La Federación de Asociaciones de Personas Usuarias de
Cannabis rechaza la nueva propuesta de Ley de Seguridad Ciudadana por ahondar
en la criminalización de quienes consumimos cannabis.
Para la FAC, la nueva ley es además un instrumento de
contención en el ejercicio de las libertades.
Advierten que esta ley favorecerá a los traficantes.
La Federación de Asociaciones de Personas Usuarias de
Cannabis (FAC), principal entidad representativa del sector, lleva más de una
década reclamando sin éxito al parlamento español la derogación de los
artículos de la Ley de Seguridad Ciudadana que castigan la tenencia y consumo
de drogas ilícitas. El anteproyecto de reforma de dicha ley que presentó el
gobierno del PP hace unos meses provocó la
justa indignación de diversos sectores sociales, políticos y jurídicos a
causa de los recortes previstos en toda una serie de libertades ciudadanas. Sin
embargo, una vez más, la sistemática vulneración de derechos que sufrimos las
personas usuarias de cannabis casi no fue objeto de comentario o crítica.
Meses después comprobamos que, como nos temíamos, la nueva
ley va a suponer otra vuelta de tuerca en la criminalización de las personas
usuarias de drogas ilícitas, especialmente de cannabis, sustancia que
actualmente concentra el 90% de las sanciones. Además del consumo o tenencia en
lugares públicos, se incluyen entre las infracciones graves los actos de
“cultivo ilícito” de plantas psicoactivas en lugares visibles al público que no
constituyan delito, además del traslado en vehículo de personas para que tengan
acceso a drogas.
Con la nueva ley, aquella persona usuaria de cannabis que
decida dar la espalda al mercado negro y autoabastecerse poniendo unas plantas
en su huerta o en su balcón, algo cada día más común, podrá sufrir incautación
y multa de hasta 30.000 euros. Previsiblemente, la amenaza de sufrir una
sanción de miles de euros por cultivar marihuana para el propio uso va a
empujar a muchas de esas personas de vuelta al circuito ilícito callejero, lo
que supondrá un aumento del tráfico de cannabis y un deterioro de la seguridad
ciudadana, precisamente lo contrario de lo que la nueva ley dice buscar.
La FAC también quiere denunciar la nueva sanción prevista
por “el traslado de personas, con cualquier tipo de vehículo, con el objeto de
facilitar a éstas el acceso a drogas”, dado que la ambigüedad de su redacción
da pie a interpretaciones arbitrarias y abusivas, a las que por desgracia ya
estamos acostumbrados desde que se aprobó la ley original en 1992.
Cada año, se sanciona a casi 400.000 personas por consumo o
tenencia de drogas en lugares públicos, alrededor del 90% de ellas por
cannabis. Al sancionar nuevas conductas, lo lógico es que ese número aumente.
No se entiende que un fenómeno social de estas dimensiones, ante el que la
sociedad muestra cada día una tolerancia mayor, y que está en proceso de regulación en varios parlamentos autonómicos,
se aborde a base de sanciones masivas. Nos encontramos ante un impuesto
punitivo que no genera derecho alguno. Además, el gobierno español se niega a aceptar que somos un
sector social con derecho a ser escuchado, vetando incluso nuestra
comparecencia en el Congreso, repetidamente solicitada por los grupos de la
oposición.
La FAC denuncia que la legislación actual es totalmente
incongruente. En la ley se habla de consumo, tenencia o cultivo “ilícitos”,
pero ni en esta ley ni en ninguna otra se nos aclara cuándo y cómo pueden ser
lícitos, de forma que las personas usuarias de cannabis y las entidades que las
representan viven en la más absoluta inseguridad jurídica.
En este sentido, la FAC reclama una legislación coherente e
integral para el cannabis, basada en la promoción de la salud pública y la
reducción de riesgos, donde se regulen con claridad tanto el cultivo, como la
tenencia y el consumo, individual o colectivo, y recuerda que el debate
internacional sobre las políticas de drogas va en la dirección contraria a lo
que pretende el gobierno de Rajoy.
Creemos que en el estado español existe hace tiempo una
mayoría social favorable a la regulación del cannabis, que se va reflejando
progresivamente en los discursos e iniciativas de cada vez más grupos
políticos. Por eso, puesto que para la aprobación de la nueva Ley de Seguridad
Ciudadana al PP no le basta con la mayoría absoluta y necesita el apoyo de
otros grupos, hacemos un llamamiento a todos ellos, y especialmente al PSOE,
para que se opongan a esta clara involución.
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