAC, la nueva ley es además un instrumento de contención en el ejercicio de las libertades.


Advierten que esta ley favorecerá a los traficantes.
 
La Federación de Asociaciones de Personas Usuarias de Cannabis (FAC), principal entidad representativa del sector, lleva más de una década reclamando sin éxito al parlamento español la derogación de los artículos de la Ley de Seguridad Ciudadana que castigan la tenencia y consumo de drogas ilícitas. El anteproyecto de reforma de dicha ley que presentó el gobierno del PP hace unos meses provocó la  justa indignación de diversos sectores sociales, políticos y jurídicos a causa de los recortes previstos en toda una serie de libertades ciudadanas. Sin embargo, una vez más, la sistemática vulneración de derechos que sufrimos las personas usuarias de cannabis casi no fue objeto de comentario o crítica.

Meses después comprobamos que, como nos temíamos, la nueva ley va a suponer otra vuelta de tuerca en la criminalización de las personas usuarias de drogas ilícitas, especialmente de cannabis, sustancia que actualmente concentra el 90% de las sanciones. Además del consumo o tenencia en lugares públicos, se incluyen entre las infracciones graves los actos de “cultivo ilícito” de plantas psicoactivas en lugares visibles al público que no constituyan delito, además del traslado en vehículo de personas para que tengan acceso a drogas.

Con la nueva ley, aquella persona usuaria de cannabis que decida dar la espalda al mercado negro y autoabastecerse poniendo unas plantas en su huerta o en su balcón, algo cada día más común, podrá sufrir incautación y multa de hasta 30.000 euros. Previsiblemente, la amenaza de sufrir una sanción de miles de euros por cultivar marihuana para el propio uso va a empujar a muchas de esas personas de vuelta al circuito ilícito callejero, lo que supondrá un aumento del tráfico de cannabis y un deterioro de la seguridad ciudadana, precisamente lo contrario de lo que la nueva ley dice buscar.
La FAC también quiere denunciar la nueva sanción prevista por “el traslado de personas, con cualquier tipo de vehículo, con el objeto de facilitar a éstas el acceso a drogas”, dado que la ambigüedad de su redacción da pie a interpretaciones arbitrarias y abusivas, a las que por desgracia ya estamos acostumbrados desde que se aprobó la ley original en 1992.

Cada año, se sanciona a casi 400.000 personas por consumo o tenencia de drogas en lugares públicos, alrededor del 90% de ellas por cannabis. Al sancionar nuevas conductas, lo lógico es que ese número aumente. No se entiende que un fenómeno social de estas dimensiones, ante el que la sociedad muestra cada día una tolerancia mayor, y que está en proceso de  regulación en varios parlamentos autonómicos, se aborde a base de sanciones masivas. Nos encontramos ante un impuesto punitivo que no genera derecho alguno. Además, el gobierno  español se niega a aceptar que somos un sector social con derecho a ser escuchado, vetando incluso nuestra comparecencia en el Congreso, repetidamente solicitada por los grupos de la oposición.

La FAC denuncia que la legislación actual es totalmente incongruente. En la ley se habla de consumo, tenencia o cultivo “ilícitos”, pero ni en esta ley ni en ninguna otra se nos aclara cuándo y cómo pueden ser lícitos, de forma que las personas usuarias de cannabis y las entidades que las representan viven en la más absoluta inseguridad jurídica.

En este sentido, la FAC reclama una legislación coherente e integral para el cannabis, basada en la promoción de la salud pública y la reducción de riesgos, donde se regulen con claridad tanto el cultivo, como la tenencia y el consumo, individual o colectivo, y recuerda que el debate internacional sobre las políticas de drogas va en la dirección contraria a lo que pretende el gobierno de Rajoy.
Creemos que en el estado español existe hace tiempo una mayoría social favorable a la regulación del cannabis, que se va reflejando progresivamente en los discursos e iniciativas de cada vez más grupos políticos. Por eso, puesto que para la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana al PP no le basta con la mayoría absoluta y necesita el apoyo de otros grupos, hacemos un llamamiento a todos ellos, y especialmente al PSOE, para que se opongan a esta clara involución.


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